El PSOE avisa a PP, VOX y Junts de que si pulsan el botón rojo contra el escudo social lo hacen contra muchas familias

El debate sobre la prolongación del denominado escudo social en España se intensificó la jornada previa a la votación en el Congreso de los Diputados, cuando la portavoz del PSOE, Montse Mínguez, resaltó la relevancia directa de estas medidas para aproximadamente tres millones de familias beneficiarias del bono social energético, así como para 1,2 millones de autónomos que tributan por módulos y podrían acceder a beneficios fiscales. Según informó Europa Press, la portavoz socialista advirtió que rechazar las propuestas del Gobierno va más allá de un gesto hacia el Ejecutivo, incidiendo de lleno en hogares con necesidad de apoyo en áreas como el pago de la luz, el gas, la vivienda o la transición hacia modelos energéticos sostenibles.

Durante una entrevista difundida por RNE y recogida por Europa Press, Montse Mínguez alertó a los partidos de la oposición –incluyendo PP, VOX y Junts– de que su voto negativo al escudo social afecta directamente a la ciudadanía que, según sus palabras, espera una respuesta institucional que permita ampliar recursos a administraciones autonómicas y locales, garantizar prórrogas en la suspensión de desahucios, facilitar ayudas al sector de los autónomos, apoyar la movilidad eléctrica y subvencionar la instalación de placas solares. Mínguez enfatizó que los grupos parlamentarios deben asumir su responsabilidad hacia quienes dependen de estas iniciativas, y señaló que “los grupos tienen que entender que hoy, si pulsan el botón rojo, no están pulsando el botón rojo contra el gobierno”, sino más bien lo están haciendo en contra de “muchas familias”.

El medio Europa Press detalló que la portavoz socialista insistió en la contradicción de los partidos de la oposición, subrayando que muchos diputados formulan preguntas en las sesiones de control gubernamental preocupándose públicamente por la ciudadanía los miércoles, pero acto seguido los jueves optan por oponerse a iniciativas concretas dirigidas a mejorar la situación vital de los mismos colectivos a los que dicen defender. Según Mínguez, esta incoherencia se refleja de manera explícita en la votación sobre el real decreto, que contempla medidas de carácter social para los sectores más vulnerables, así como para el tejido productivo autónomo.

Las controversias alimentadas en torno al acceso a la vivienda y la ocupación también ocuparon relevancia en las declaraciones. Montse Mínguez criticó que el PP, VOX y Junts hayan vinculado la protección de los sectores vulnerables con la problemática de la ocupación ilegal, apuntando que, según los datos recabados por algunas autonomías y ayuntamientos gestionados por el Partido Popular, la incidencia real de la ocupación resulta bastante limitada. La portavoz citó el caso de la oficina antiokupación en Alicante, que recibe una llamada mensual; la Xunta de Galicia, que atendió tres casos en un año; y Castilla y León, donde se registraron 27 llamadas desde junio de 2023. A su juicio, mezclar la política de protección social con la ocupación corresponde a una estrategia que desvía la atención del objetivo central de las medidas, que es evitar que las familias sean desalojadas cuando los arrendadores son propietarios de más de diez inmuebles.

De acuerdo con Europa Press, Mínguez también señaló que, pese a la insistencia del Partido Popular en presentarse como formación de Estado, sus recientes actuaciones demostraron una disposición a pactar con fuerzas de la ultraderecha, pero en cambio “no son capaces de leerse papeles que hace el gobierno para mejorar la vida de la gente, que son los cuatro reales decretos que van este jueves a votación”. En este sentido, la dirigente socialista alegó que existen excusas reiteradas para evitar el voto favorable a los decretos, desestimando que la decisión de separar el tema de los desahucios pudiera propiciar un acuerdo con el PP para respaldar el resto de las medidas.

Respecto al bloque de pensiones, Montse Mínguez explicó, según publicó Europa Press, que la iniciativa de desligar la subida de los pagos a pensionistas del resto de medidas busca evitar “generar el debate” acerca de acusaciones de manipulación hacia este colectivo. No obstante, la portavoz remarcó que el Grupo Popular nunca ha apoyado una subida de las pensiones alineada con el Índice de Precios al Consumo (IPC), ni en 2023, ni en 2024 ni en 2025, enfatizando que “hasta ahora, nunca jamás ha apoyado un incremento de las pensiones según el IPC”.

Al abordar las perspectivas de negociación con Junts, Mínguez sostuvo que el grupo socialista mantiene abiertas todas las vías de diálogo semanalmente con el conjunto de formaciones políticas. Así lo reiteró al recordar que “cada semana negociamos con todos los partidos. Con todos”. Explicó que la negociación con Junts permanece como una posibilidad para intentar lograr consensos favorables al escudo social.

Según puntualizó Europa Press, la portavoz del PSOE respondió a las manifestaciones de Miriam Nogueras, representante de Junts, acerca de la defensa de los trabajadores autónomos. Mínguez cuestionó la postura de dicho partido, al señalar la contradicción entre afirmar que se protege a quienes “levantan las persianas cada mañana”, pero a la vez votar en contra del real decreto que ofrece beneficios fiscales para más de un millón doscientos mil autónomos que tributan por módulos. Montse Mínguez resumió la discusión planteando la pregunta de si estar a favor de este sector consiste en facilitar apoyo fiscal o rechazarlo, interpelando directamente a quienes se muestran críticos con la iniciativa presentada por el Ejecutivo.

La votación sobre este paquete de medidas vuelve a situar a los principales grupos parlamentarios ante la cuestión de si el respaldo o rechazo a las propuestas del Gobierno se traduce en efectos inmediatos para los sectores sociales más necesitados, para los actores económicos autónomos y para el avance en políticas que buscan fortalecer la protección frente a contextos de vulnerabilidad económica y habitacional.