Abogados de los padres acusados de encerrar a sus hijos 4 años en Oviedo niegan que "haya una casa de los horrores"

Mientras el proceso avanza a puerta cerrada en la sección segunda de la Audiencia Provincial, la defensa de los progenitores solicitó que, en caso de una eventual absolución, los padres puedan, gradualmente, recuperar la custodia de sus hijos y restablecer la convivencia familiar. El asunto gira en torno a la custodia actual de los menores, que se encuentran bajo tutela de la administración, y sobre el enfoque penal adoptado en el caso, según comunicó Europa Press.

De acuerdo con lo publicado por Europa Press, los abogados sostienen que el caso debió abordarse mediante los servicios sociales en vez de vía penal. La defensa argumentó que la decisión de los padres, una mujer de 54 años y un hombre de 49 de nacionalidad alemana y estadounidense respectivamente, de aislar a su familia responde a una situación de aislamiento familiar atípico, alejada de intenciones criminales. El letrado de la madre, Javier Muñoz, declaró a los medios que “no hay ninguna casa de los horrores”, rechazando rotundamente cualquier calificación delictiva sobre el comportamiento de sus representados.

Ambos progenitores enfrentan acusaciones por delitos de violencia psíquica habitual en el ámbito familiar, detención ilegal y abandono de familia, con una petición fiscal superior a 25 años de prisión, según consignó Europa Press. La defensa, por voz de Elena González, abogada del padre, recalcó la confianza en “un procedimiento absolutorio”, apoyándose en un análisis detallado de las circunstancias del caso que, afirman, serán expuestas en el juicio.

Europa Press reportó que la causa judicial se origina tras una denuncia de una vecina en abril de 2025, motivada por la sospecha ante la posible presencia de menores en el domicilio de la familia, un chalet ubicado en Fitoria, Oviedo. El informe policial recogió que el 28 de abril agentes se presentaron en el inmueble, donde hallaron a tres niños –dos gemelos de ocho años y un tercero de diez– que portaban mascarillas y se encontraban en un entorno insalubre, rodeados de excrementos de animales. Según los agentes, los menores no habrían salido de la vivienda desde 2021.

Los padres fueron detenidos tras la intervención policial y trasladados a prisión, mientras los niños quedaron bajo acogimiento en un centro dependiente del Principado de Asturias, de acuerdo con Europa Press. Por su parte, los abogados defensores reiteraron ante los medios que los padres no incurren en delitos, sino que su conducta constituyó una decisión de aislamiento familiar, que consideran poco convencional, pero no punible penalmente.

En la primera sesión del juicio, la defensa manifestó su intención de promover la nulidad de algunas diligencias realizadas durante el proceso de instrucción. Entre los aspectos cuestionados, señalaron supuestas irregularidades en la entrada y el registro del domicilio familiar, que en su opinión no se realizaron conforme establece la ley, señaló Europa Press. Ambas representaciones jurídicas subrayaron que corresponde a los servicios sociales intervenir en situaciones de este tipo y no a las autoridades policiales o judiciales, y sostuvieron que el proceso penal resulta, en este contexto, un abordaje desproporcionado.

El juicio prevé la intervención de los agentes de policía local y guardias civiles que participaron en la inspección, así como la declaración de personal de servicios sociales, reportó Europa Press. La defensa insistió en que la meta prioritaria es proteger los intereses de los niños mediante soluciones ajenas al procedimiento penal, y centra su estrategia en probar la ausencia de conducta criminal por parte de los padres.

El caso permanece pendiente del pronunciamiento judicial, mientras las partes presentan argumentos en torno a la idoneidad del canal seguido para la intervención pública en una situación catalogada por la defensa como atípica y excepcional, y cuya gestión, insisten, debieron asumir agencias de protección social.