
De los 32 ocupantes de la embarcación que partió de Argelia, 16 eran menores de edad y solo uno de ellos iba acompañado de un familiar, mientras que entre los viajeros también se encontraban tres mujeres y dos niños menores de 12 años. La Fiscalía solicita una condena de seis años de prisión contra el joven acusado de patronear la embarcación, con base en la supuesta comisión de un delito contra los derechos de los ciudadanos extranjeros. Este viernes, la Sección Segunda de la Audiencia Provincial de Baleares celebrará la vista previa del juicio, según publicó el medio que proporciona la información original.
El fiscal expone que la patera zarpó de las costas argelinas en la madrugada del 9 de septiembre de 2025 y, después de una travesía de poco más de 24 horas, fue interceptada al sur de Cabrera. El Ministerio Público describe que la embarcación presentaba serias deficiencias de seguridad, superaba con creces su capacidad recomendada y solo disponía de un motor. Reportó además que el bote llevaba una cantidad importante de bidones de combustible que, según el escrito de acusación, suponían un riesgo considerable para la integridad física de quienes realizaban el trayecto.
Según detalló el escrito fiscal, la travesía habría sido organizada por dos personas no identificadas y residentes en Argelia, quienes establecieron el precio de unos 3.000 euros para cada persona que abordó la embarcación. Entre los migrantes que realizaron el viaje, solo uno era acompañado por un familiar directo pese a que la mitad del pasaje correspondía a menores de edad, algunos de ellos con tan solo 12 años.
Respecto al acusado, el fiscal sostiene que aceptó patronear la embarcación tras negociar una compensación económica que se materializó como un descuento en el precio de su propio viaje, condición que lo convertía en parte del grupo migrante en vez de un organizador principal. La acusación recalca que este patrón de viaje supone una responsabilidad penal debido a la situación de grave riesgo asumida por los pasajeros durante el trayecto y por la falta de elementos de seguridad esenciales en la embarcación.
La información aportada por la fuente original detalla que la acusación formal planteada ante la Audiencia de Baleares se centra en un presunto delito contra los derechos de los ciudadanos extranjeros, figura recogida en la legislación española para proteger la integridad de quienes se ven expuestos a peligros graves en procesos migratorios irregulares.
El escrito presentado por el Ministerio Público argumenta, según anunció la fuente informativa, que la forma en la que se organizó y ejecutó el viaje implicó situaciones de peligro para la vida y la integridad de los pasajeros, tanto por el exceso de ocupación y la inexistencia de medidas de seguridad como por la presencia de grandes cantidades de combustible a bordo.
La fuente del caso explica también que los organizadores identificados en Argelia no habrían sido detenidos ni aparecen formalmente vinculados en el proceso judicial abierto en Baleares, por lo que la responsabilidad penal, según la Fiscalía, recae sobre el joven procesado por su papel como conductor de la embarcación.
El proceso judicial, según el medio citado, se encuentra en fase previa y la Audiencia Provincial valorará en los próximos días los argumentos particulares de las partes y la consistencia de las pruebas aportadas por el Ministerio Público y la defensa del acusado.
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