Una exrecepcionista de la funeraria confirma el 'cambiazo': "Le llamaban reciclaje, tanto de ataúdes como flores"

El relato de una expempleada sobre un “arcón enorme”, de aspecto particular que vio en el tanatorio, ofreció un ejemplo concreto de la práctica que dentro de la funeraria llamaban “reciclaje”. Esta acción consistía en sustituir los ataúdes adquiridos por las familias por otros de menor valor antes de la cremación, con el fin de revender los féretros más caros y reutilizar también las flores. El testimonio detallado de la antigua recepcionista, Sara Martínez Peña, se presentó durante la segunda jornada de declaraciones del juicio, conocido como el ‘caso ataúdes’, que se desarrolla en la Audiencia de Valladolid. Según informó Europa Press, Martínez Peña ocupó funciones como recepcionista y encargada de la cafetería entre 2005 y 2006 en Funeraria Castellana y afirmó que la expresión “reciclaje” resultaba habitual entre los empleados para referirse a estos intercambios.

Durante su comparecencia, Martínez Peña explicó ante la Audiencia que se enteró del significado de dicho término tras mantener conversaciones informales con otros trabajadores, quienes le explicaron que la sustitución de los ataúdes tenía lugar antes de las incineraciones. De acuerdo con Europa Press, la decisión de dar a conocer esta información nació tras el impacto mediático de la llamada Operación Ignis en 2019, cuando la Policía Nacional realizó registros masivos, localizando cerca de un millón de euros en el domicilio del propietario de la funeraria. Animada por un amigo policía, la testigo contactó telefónicamente con los investigadores para revelar que conocía la existencia de la práctica.

La testigo relató que anteriormente desconocía toda la operativa y que fue a través de la convivencia laboral cuando los empleados le describieron que, antes de la cremación y sin la presencia de familiares, los ataúdes de mayor precio se cambiaban por otros económicos. Según ratificó ante la Audiencia, los féretros valiosos se almacenaban en un garaje para ser reutilizados, y en ocasiones, las flores eran modificadas para ser revendidas posteriormente. Martínez Peña sostuvo que esta dinámica era ampliamente conocida dentro del personal del grupo funerario y que muchos empleados reaccionaban con sonrisas cómplices al escuchar el término “reciclaje”.

El Ministerio Público sostiene su acusación sobre estos hechos, que se han investigado durante más de dos décadas gracias al archivo documental reunido por Justo Martín Garrido, un antiguo empleado de Funeraria Castellana fallecido, quien intentó utilizar esta información como método de presión contra la familia Morchón para mejorar su jubilación. Conforme detalló Europa Press, la acumulación de pruebas y testimonios apunta a que los cambios de ataúdes no se habrían realizado de manera aislada, sino que requerían la colaboración de varias personas debido a la logística y la manipulación de los cuerpos.

Durante la sesión también se incorporó el testimonio del jefe del Grupo de Homicidios de Valladolid, encargado de las diligencias policiales. Según consignó Europa Press, el investigador subrayó que la estructura de la operativa imposibilitaba su realización por una sola persona y que para el traslado de los cuerpos era imprescindible el apoyo de varios empleados más y determinada infraestructura.

En sentido opuesto al relato de Martínez Peña, otra recepcionista que lleva más de veinte años en la empresa negó ante el tribunal tener conocimiento alguno sobre el “reciclaje” de ataúdes o flores. Esta trabajadora también rechazó que, tras la apertura del nuevo tanatorio en 2013 y su correspondiente horno, las incineraciones se realizaran fuera de las instalaciones recién inauguradas. Sin embargo, reconoció problemas técnicos frecuentes en el nuevo horno, lo que habría podido justificar en algunos casos el traslado de incineraciones al cementerio de Santovenia, aunque aseguró desconocer cualquier decisión deliberada para facilitar el intercambio de féretros sin la presencia de las familias.

El fiscal planteó ante la testigo la existencia de aproximadamente medio centenar de casos que, según las pruebas recopiladas, siguieron el mismo patrón de sustitución, sin embargo, la empleada insistió en su desconocimiento sobre el desvío intencionado de cremaciones ni admitió tener constancia del presunto intento de extorsión cometido por Justo Martín. Afirmó que no supo de ninguna irregularidad hasta el operativo policial de enero de 2019, cuando presenció la entrada de los agentes armados en las instalaciones.

En la misma línea, otras trabajadoras como Gemma Parra Sanz y la encargada de la contabilidad, María Ángeles García-Porrero, rechazaron estar al tanto de cualquier irregularidad o actividad delictiva en la funeraria. Fe Antonia Morchón, hermana del fundador del grupo funerario, no testificó tras acogerse a su derecho legal a no declarar, según reportó Europa Press.

Durante el juicio también salió a la luz un documento supuestamente redactado por empleados del grupo, en el que amenazaban con hacer públicas estas prácticas si la empresa no abonaba atrasos salariales acumulados de tres años, justificados según la empresa por supuestas pérdidas económicas. La testigo mencionada negó recordar la existencia de dicho documento.

El proceso judicial contra Funeraria Castellana se encuentra en la tercera jornada de audiencia y se prevé que continúe hasta junio, según publicó Europa Press. El Ministerio Público dirige su acusación contra 23 personas físicas, entre quienes se encuentran la viuda y los tres hijos del fundador. Solicita, para estos y el resto de acusados, penas por presuntos delitos de organización criminal, estafa continuada, apropiación indebida, vulneración del respeto a los fallecidos, blanqueo de capitales y falsedad documental. Las empresas Agencia Funeraria Castellana S.A. y Parque El Salvador S.L. aparecen como responsables civiles subsidiarios por estos hechos que, de acuerdo con la investigación, se habrían mantenido durante al menos dos décadas.