El proceso judicial contra dos hombres acusados de agresiones sexuales la misma noche en Bétera incluye la petición por parte de la Fiscalía de Valencia de una pena de tres años de prisión y multa económica para uno de los implicados, identificado como Pablo. Según detalló el Ministerio Público, Pablo está acusado de agredir sexualmente a una joven de 25 años, a quien presuntamente realizó tocamientos, pese a la negativa de ella, en al menos tres ocasiones en la piscina de la vivienda. Este caso quedó sumado al de Rafa Mir, futbolista profesional y también acusado en la misma causa por delitos de agresión sexual y atentado contra la integridad física.
De acuerdo con la información publicada por Las Provincias y retomada por otros medios, la Fiscalía solicita diez años y medio de prisión para Rafa Mir debido a la presunta agresión sexual a una joven de 21 años. El Ministerio Público señala que los hechos sucedieron la madrugada del 1 de septiembre de 2024, luego de que el deportista conociera a la víctima en una discoteca de Valencia y ambos acudieran posteriormente al domicilio de Mir, localizado en una urbanización de Bétera. Allí, según la acusación presentada, se habrían producido los hechos investigados tanto en la piscina como en un cuarto de baño.
El expediente judicial atribuye a Rafa Mir, jugador del Elche CF, dos delitos: agresión sexual —con acceso carnal y empleo de violencia— y otro contra la integridad física. Además de la pena de prisión, la Fiscalía pide para el futbolista la prohibición durante diez años de acercarse y comunicarse con la denunciante, así como una inhabilitación especial por ocho años adicionales para cualquier trabajo que implique contacto con menores. La solicitud de medidas se amplía con la imposición de libertad vigilada durante siete años tras el cumplimiento de la eventual condena.
Las diligencias judiciales avanzan desde octubre de 2025, momento en el que la jueza titular de la Plaza número 8 de la Sección Civil y de Instrucción del Tribunal de Instancia de Llíria dictó auto de procesamiento para ambos acusados, según consignó Las Provincias. En el caso de Pablo, la acusación se centra en los reiterados tocamientos a una mujer de 25 años, desoyendo de manera expresa la negativa de la presunta víctima. El Ministerio Público también requiere el pago de una multa y la imposición de la respectiva responsabilidad penal para este segundo acusado.
El proceso judicial se originó tras la denuncia presentada al inicio de septiembre de 2024 por una joven contra Rafa Mir por presunta agresión sexual. La policía efectuó la detención del futbolista pocas horas después. Posteriormente, también quedó arrestado Pablo, a raíz de la investigación de los hechos sucedidos en la vivienda de Mir. La causa investiga de manera diferenciada las agresiones denunciadas por ambas jóvenes durante la misma noche.
Tanto Rafa Mir como su compañero negaron categóricamente los hechos que se les imputan al recuperar la libertad. La defensa de Mir emitió un comunicado en el que destacó la obligación de velar por la presunción de inocencia, citando la Constitución Española y la directiva europea 2016/343. En ese mensaje, destacaron que el proceso penal servirá "para esclarecer los hechos" y expresaron la confianza en que "se evidenciará que la imputación no se sostiene".
Las Provincias especificó que el Ministerio Público basa su calificación en los relatos de las víctimas, la investigación policial y pruebas recabadas en la fase de instrucción. El caso ha generado expectación social en torno a la participación de un futbolista profesional y a la rapidez con la que los procesos judiciales y mediáticos avanzan ante denuncias por delitos sexuales.
De acuerdo con la información difundida por Las Provincias, el expediente refleja que la Fiscalía ha solicitado la imposición de medidas destinadas a proteger a las víctimas e impedir eventuales situaciones de riesgo, siendo la prohibición de acercamiento y la inhabilitación profesional parte de la estrategia de sanción y prevención. Al mismo tiempo, la defensa del principal acusado mantiene su argumento de defensa y llama a respetar los derechos del procesado y garantizar la transparencia de las actuaciones judiciales.
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