Garmendia afirma que el Ejecutivo vasco y central lograrán "un acuerdo" sobre aeropuertos en el que ya "se avanza"

La constitución de un órgano bilateral, en el que el Gobierno vasco tendrá capacidad para expresar prioridades y propuestas sobre la gestión de los aeropuertos, representa un avance dentro de las negociaciones entre Ejecutivo central y autonómico. Según informó Europa Press, la delegada del Gobierno en el País Vasco, Marisol Garmendia, se mostró convencida de que ambas administraciones alcanzarán un acuerdo en materia de gestión aeroportuaria, confirmando que las conversaciones avanzan y que la creación de dicho órgano bilateral ya está en marcha. De acuerdo con sus declaraciones, este posible pacto supondrá beneficios tanto económicos como en términos de conectividad para la comunidad autónoma, aunque reconoció que ninguno de los actores logrará toda la satisfacción de sus demandas.

Garmendia, en entrevista emitida por Radio Euskadi y recogida por Europa Press, indicó que el proceso de transferencias entre el Gobierno de España y el Gobierno Vasco ha avanzado de manera considerable, formalizándose un total de 23 competencias, diez de ellas bajo la presidencia de Imanol Pradales. Destacó que los equipos negociadores mantienen un trabajo intenso y que los acuerdos llegan cuando se defiende el interés general y se respetan el marco constitucional y el Estatuto de Autonomía. Según publicó Europa Press, la delegada explicó que "cuando se defiende el interés general y no el particular o partidista, se llega a acuerdos".

Dentro del contexto de infraestructuras estratégicas, la situación del puerto de Pasaia suscita un debate específico. El Gobierno vasco aspira a asumir la titularidad de este puerto, para lo cual propuso la desclasificación de su carácter de interés general. La delegada del Gobierno en el País Vasco rechazó esta desclasificación, advirtiendo que supondría una disminución de la importancia de la infraestructura y pondría en peligro los 400 empleos directos y muchos más de carácter indirecto asociados a la actividad del puerto. Consideró fundamental mantener la protección y las inversiones estatales en este enclave, sobre todo por su singularidad geográfica y las necesidades de estabilidad y certeza para asegurar nuevos proyectos.

En el entorno político de las negociaciones, Garmendia detalló que el Partido Socialista de Euskadi-Euskadiko Ezkerra participa de manera activa y determinante. Señaló la implicación directa tanto del secretario general Eneko Andueza como del vicelehendakari segundo, Mikel Torres, en la interlocución con el Ejecutivo central, según consignó el medio Europa Press.

Respecto al proyecto de alta velocidad ferroviaria, la delegada coincidió con la previsión realizada por el ministro Óscar Puente sobre la conclusión de la llamada Y vasca dentro de un plazo de tres o cuatro años. Consideró que el Gobierno de España ha seguido su hoja de ruta, remarcando que los avances se enfrentaron a obstáculos atribuidos, según expresó, a la oposición de alcaldes vinculados a EH Bildu. Sobre la conexión con Navarra, explicó que será necesario esperar los informes técnicos que definirán la decisión final, aunque resaltó que las obras hasta Alsasua ya presentan tramos finalizados, y subrayó la importancia de los avances en la conexión con Madrid.

La situación internacional generó otra área de discusión tras la solicitud del Lehendakari para convocar la Conferencia de presidentes y abordar las implicaciones del conflicto en Irán. Garmendia explicó que los procesos electorales autonómicos suelen retrasar este tipo de reuniones multilaterales y que, por el momento, el presidente Pedro Sánchez ha descartado su convocatoria. Pese a ello, subrayó que existen canales de diálogo bilateral tanto con el Gobierno vasco como con otras formaciones políticas, agentes sociales y económicos, según reportó Europa Press.

De cara a los efectos del conflicto en Irán y la volatilidad del precio del petróleo, Garmendia mencionó que el gobierno español elabora un paquete de medidas que incluirá incentivos fiscales diseñados para minimizar el impacto del alza en el costo de combustibles, especialmente entre sectores como el agrícola y el transporte por carretera. Señaló que la preocupación actual no radica tanto en el suministro como en la subida de los precios, y que las medidas también buscan atenuar el efecto sobre los hogares y las empresas, recordando respuestas previas aprendidas de la guerra de Ucrania.

El Ejecutivo, según sus palabras difundidas por Europa Press, prevé además la reactivación del denominado escudo social, política orientada a amortiguar las consecuencias sociales de posibles crisis y que fue rechazada recientemente por fuerzas políticas de derecha y ultraderecha, mientras que esas mismas fuerzas ahora reclaman celeridad en la adopción de medidas. Garmendia reiteró que el Gobierno escucha a sindicatos, empresarios y responsables políticos, orientando sus decisiones hacia la protección del interés general y la amplitud del diálogo frente a adversidades económicas derivadas del contexto internacional.