El juez toma declaración al dueño de Forestalia en una causa contra la alcaldesa de Mosqueruela (Teruel)

El propietario de Forestalia, Fernando Samper, compareció este martes como testigo ante el Tribunal de Instancia de Teruel en una investigación que involucra a la alcaldesa de Mosqueruela, María del Alba Lucea, según informó el Tribunal Superior de Justicia de Aragón (TSJA). La causa se centra en presuntas irregularidades cometidas en la adjudicación de un contrato municipal de asesoría jurídica y en la existencia de posibles delitos de prevaricación administrativa, malversación de caudales públicos y tráfico de influencias, detalló el medio.

La instrucción judicial avanza tras la denuncia presentada por la agrupación Teruel Existe en enero, lo que llevó al juez Juan José Cortés Hidalgo, titular del juzgado de Instrucción número 1 de Teruel, a abrir diligencias contra María del Alba Lucea. Según publicó el TSJA, además de Samper, también declararon ante el juez otros testigos: el concejal del Ayuntamiento de Mosqueruela, Joaquín Gargallo, y la secretaria-interventora del consistorio, Laura Gimeno.

Los hechos por los cuales se investiga a la alcaldesa se remontan a 2023, cuando Mosqueruela analizaba el arranque de proyectos de energías renovables en el marco del Clúster del Maestrazgo. El asunto llegó a la justicia tras detectarse posibles irregularidades durante la firma, el 7 de noviembre de 2023, de un contrato de prestación de servicios de asesoramiento jurídico entre el ayuntamiento y la empresa Servicios Tributarios de la Administración Local.

De acuerdo con el TSJA, la denuncia sostiene que la adjudicación del contrato a la citada mercantil se realizó sin que existiera licitación ni publicidad previa, y sin tramitación formal de ninguno de los procedimientos administrativos requeridos para la contratación. Entre los argumentos presentados, los denunciantes resaltan la falta de consignación presupuestaria previa y la elaboración de maniobras presupuestarias posteriores, presuntamente con el fin de cubrir el gasto ya comprometido por el ayuntamiento.

La denuncia presentada ante el juzgado subraya igualmente que la alcaldesa aprobó el contrato mediante decreto, pese a que, debido al importe involucrado en la adjudicación, correspondía al Pleno del Ayuntamiento autorizarlo. Servicios Tributarios de la Administración Local facturó al ayuntamiento por una cantidad de 104.565,83 euros, según los documentos incluidos en el expediente.

La situación derivó en la solicitud de la oposición municipal de iniciar una revisión de oficio del expediente, proceso en el que se incorporó un dictamen del Consejo Consultivo de Aragón. Según reportó el TSJA, este dictamen concluyó que el contrato es nulo, lo que añade relevancia al proceso abierto en el juzgado.

En el marco de esta investigación, el titular del juzgado ha programado para el día siguiente la toma de declaración de María del Alba Lucea. Los testimonios recabados, junto con el análisis de los documentos administrativos y el dictamen del órgano consultivo autonómico, forman parte del procedimiento instruido por el juez para esclarecer si existieron ilegalidades en la actuación del consistorio y la responsabilidad que pudiera derivarse para la alcaldesa.

Tal como detalló el Tribunal Superior de Justicia de Aragón, el caso pone en foco tanto la gestión municipal como la legalidad de los procedimientos de contratación en un contexto de impulso de proyectos energéticos en la comarca. Las actuaciones continuarán con nuevas declaraciones y el examen de la documentación aportada por las partes involucradas.