
Durante sus años al frente del Ministerio del Interior, Jaime Mayor Oreja asumió la gestión de dos regularizaciones de inmigrantes en los años 1999 y 2000. Según relató en una entrevista publicada por Europa Press, en aquel momento el contexto social y económico era muy diferente al actual: la cifra de inmigrantes en España rondaba el millón y coincidió con una etapa de expansión económica, lo que permitió a la mayoría de los recién llegados acceder a contratos de trabajo y, por tanto, a una normalización documentada de su estatus. El exministro contrastó esta experiencia con la situación presente, en la que estima que la población inmigrante en el país supera los once millones, una cifra que, de acuerdo con sus declaraciones reproducidas por Europa Press, plantea desafíos sociopolíticos distintos.
Según señaló el exministro en la citada entrevista, la regularización extraordinaria de inmigrantes aprobada recientemente por el Gobierno, la cual calificó como “masiva”, podría facilitar la formación de áreas segregadas en las ciudades, similares a los “guetos” observados en Londres, París y Marsella. Mayor Oreja manifestó que “una regularización masiva en estas circunstancias es un disparate”, relacionando su postura con la experiencia de otras urbes europeas donde, a su juicio, la respuesta administrativa a la inmigración no ha impedido la concentración de comunidades en barrios periféricos y la aparición de tensiones sociales.
El medio Europa Press consignó que Mayor Oreja insistió en la necesidad de revisar el enfoque legislativo sobre la inmigración. El antiguo responsable de Interior argumentó que la regularización debe articularse mediante la formalización de contratos de trabajo, en lugar de aprobarla por vías legislativas generales. Según sus palabras, “España tendría que tomar muy en serio la regularización” y vincularla claramente al empleo, para evitar la aparición de situaciones similares a las vividas en determinadas capitales europeas.
En relación al respaldo social e institucional de su perspectiva, Mayor Oreja sostuvo que muchos obispos comparten su preocupación por la regularización masiva de inmigrantes. Destacó que el apoyo eclesiástico a la medida impulsada por el Gobierno se limita en gran parte al presidente de la Conferencia Episcopal. Además, según recogió Europa Press, instó a alejarse de lo que denominó “buenismo” en la gestión de la inmigración, e insistió en que el debate debe abordarse desde la prudencia y el análisis de las consecuencias.
El exministro también abordó en la conversación otras cuestiones de actualidad política y social. En referencia a la propuesta del Gobierno de blindar el aborto en la Constitución, Mayor Oreja calificó el posible cambio como un “fraude constitucional” si se llevara a cabo reformando el artículo 43, orientado a los derechos prestacionales de salud o medioambiente, en vez del artículo 15, que, según subrayó, defiende el derecho a la vida. El exministro planteó que un cambio auténtico en esta materia requeriría la disolución de las cámaras y la convocatoria de un referéndum.
En la entrevista, Mayor Oreja rechazó la idea de que la propuesta para blindar el aborto en la Constitución respondiera a la inminente visita del Papa León XIV a España, prevista para los días 6 a 12 de junio. A su juicio, cualquier iniciativa de este tipo solo contribuye a movilizar más a la base católica en el país, algo que, según interpretó, no parece responder a una motivación coyuntural como la visita papal, sino a una estrategia política de fondo.
Al analizar las reformas promovidas por el Ejecutivo, Mayor Oreja describió el panorama político actual como dominado por “ingenieros sociales”. Sostuvo ante Europa Press que las acciones del Gobierno buscan alterar la conciencia colectiva y redefinir cuestiones morales fundamentales, al establecer como modernos derechos la eutanasia, el aborto, el género y la memoria histórica. Reiteró que no existen ministros tradicionales, sino líneas de actuación orientadas al cambio social.
El exministro expresó su descontento ante el clima de división institucional en el país. Recordó que el Consejo de Estado aprobó el informe sobre el blindaje del aborto por 16 votos frente a 4, y rememoró conflictos semejantes con la Fiscalía General, el Tribunal Constitucional y el Tribunal de Cuentas. Según describió a Europa Press, esta fragmentación institucional es recurrente en la estrategia del actual Gobierno.
En cuanto al debate sobre el aborto, Mayor Oreja comparó la evolución social de este asunto con la abolición de la esclavitud. Consideró que la percepción del aborto cambiará con el tiempo y que, en el futuro, la sociedad lo verá como una práctica inaceptable, tal como hoy se percibe la esclavitud. Defendió que matar a una persona por ser una “solución” es, en sus palabras, un disparate y que la madre no debe tener derecho a acabar con la vida de otra persona distinta, subrayando la distinción jurídica y ética entre la madre y el nasciturus.
Mayor Oreja atribuyó la extensión del aborto a lo que definió como “cultura woke” y recordó la opinión de Julián Marías, quien consideró la legalización del aborto como la gran tragedia del siglo XX, pese a las guerras y catástrofes vividas en ese periodo. Finalizó expresando su convicción de que la resolución de este conflicto ético llevará tiempo, aunque se mostró confiado en que la postura contraria al aborto prevalecerá finalmente en la sociedad.
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