
La secretaria general del PSOE andaluz y actual vicepresidenta primera del Gobierno, María Jesús Montero, expresó su preocupación sobre los efectos de la desinformación en la participación política, asegurando que el ruido y las dudas infundadas buscan alejar a los ciudadanos del ejercicio democrático. Montero realizó estas declaraciones tras una reunión en Córdoba con Hitachi Energy España, donde fue consultada por los medios sobre la información divulgada por El Confidencial respecto a una supuesta investigación de la Guardia Civil sobre un intento de hackeo al dispositivo electoral utilizado en las elecciones generales celebradas en julio de 2023. Según consignó El Confidencial, la Guardia Civil investigaría un ataque cibernético sobre este sistema electoral, lo que motivó el pronunciamiento de la ministra.
De acuerdo con el medio El Confidencial, la investigación sobre el presunto ciberataque estaría bajo secreto a instancias de un juzgado, lo que, según señaló Montero, imposibilita que el Ejecutivo conozca detalles o el alcance del caso. La ministra subrayó que, dado el carácter confidencial de los expedientes judiciales en materia de seguridad, ni el Gobierno ni los funcionarios tienen acceso a información reservada y, por tanto, aseguró desconocer el planteamiento detrás de la información publicada. Montero subrayó que “si es secreto nadie va a poder responder a una pregunta de ese tipo, ni de lo que se insinúa”, remitiéndose a la imposibilidad de comentar o responder sobre supuestos que se tramitan bajo confidencialidad judicial.
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La vicepresidenta insistió en la importancia de tratar con seriedad este tipo de planteamientos sobre la seguridad del proceso electoral. Según sus palabras recogidas por El Confidencial, sostuvo que “la democracia es sagrada y cualquier duda sobre la limpieza de los procesos democráticos es intencionada”. Añadió que no deseaba prestar eco a informaciones que “no tienen ningún elemento que podamos comentar”, e instó a la cautela en torno al tratamiento público de supuestos ataques a la infraestructura y organización de las elecciones a Cortes en 2023.
Durante su intervención ante los medios, Montero se manifestó respecto a las repercusiones que considera generan estos cuestionamientos para la salud democrática del país. Señaló que “algunos cuando no obtienen el poder porque los ciudadanos deciden elegir otro gobierno están permanentemente cuestionando la propia legitimidad del gobierno”, ubicando este fenómeno en el contexto de las negociaciones y pactos en sede parlamentaria para nombrar al presidente del Gobierno. Según la vicepresidenta, poner en duda la transparencia de las elecciones tiene el propósito de alejar a los ciudadanos de la política, generando desconfianza en el sistema y socavando la legitimidad de los gobiernos resultantes.
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Por otro lado, Montero argumentó que alimentar la idea de manipulaciones en la participación política sólo contribuye a incrementar la desafección ciudadana. Profundizó en que las campañas que siembran dudas sobre la integridad del proceso electoral afectan directamente la percepción social sobre el papel del voto y el sistema democrático. Montero proclamó, en palabras recogidas por El Confidencial, “hasta aquí hemos llegado con estas cuestiones”, enfatizando la necesidad de poner freno a la propagación de informaciones sin fundamento verificable.
En referencia al papel de los ciudadanos en la democracia, la ministra reafirmó que el funcionamiento pleno de los sistemas democráticos radica en la conciencia social de que “depende de ellos los gobiernos, el poder y la estructura institucional democrática de una sociedad”. Recalcó que es responsabilidad de todos proteger la limpieza de los procesos electorales y evitar alimentar narrativas que pongan en entredicho su legitimidad sin pruebas sólidas.
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Por último, ante las preguntas sobre posibles avances en la investigación o planes de acción desde el Ejecutivo, Montero reiteró que su departamento no cuenta con información relevante para compartir, reiterando la posición del gobierno frente a expedientes clasificados como secretos y rechazando las especulaciones hasta que existan elementos verificables que puedan ser valorados públicamente.
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