El denunciante contra exalcalde de La Algaba (Sevilla) "por acoso" anuncia acciones penales tras el archivo de la causa

Según declaraciones hechas por Manuel Carbonell, responsable de la Escuela Municipal Taurina de La Algaba, no se ha valorado debidamente la existencia de pruebas materiales esenciales relativas a la denuncia interpuesta contra el exalcalde Diego Manuel Agüera. En un comunicado dirigido a Europa Press, Carbonell manifestó su decisión de emprender acciones legales tras conocer el cierre judicial del caso por presunto acoso a un menor, y afirmó que la resolución responde a un “archivo técnico por falta de prueba pericial”, lo que, a su juicio, no exime de responsabilidad ni certifica inocencia alguna.

De acuerdo con Europa Press, Carbonell había presentado una denuncia formal en la Fiscalía donde señalaba a Agüera por acoso hacia un alumno menor del centro educativo taurino. La semana anterior, un juzgado de La Algaba decretó el sobreseimiento provisional del caso al estimar que no existía justificación suficiente que acreditara la comisión del delito investigado. Esta resolución coincidió con la información de que Carbonell también ha sufrido “difamación continuada” y se dispone a presentar una nueva denuncia penal, esta vez por “acoso continuado y hostigamiento”.

El comunicado emitido por Carbonell agrega que, aunque acata la decisión judicial, no ha tenido oportunidad de comparecer ante el juez para ratificar el material probatorio presentado, y remarca que el archivo se debió a “déficit de carga probatoria penal”. Europa Press consigna que Carbonell insiste en la existencia material de los mensajes en los teléfonos móviles, subrayando que la inexistencia de sentencia no elimina los hechos ni ampara supuestos actos de difamación a su persona.

En el mismo documento remitido a Europa Press, Carbonell expone que también ha sido acusado en medios de comunicación en relación con un presunto robo de sillas en la Plaza de Toros, suceso que terminó con el cierre de la escuela taurina. Asegura que esta acusación pública se utilizó para “denigrar” su entorno profesional y que, en torno a ella, detectó una “campaña de desinformación”. Según su versión, todo responde a estrategias destinadas a desacreditarlo y generar una “cortina de humo” basada en hechos que califica como “absolutamente falsos”, ya que, al día de hoy, no hay ninguna denuncia policial ni judicial relativa a tal robo.

En palabras de Carbonell, recogidas por Europa Press, el cierre de la escuela y la controversia laboral surgieron cuando se supo que él disponía de capturas de pantalla enviadas por el menor afectado, material que habría puesto en conocimiento de la Fiscalía y que, según afirma, también fue objeto de denuncia por parte de los padres del menor. Además, Carbonell plantea en el comunicado una pregunta respecto a la credibilidad de los padres de la supuesta víctima, cuestionando si se insinúa que ellos también estarían mintiendo acerca de los mensajes recibidos en el teléfono de su hijo.

El responsable de la escuela taurina sostiene, según publicó Europa Press, que la supuesta intención política esgrimida por la defensa de Agüera no encaja con la naturaleza de su denuncia. Argumenta que no existe trasfondo de venganza laboral y que la acusación está fundada en hechos concretos y documentos aportados.

El archivo de la causa contra Agüera fue confirmado judicialmente, según recogió Europa Press, apuntando que el juzgado no halló las pruebas suficientes para mantener abierta la investigación. El exalcalde había renunciado a su cargo el pasado 23 de febrero después de la denuncia presentada por un trabajador municipal que acusaba de acoso a un menor. En declaraciones previas, Agüera señaló públicamente que su dimisión tenía como propósito centrarse en su defensa e indicó que el denunciante “malignamente interpretó una conversación”.

A lo largo de la controversia, según detalló Europa Press, las posiciones enfrentadas han mantenido visible el caso en el ámbito local y regional, y la ofensiva judicial anunciada por Carbonell abre un nuevo capítulo en el conflicto, basado en la defensa de supuestos derechos vulnerados y la existencia de pruebas materiales aún no consideradas en sede judicial.