Un juez consulta a la Fiscalía tras denunciar Plus Ultra presuntas filtraciones por parte de la UDEF

El abogado de Plus Ultra subrayó en su denuncia que la documentación obtenida a través de un registro policial, junto a los equipos informáticos intervenidos en la sede de la compañía el pasado diciembre, permanece bajo secreto judicial y únicamente la jueza instructora, la Fiscalía y la Policía Judicial involucrada pueden acceder a ella. El letrado de la aerolínea indica que, pese a esa restricción, en febrero de 2026 surgió públicamente información relacionada con los documentos intervenidos, lo que motivó la presentación formal de la denuncia.

Según publicó Europa Press, un juez de Madrid formuló una consulta a la Fiscalía sobre si resulta pertinente abrir diligencias previas para investigar la denuncia de Plus Ultra. En el auto judicial, al que tuvo acceso ese medio, el titular del Juzgado de Instrucción de Plaza Número 6 comunicó la apertura de diligencias por un posible delito de descubrimiento de secretos y remitió los antecedentes al Ministerio Fiscal para que se pronuncie sobre la incoación del procedimiento. En la resolución se valora que los hechos descritos exhiben características que podrían configurar una infracción penal.

La denuncia presentada por Plus Ultra atribuye presuntas filtraciones de información a la Unidad de Delincuencia Económica y Fiscal (UDEF) en el contexto del proceso que investiga el rescate económico de la aerolínea durante la pandemia. El letrado argumenta que la información difundida solo podría haber emanado de funcionarios policiales adscritos a la causa secreta, lo que supondría un incumplimiento grave de su deber de confidencialidad. Tal como recogió Europa Press, la compañía considera que estas acciones afectan a la marcha de la investigación judicial y vulneran tanto los derechos fundamentales como la reputación de las partes implicadas.

El abogado hace constar en el escrito presentado al juzgado que, dado el estado bajo secreto del procedimiento, ninguna persona ajena a las partes autorizadas por la autoridad judicial debería disponer o divulgar la documentación intervenida por la UDEF. La denuncia sostiene que funcionarios habrían compartido y expuesto a terceros material judicial obtenido a raíz de los registros practicados, lo que —interpreta la defensa— constituiría una puesta en peligro de la integridad del proceso penal y un quebrantamiento de la reserva exigida legalmente. Según la denuncia reproducida por Europa Press, el comportamiento atribuido a los agentes "rivaliza en gravedad con los delitos que presuntamente investigan".

El origen de la polémica reside en un registro policial efectuado en diciembre del año anterior en la sede de Plus Ultra, ordenado en el marco de la causa judicial sobre el rescate financiero de la compañía durante la emergencia sanitaria. En esa operación, la UDEF se incautó de abundante documentación sensible, que fue incorporada a una instrucción posterior realizada inicialmente en Plaza de Castilla y luego trasladada a la Audiencia Nacional. La filtración detectada en febrero de 2026 generó preocupación en la defensa, que interpreta que existió una vulneración del secreto procesal impuesto sobre los materiales incautados.

De acuerdo con el medio Europa Press, en la denuncia se sostiene que los funcionarios policiales involucrados habrían actuado fuera del mandato impuesto por la autoridad judicial competente y generando daños indeterminados tanto para el normal desarrollo de la investigación como para la imagen de los implicados. La gravedad del posible delito de descubrimiento de secretos alegado motivó que el juez remitiera los hechos a la Fiscalía y optara por consultar si resulta procedente iniciar una investigación formal.

El proceso de toma de decisiones en este caso queda pendiente del pronunciamiento del Ministerio Fiscal, quien determinará la viabilidad de la imputación y el eventual inicio de actuaciones penales, según detalló Europa Press. En la documentación judicial aportada, el magistrado advirtió sobre los indicios razonables de delito y justificó con base en ellos la consulta a la Fiscalía. La causa judicial sobre el rescate de Plus Ultra permanece bajo secreto, a la espera de nuevos desarrollos relacionados tanto con la tentativa de averiguar el origen de las filtraciones como con el avance de la investigación principal sobre la ayuda recibida por la compañía aeronáutica durante la crisis sanitaria.