El Senado examinará mañana la ley de multirreincidencia de Junts antes de devolverla al Congreso con algunos cambios

Entre las medidas recientemente introducidas destaca una propuesta para fortalecer los requisitos de control en la concesión de permisos de residencia a extranjeros, afectando tanto a solicitantes con antecedentes policiales en España como en otros países. Según publicó la agencia Europa Press, esta modificación, impulsada principalmente por el Partido Popular (PP), complica la obtención de permisos para quienes hayan sido condenados por delitos existentes en la jurisdicción española, lo que obliga a revisar la iniciativa de ley en el Congreso antes de su aprobación definitiva.

El Senado tiene previsto votar la reforma penal promovida por Junts, que endurece las sanciones contra la multirreincidencia delictiva y que ha incorporado diversas enmiendas de los principales partidos. Tal como detalló Europa Press, la normativa continuará su trámite, ya que la inclusión de nuevas modificaciones legislativas requiere una nueva revisión en el Congreso de los Diputados. PP, Vox y PSOE presentaron sugerencias durante el proceso, centrando el debate en temas como la regularización de migrantes y la lucha contra ciertos delitos asociados con la multirreincidencia.

Las enmiendas del PP, según amplió Europa Press, modifican la Ley Orgánica 4/2000 de Extranjería, incorporando un artículo que exige que todos los solicitantes de residencia no tengan antecedentes penales ni estén inmersos en procesos por delitos reconocidos en el Código Penal español, tanto en España como en países anteriores de residencia. Esta disposición se justifica en la necesidad, indicada por el PP, de que las autorizaciones de residencia estén exentas de impunidad y fortalezcan la seguridad. Adicionalmente, la normativa propone que se rechace la solicitud de residencia a quienes hayan sido condenados de forma reiterada y que la administración recabe informes policiales para evaluar riesgos para el orden público.

Otra de las modificaciones relevantes establece que los procedimientos sancionadores con propuestas de expulsión o retorno de extranjeros no se suspenderán por la presentación de solicitudes de estancia, según figuró en el informe de Europa Press. Esta medida busca impedir el uso estratégico de solicitudes para demorar o evitar la expulsión de quienes incurren en conductas sancionables bajo la ley de extranjería.

Por su parte, Vox defendió una enmienda para que, en el plazo de seis meses desde la entrada en vigor de la ley, el Gobierno suscriba acuerdos bilaterales y multilaterales para que la expulsión de delincuentes reincidentes implique el cumplimiento de las penas en las jurisdicciones de origen. Aunque esta propuesta de Vox fue rechazada inicialmente en la Comisión de Justicia del Senado, volverá a debatirse en el pleno, como apuntó Europa Press.

Durante la discusión, Coalición Canaria presentó una enmienda para otorgar más competencias al Cuerpo de Policía Canaria, pero la Mesa del Senado archivó esta iniciativa, según el registro informativo de Europa Press. El rechazo vino acompañado de una estrategia para concentrar la reforma penal en los aspectos relacionados directamente con multirreincidencia, migración y seguridad interior.

Otra de las modificaciones relevantes incluidas durante la tramitación de la ley se refiere al fenómeno del “petaqueo”, vinculado al apoyo logístico a las narcolanchas. Según informó Europa Press, PP, PNV y Junts consensuaron una enmienda que fija penas de prisión de uno a cinco años a quienes colaboren, de manera temeraria, con el suministro, almacenamiento, tenencia, transporte o adquisición de combustibles líquidos fuera de la normativa vigente, con el fin de frenar el suministro ilegal a estructuras delictivas.

El PP también propuso, tal como anunció Europa Press, medidas para reforzar las plantillas de fiscales involucrados en la persecución de la multirreincidencia, y los socialistas introdujeron un matiz para endurecer las penas en los delitos de fraude eléctrico vinculados al cultivo de marihuana en interiores. La reforma planteada por el PSOE prevé la creación de un subtipo agravado en la defraudación de fluido eléctrico cuando dicha acción esté asociada a actividades de producción ilícita de marihuana, debido al frecuente uso ilegal del suministro eléctrico.

De acuerdo con Europa Press, la votación en el pleno del Senado de estos cambios y las enmiendas pendientes determinará la versión definitiva que retornará al Congreso para su aprobación final. Si el Congreso confirma los cambios introducidos en la Cámara Alta, la ley quedará lista para su entrada en vigor, sumando un refuerzo adicional en la persecución de la multirreincidencia, la regulación migratoria y los delitos que afectan a la seguridad pública.