Senador acusado niega que se inventara una denuncia sobre irregularidades: Estaba convencido de que era "verdad"

La hija de Antonio González, empresario ya fallecido, presentó un recurso que llevó a la Sala de lo Penal del Tribunal Supremo a ordenar la continuación del proceso judicial contra Pedro Manuel Sanginés, senador de Coalición Canaria. Esta decisión revirtió el archivo inicial acordado por el magistrado instructor en abril de 2024, prolongando un caso que examina la veracidad de una denuncia por supuestas irregularidades cometidas hace más de quince años. Según consignó el medio de comunicación, Sanginés compareció en el juicio ante el Supremo enfrentando la acusación de haber presentado una denuncia falsa en 2009, cuando ocupaba la presidencia del Cabildo Insular de Lanzarote y formaba parte del Consejo de Administración del Ente Público de Empresa Local (Centro de Artes, Cultura y Turismo).

De acuerdo con la información difundida por la agencia, la Fiscalía solicita para Sanginés una condena de un año y medio de prisión y una multa de 4.050 euros por presunto falso testimonio, mientras que la acusación particular, impulsada a raíz del recurso familiar, eleva las penas reclamadas hasta tres años de cárcel y 5.400 euros de multa al sumar el delito de acusación y denuncia falsa. Sanginés sostuvo en su declaración como acusado que no inventó la denuncia en cuestión y reafirmó su convencimiento sobre la veracidad de los hechos señalados en aquel momento.

En su defensa, el senador argumentó ante el Supremo que actuó motivado por documentación a la que accedió debido a su cargo en el Consejo de Administración, y no por interés personal. “No solamente declaré convencido de mi verdad”, expuso ante el tribunal, insistiendo en que cumplió su obligación en el control y uso adecuado de los recursos públicos, e insistió en que la denuncia advertía sobre la ausencia de concurso y sobreprecios en contrataciones, refirió el medio.

El origen de la causa se remonta a la denuncia presentada en 2009 en las dependencias policiales de Costa Teguise, en la que Sanginés informó sobre presuntos delitos de prevaricación, malversación de caudales públicos, cohecho y tráfico de influencias, atribuidos a varias personas. Entre ellas se encontraban Carlos Espino, entonces jefe de gabinete de Presidencia del Cabildo Insular de Lanzarote, y el empresario Antonio González. La investigación resultante desembocó en el archivo inicial, aunque el proceso resurgió por el recurso de la familia del empresario difunto, detalló la agencia.

Durante el juicio, Carlos Espino intervino como testigo y calificó la denuncia de fraudulenta, según publicó el medio. Espino afirmó que el objetivo de la denuncia habría sido apartarlo de la vida pública como integrante del PSOE, además de señalar que “tuvo la desagradable consecuencia de que afectó muchísimo a muchas personas”. En su intervención, Espino expresó que Sanginés introdujo “de manera perversa” a Antonio González en la denuncia, provocando un gran perjuicio personal y profesional: “Lo acobardó por completo”, relató, en referencia al impacto emocional y la pérdida de reputación que atribuyó al proceso judicial. Espino recordó que, tras la denuncia, González perdió clientes en cadena y su empresa terminó por cerrar, debido a la dificultad de conseguir contratos tanto con el sector público como el privado cuando un presidente del Cabildo había formulado una acusación de esa gravedad.

Familiares de Antonio González han reprochado públicamente a Sanginés que nunca les pidiera disculpas por lo que califican como “consecuencias terribles” derivadas de esa denuncia, en especial el cierre de la empresa de frío industrial que dirigía González. Reportó el medio que estos familiares consideran responsable al senador de las pérdidas que sufrieron, planteando el daño moral y económico ocasionado.

Por su parte, el escrito de acusación de la Fiscalía sostiene que Sanginés realizó la denuncia con ánimo de faltar a la verdad objetiva y mostró, a juicio del Ministerio Público, un “manifiesto desprecio” hacia ella. Resalta que el entonces presidente del Cabildo narró hechos que habrían constituido delitos graves contra la Administración Pública, sin que, posteriormente, se recogieran pruebas suficientes para fundamentar las acusaciones.

El juicio ante el Supremo se desarrolla bajo la condición de aforado que mantiene el senador por su actual cargo político. Durante la vista, Sanginés insistió en que su actuación buscó salvaguardar la transparencia y fiscalización de los fondos públicos, fundamentando su declaración en documentos oficiales del Ente Público y actuaciones propias de sus funciones institucionales. Reiteró la demanda de una sentencia absolutoria, argumentando que la acusación no ha logrado aportar pruebas sólidas en su contra.

El caso reúne elementos como la prolongada duración del proceso judicial, las sucesivas decisiones y recursos en torno al archivo o reapertura de las diligencias, el impacto reputacional y económico sobre los afectados, y las tensiones entre cargos actuales y pasados en instituciones políticas y empresariales de Lanzarote. Según especificó el medio, la Sala de lo Penal continuará estudiando los testimonios y documentación presentada antes de dictar una resolución definitiva.

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