
La aclaración pública sobre el uso de un término incorrecto en declaraciones políticas provocó la presentación de una demanda de conciliación previa por parte de José Ignacio Landaluce, alcalde de Algeciras, en contra de la vicepresidenta primera del Gobierno, María Jesús Montero. Según reportó Europa Press, Landaluce inició este procedimiento legal como paso previo a una posible querella por supuestos delitos de injurias y calumnias relacionados con lo dicho por Montero en un acto del PSOE.
De acuerdo con Europa Press, Montero, que también es ministra de Hacienda y secretaria general del PSOE en Andalucía, corrigió lo expresado en torno a la situación judicial de Landaluce tras ser abordada por los medios en Algeciras, luego de una reunión con representantes de la Cámara de Comercio del Campo de Gibraltar. La dirigente socialista explicó que, durante una comisión interparlamentaria de su partido, mencionó que Landaluce estaba “condenado” por violencia de género, cuando debió decir que estaba “denunciado”. Montero atribuyó la confusión al ambiente emocional de la actividad política en la que participaba, asegurando que la corrección se realizó inmediatamente después. Expresó también su disposición para rectificar de manera pública y formal en el próximo encuentro del mismo órgano partidario, indicando: “Por supuesto que diré que, en vez de condenado, en ese momento estaba denunciado”.
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Europa Press detalló que la vicepresidenta primera afirmó no tener inconveniente en reconocer el error y que está dispuesta a explicarlo en el foro correspondiente. Montero subrayó su disposición a rectificar ante el mismo comité interparlamentario en el que realizó las declaraciones: “No tengo ningún problema en aclararlo”, afirmó, prometiendo hacerlo expresamente en la próxima reunión. La dirigente socialista recalcó que la equivocación no modifica su valoración sobre la permanencia de Landaluce al frente del Ayuntamiento algecireño.
La secretaria general del PSOE andaluz opinó, según publicó Europa Press, que resulta “insostenible” que Landaluce continúe al frente del municipio, dado que, remarcó, el PP lo ha suspendido de militancia a raíz de las denuncias contra él. Montero afirmó que no solo se trata de una cuestión judicial, sino que también corresponde a un comportamiento que su propio partido ha sancionado. Añadió que Landaluce permanece en la alcaldía pese a acusaciones de gravedad suficiente para que el PP adoptara la suspensión. En sus palabras, el asunto trasciende lo estrictamente judicial e implica la respuesta del propio entorno político.
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La líder socialista instó al Partido Popular, que ostenta la mayoría absoluta en el Ayuntamiento de Algeciras, a que proponga un relevo en la alcaldía. Montero señaló que los socialistas ofrecieron su apoyo a la elección de un nuevo regidor del PP, evitando así que la administración municipal quedase en manos del PSOE. Manifestó que esta colaboración pretendía evitar que la situación de Landaluce desencadenara una crisis política en la ciudad, insistiendo en que el PSOE ha mantenido “coherencia” ante el caso.
Según consignó Europa Press, Montero cuestionó la decisión del PP de mantener a Landaluce en el cargo pese a la suspensión de militancia y a las denuncias en su contra, reiterando que el grupo popular no tiene excusas para posponer un remplazo al frente de la alcaldía. Invitó a los medios y a la ciudadanía a interrogar al Partido Popular sobre el motivo por el cual Landaluce sigue ocupando el puesto, considerando que existen sospechas y acusaciones de gravedad que pesan sobre el regidor y que los propios mecanismos internos del partido han actuado respecto a él.
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Europa Press recogió también las declaraciones de Montero reiterando su voluntad de asumir la equivocación cometida, enfatizando que la confusión de términos puede darse en el desarrollo de actividades públicas, y asegurando que formalizará la aclaración durante la próxima sesión del órgano partidario correspondiente. Desde la perspectiva de la vicepresidenta, la cuestión fundamental radica en la respuesta del PP y en la continuidad de Landaluce al frente de la administración local pese a la suspensión y las acusaciones mencionadas.
En resumen, los hechos muestran un episodio de tensión política a raíz de unas declaraciones rectificadas públicamente, la reacción legal del alcalde aludido y la insistencia del PSOE en promover un relevo en la alcaldía apelando, según Europa Press, tanto al contexto judicial como a las decisiones ya tomadas por el propio Partido Popular.
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