La puesta en marcha de los nuevos tribunales de instancia generó advertencias por parte de la Abogacía Española debido al profundo impacto estructural que acarreaba esta iniciativa. El presidente del Consejo General de la Abogacía Española, Salvador González, insistió en la necesidad de que los abogados participen activamente en el diseño de futuras normativas que regulan el funcionamiento del sistema judicial, argumentando que quienes trabajan de manera directa en la justicia están en mejores condiciones para señalar las carencias, excesos y aspectos a mejorar en el sector. Según publicó la Abogacía en un comunicado, González reclamó que los letrados sean escuchados y tengan un rol fundamental en la toma de decisiones sobre reformas legales.
Durante su intervención en la jornada ‘La negociación colectiva en la Administración de Justicia’ —evento organizado por la Central Sindical Independiente y de Funcionarios (CSIF)— González instó además a la convocatoria de la Comisión para la Calidad del Servicio Público de Justicia. De acuerdo con la información difundida por la Abogacía, el objetivo de esta convocatoria sería reforzar la colaboración entre los distintos protagonistas implicados en la modernización y mejora del sistema judicial español.
El titular del Consejo General planteó que los cambios normativos deben desarrollarse a partir de una “escucha activa, el diálogo y la participación de sus protagonistas”, haciendo hincapié en la importancia del trabajo colaborativo de abogados y otros profesionales que forman parte del ámbito judicial. Según reportó la Abogacía, para González la experiencia directa de quienes sostienen el servicio público de justicia resulta esencial en la identificación de los fallos, excesos y carencias del sistema, elemento que considera indispensable para la definición de soluciones efectivas a los problemas detectados.
En la misma línea, González resaltó que el diálogo entre los distintos actores del ámbito judicial constituye un factor estratégico a la hora de poner en marcha reformas con criterios bien definidos, información completa y mecanismos de seguimiento rigurosos. La Abogacía consignó en su nota que el presidente hizo énfasis en que las futuras leyes y reformas deben ir acompañadas de los recursos necesarios tanto en cuanto a plazos como respecto a su aplicación efectiva. Explicó también que resulta clave dotar a estas reformas de los medios adecuados para su implementación y supervisión.
El papel de los letrados en el análisis y la difusión de las normas se destacó como uno de los elementos centrales dentro del proceso de modernización. A modo de ejemplo, González mencionó el caso de la Ley de eficiencia del Servicio Público de Justicia, al explicar cómo la Abogacía trabajó para comprender a fondo el contenido de la ley y transmitir ese conocimiento a los profesionales del sector. El medio apuntó que el presidente subrayó el esfuerzo desplegado por la organización para desentrañar la normativa y trasladar ese análisis de forma transversal a los letrados del país.
Desde la Abogacía se recordó, según el comunicado, que la entidad ya había advertido previamente sobre las implicancias que implicaba la implantación de los nuevos tribunales de instancia, un proceso que representaba transformaciones de gran escala dentro de la estructura judicial. González insistió en la importancia de considerar las experiencias y conocimientos de quienes intervienen diariamente en el engranaje judicial al momento de planificar o ejecutar reformas legales.
La Abogacía reafirmó mediante esta postura su voluntad de contribuir en todos los debates y procesos normativos que puedan afectar al quehacer de la justicia, reiterando la petición para que los abogados no solo sean informados, sino que también formen parte activa de la mesa de trabajo durante la discusión y redacción de las leyes que inciden directamente sobre su ejercicio profesional y sobre el funcionamiento del sistema en su conjunto.
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