Torres invita al Gobierno balear a negociar tras la derogación de la ley de memoria democrática antes de recurrir al TC

Según afirmó Ángel Víctor Torres, titular de Política Territorial y Memoria Democrática, el Gobierno central convocará de forma inmediata al Gobierno de Baleares para abrir un proceso de diálogo orientado a modificar la nueva normativa aprobada en el archipiélago tras la derogación de la ley autonómica de memoria democrática. De no alcanzarse un acuerdo en estas negociaciones, Torres subrayó que el Ejecutivo español llevará el caso ante el Tribunal Constitucional, con el objetivo de invalidar la normativa impulsada con el respaldo del Partido Popular (PP) y Vox. Así lo consignó este miércoles el medio que reportó la intervención pública de Torres durante su participación en el Foro contra el Odio.

El ministro detalló, según publicó la prensa, que el alcance de la invitación al Gobierno balear se dirigirá a eliminar de la reciente reglamentación toda disposición que, desde su perspectiva, se sitúe fuera de la defensa de los derechos humanos. La derogación de la anterior ley autonómica de memoria democrática fue promovida por Vox y consiguió el respaldo parlamentario del Partido Popular. Ante esta situación, Torres declaró que instará “inmediatamente” a las autoridades baleares a una reunión con el Gobierno central para revisar el contenido de la nueva ley y eliminar aquellos componentes que considera contrarios a los principios universales de derechos y libertades.

De acuerdo con las declaraciones recogidas por el medio, Torres enfatizó que, en caso de que el Ejecutivo de Baleares se niegue a negociar o que el encuentro no concluya con un consenso para corregir la normativa, el Gobierno central formalizará un recurso ante el Tribunal Constitucional. El titular de la cartera señaló que este paso busca detener la entrada en vigor de la regulación promovida por “la ultraderecha y la derecha ultra”, refiriéndose al acuerdo alcanzado entre el PP y Vox.

Torres manifestó que las condiciones políticas que rodearon la derogación de la ley muestran, según consignó la prensa, que “quienes mandan" en el Ejecutivo balear “son quienes exigen, quienes ponen condiciones, quienes hablan del odio y lanzan ataques absolutamente insoportables, inexcusables e inaceptables contra el presidente del Gobierno y el Gobierno legítimo de España”. Este señalamiento aludió directamente al papel que, desde su visión, ha desempeñado Vox en el proceso legislativo balear y la actitud del Partido Popular ante sus propuestas.

A lo largo de sus declaraciones, el ministro reprochó la postura del Gobierno autonómico de Baleares, a la que consideró una “sumisión” ante Vox por aprobar la supresión de la normativa que, según sus palabras, tenía entre sus objetivos “defender los derechos humanos, condenar la dictadura, defender la democracia y la libertad”. Entre los fundamentos que defendió Ángel Víctor Torres para mantener la ley derogada, se encuentra la reparación y justicia a favor de quienes sufrieron persecución, tortura o asesinato como consecuencia de la guerra civil y la dictadura franquista.

El medio recogió, además, que el ministro insistió en su crítica al Partido Popular, enfatizando que “sucumben” a las iniciativas de Vox pese a que, en fases previas del debate público, los populares habían asegurado que no iban a aceptar las exigencias de este grupo político. Con estas afirmaciones, Torres resaltó la contradicción en la actitud del PP, que finalmente respaldó la derogación de la normativa impulsada desde la anterior legislatura en Baleares.

Esta situación se desarrolla tras varios meses de debate en torno al marco legal de la memoria democrática, tanto a nivel nacional como en diferentes comunidades autónomas. El avance de reformas legislativas que alteran o eliminan leyes de memoria democrática ha generado posiciones diversas, tanto en el Parlamento como en la opinión pública, sobre la oportunidad y las consecuencias de suprimir o mantener normas que aluden a la protección y reparación de las víctimas de la represión franquista.

Durante el Foro contra el Odio, en el contexto en que realizó sus declaraciones, Torres situó el debate en el eje de la defensa de la democracia y los derechos fundamentales. De acuerdo con lo que consignó la prensa, aseguró que, desde su cargo ministerial, actuará para evitar que queden fuera de la ley disposiciones que atenten contra estos principios.

Finalmente, el medio relató que la advertencia de Torres se suma a una serie de acciones en las que el Gobierno de España ha señalado posibles intervenciones para evitar la derogación o modificación de leyes relacionadas con la memoria democrática en comunidades autónomas, recalcando el compromiso central con la defensa de los derechos humanos y la condena de cualquier manifestación normativa que, bajo su interpretación, los menoscabe.