Un perjudicado en el 'caso ataúdes': "Yo sólo quería ver la incineración de mi mujer pero me echaron a empujones"

Familiares relatan ante la Audiencia experiencias traumáticas durante las cremaciones en el tanatorio El Salvador, denunciando la imposibilidad de acompañar a sus seres queridos y señalando sospechas de irregularidades con los féretros, según declaran varios afectados ante el tribunal

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El Día de Reyes de 2001, José María R.C. recogió la urna con las cenizas de su esposa y percibió que aún mantenía el calor, a pesar de que la cremación se habría realizado la jornada anterior. Este hecho se suma a sus sospechas sobre irregularidades en el proceso funerario y al dolor de no haber podido despedirse de su mujer como deseaba, tema central del juicio denominado 'caso ataúdes' que se sigue en la Audiencia de Valladolid, según informó Europa Press.

A lo largo de la última sesión del juicio, ocho familiares de personas fallecidas contaron ante el tribunal experiencias marcadas por la imposibilidad de presenciar la incineración de sus seres queridos y la sospecha de que los féretros utilizados no correspondían a los que eligieron ni a los que costearon. Las declaraciones, recogidas por Europa Press, situaron como elemento común la intervención del tanatorio El Salvador y el traslado de los restos al cementerio de Santovenia entre 1999 y 2022. Los declarantes señalaron que, en cada caso, los empleados corrieron las cortinas antes de la cremación, acción que según su percepción facilitó la comisión de las supuestas irregularidades.

Uno de los testimonios más destacados fue el de José María R.C., quien relató ante la sala el sufrimiento añadido que le generó ser retirado del crematorio. Explicó que deseaba presenciar la incineración de su esposa, fallecida tras una larga enfermedad terminal, pero al intentar permanecer en la sala fue retirado por empleados del tanatorio. “Yo sólo quería ver la incineración de mi mujer pero me echaron de allí a empujones”, manifestó. Agregó que la experiencia resultó altamente traumática y evita rememorarla por el impacto emocional que le sigue causando. Además, describió cómo la inesperada temperatura de la urna las horas posteriores avivó su malestar, ya que, según él, no correspondía a un proceso realizado el día anterior.

María de los Ángeles A. expuso ante los jueces situaciones similares relacionadas con el fallecimiento de su padre en 1999 y de su madre en 2012, ambos gestionados por el grupo funerario El Salvador. Relató que en ningún momento se permitió a la familia asistir a la cremación, pues los empleados del tanatorio cerraron las cortinas al inicio del proceso. “Al conocer los hechos sentimos que nos habían robado la dignidad. Que hagan eso con los muertos y que existan fotos. Es terrible”, afirmó en su testimonio ante el tribunal, según publicó Europa Press.

Otro de los perjudicados, Carlos V., relató que supo de la posible estafa después de despedir a su padre en enero del año 2000 a través de la información publicada en medios de comunicación. Su vivencia se sumó a las de otros afectados que han ido conociendo detalles de la presunta manipulación de ataúdes a raíz de la investigación judicial y mediática sobre el caso, detalló Europa Press.

En el caso de María Soledad C., los restos de su madre fueron gestionados por El Salvador en 2000 y los de su padre en 2012. En su declaración aportó que tras la muerte de su padre —y a pesar de que se le aseguró que la incineración se realizaría en el tanatorio El Salvador— luego comprobó que en aquella época no se encontraba operativo ningún horno crematorio allí, hecho que la llevó a pensar que el proceso tuvo que efectuarse en el cementerio de Santovenia. María Soledad C. expresó su consternación por el engaño y aseguró que, tras el estallido del escándalo, fue llamada por el juzgado como posible afectada y llegó a identificar imágenes de su padre, lo que contribuyó al aumento de su dolor.

Europa Press reportó que otros familiares como Carmen del V., José L.L., Ana Isabel N. y María Henar S. reiteraron patrones similares en sus relatos. María Henar S., cuya intervención se produjo tras el fallecimiento de su progenitor en 2003 por un cáncer de estómago, reconoció que no pensó en sumarse al proceso judicial hasta que la Policía Nacional la contactó porque su caso figuraba como evidente. Relató, además, que el dolor por la muerte de su padre se vio agravado por la constatación a través de fotografías de la supuesta falta de respeto a los cuerpos en el tanatorio investigado. “Ni siquiera respetaron, aun ya fallecido, la dignidad de mi padre”, declaró al tribunal. Estas imágenes, según explicó al tribunal, mostraban a su padre “tirado en el suelo y en una postura imposible para un cuerpo humano”.

El proceso judicial, conocido también como 'Operación Ignis', continúa su desarrollo en la Audiencia de Valladolid. Europa Press consignó que el Ministerio Público dirige su acusación contra veintitrés personas físicas, incluidas la viuda y tres hijos del fundador del grupo funerario El Salvador, quienes ocupan el banquillo de los acusados y afrontan cargos por organización criminal, estafa continuada, apropiación indebida, delitos contra el respeto a los difuntos, blanqueo de capitales y falsedad documental. Además, las empresas Agencia Funeraria Castellana S.A. y Parque El Salvador S.L. figuran como responsables civiles subsidiarios, de acuerdo con los hechos expuestos en el tribunal.

Durante la jornada, los afectados que prestaron declaración manifestaron que en ningún momento pensaron que se producirían conductas lesivas para la memoria y dignidad de sus seres queridos. Varios testigos transmitieron la sensación de haber creído plenamente las indicaciones que les brindó el personal funerario en unos momentos marcados por la vulnerabilidad y el dolor. No sospecharon que, detrás de la imposibilidad de presenciar la cremación por la intervención de cortinas o de otras acciones, habría actuaciones presuntamente fraudulentas relacionadas con el cambiazo de ataúdes.

La instrucción del caso, tal como reportó Europa Press, se sustenta en testimonios, imágenes y documentación recopilada por las autoridades, que analizan posibles irregularidades cometidas durante más de dos décadas por el grupo funerario investigado. Para los familiares, el proceso judicial representa la opción de buscar respuestas y responsabilidades tras años de incertidumbre y sospechas acerca de la verdadera gestión de los restos mortales de sus familiares. El juicio continuará con el testimonio de más personas afectadas en las próximas sesiones.