La Fiscalía Europea investiga presunto fraude de fondos destinados al mantenimiento de la vía en Adamuz

En la línea de alta velocidad (AVE) entre Madrid y Sevilla, específicamente en las inmediaciones del kilómetro 318,7 próximo a Adamuz, Córdoba, ocurrieron hechos que ahora son objeto de una investigación a cargo de la Fiscalía Europea. Según publicó la Fiscalía Europea, se han iniciado diligencias para esclarecer un posible fraude en el uso de fondos comunitarios que debían aplicarse al mantenimiento del tramo ferroviario donde, el 18 de enero pasado, se registró un accidente con un saldo de 46 víctimas mortales.

De acuerdo con los detalles difundidos por la Fiscalía Europea este viernes, el punto de interés en la investigación está vinculado al tramo de vía donde se produjo el siniestro, lo que ha conducido a la apertura formal de una causa destinada a determinar si existió algún tipo de malversación o uso indebido de recursos europeos destinados a la conservación de la infraestructura férrea. El órgano comunitario ha señalado que el foco del caso radica en determinar el destino y la gestión de los fondos asignados a las labores de mantenimiento en la zona de Adamuz, en Córdoba, recalcando la importancia de garantizar que el dinero europeo se emplee conforme a la normativa vigente y a los fines para los cuales fue concedido.

Tal como detalló la Fiscalía Europea, la investigación se enmarca estrictamente en su competencia de perseguir y juzgar delitos que atenten contra los intereses financieros de la Unión Europea, lo cual incluye cualquier conducta susceptible de representar un fraude contra los fondos aportados por las instituciones comunitarias. La Fiscalía subrayó que, en este contexto, el resultado mortal del accidente ocurrido el 18 de enero ha elevado la relevancia de esclarecer si las cantidades asignadas para el mantenimiento del tramo tuvieron alguna relación con la falta de seguridad que desembocó en el siniestro.

La vía ferroviaria de alta velocidad objeto de la investigación constituye uno de los ejes claves para las conexiones entre Madrid y Sevilla, y el tramo investigado había sido beneficiario de fondos comunitarios específicamente dirigidos a tareas de conservación periódica y atención a posibles incidencias técnicas. La Fiscalía Europea indicó que una parte esencial de la pesquisa consiste en reconstruir los procedimientos administrativos y la ejecución material de las obras y servicios costeados mediante fondos de la Unión Europea, de modo que cualquier desviación, irregularidad o falta de cumplimiento contractual pueda ser identificada y, en su caso, llevada ante los tribunales competentes.

Además, el medio reportó que este organismo tiene entre sus atribuciones la competencia exclusiva en asuntos relacionados con delitos que perjudiquen los intereses financieros comunitarios, lo que incluye la detección, investigación y posible encausamiento judicial de aquellos responsables de irregularidades en la administración de fondos europeos. En este procedimiento concreto, la Fiscalía Europea solicitó colaboración a nivel nacional y regional para el acopio de información documental y pericial relativa al mantenimiento del tramo accidentado, así como el historial de adjudicación de contratos y la justificación de los trabajos realizados con cargo a recursos comunitarios.

El medio detalló que el accidente del 18 de enero obligó a la realización de diversas actuaciones judiciales y administrativas orientadas a determinar el motivo exacto del siniestro, aunque será la Fiscalía Europea la que centre sus indagaciones en el manejo de los fondos europeos. La importancia del caso radica, según reiteró el órgano europeo, en que cualquier irregularidad en la gestión de estos recursos podría haber incidido en el estado de la infraestructura, repercutiendo en la seguridad de los usuarios del AVE.

Asimismo, la apertura de diligencias por parte de las autoridades comunitarias se suma a la investigación técnica e interna impulsada en España a raíz del accidente, aunque la causa coordinada por la Fiscalía Europea tiene como eje central la posible responsabilidad penal derivada del empleo de fondos europeos, apartándose de las cuestiones de búsqueda de responsabilidad civil o administrativa que pudieran abordarse en otros procedimientos.

El organismo europeo recalcó, además, que entre sus objetivos se encuentra salvaguardar los fondos destinados a proyectos de conservación de infraestructuras estratégicas, como es el caso de la red ferroviaria de alta velocidad, lo que implica supervisión sobre la planificación, ejecución, control y justificación del gasto. Para ello, la Fiscalía ha requerido toda la información relativa a los expedientes de licitación, ejecución de contratos y certificaciones de obras vinculados al tramo donde se produjo el accidente, según consignó el propio organismo en el comunicado.

A partir de esta investigación, la Fiscalía Europea informó que procederá a analizar también si existieron omisiones o carencias en los mecanismos de control interno de las entidades encargadas de la gestión y supervisión del mantenimiento en la línea Madrid-Sevilla. Estas tareas incluyen la verificación de que tanto el proceso de adjudicación como la posterior certificación de trabajos se ajustaron a los parámetros establecidos en los programas de fondos europeos.

El medio subrayó que toda la información recabada se utilizará para determinar si el uso de los fondos comunitarios cumplió con los objetivos previstos o si, por el contrario, se produjo algún acto de fraude, entendido como cualquier manejo irregular, apropiación indebida o falseamiento de la ejecución administrativa que pudiera haber generado perjuicio a los intereses económicos de la Unión Europea.