José Manuel Albares, titular del Ministerio de Asuntos Exteriores, destacó que el reciente acuerdo aprobado sobre Gibraltar prevé la eliminación de la Verja, medida que implicará la retirada de uno de los últimos muros fronterizos en Europa continental. Esta transformación aparece reflejada en el texto definitivo del Tratado, cuya remisión a la Junta de Andalucía, los alcaldes del Campo de Gibraltar y diversos agentes sociales y económicos ha coincidido con la publicación oficial del documento por la Comisión Europea y el Gobierno británico, según reportó la agencia de noticias Europa Press.
De acuerdo con lo publicado por Europa Press, Albares trasladó el contenido del acuerdo a actores institucionales y sociales de la región, solicitando además comparecer ante el Congreso de los Diputados con el objetivo de ofrecer detalles sobre el alcance y las implicaciones del tratado. El texto normativo regulará las nuevas relaciones de Gibraltar con la Unión Europea tras la salida del Reino Unido del bloque, integrando cambios clave que incidirán tanto en el tránsito de personas como en la circulación de mercancías.
El medio Europa Press detalló que la principal novedad reside en la supresión de la Verja, un elemento fronterizo que marcaba la división física entre Gibraltar y el territorio español. Según el ministro, este cambio permitirá la libre circulación de trabajadores y bienes, lo que beneficiará, de modo directo, a aproximadamente 15.000 trabajadores transfronterizos. El acuerdo también introduce mecanismos para corregir desequilibrios y distorsiones previas en materias como la fiscalidad indirecta y la protección ambiental en la zona.
En la comunicación oficial difundida por redes sociales, José Manuel Albares enfatizó que el tratado garantiza la libre circulación, corrige desigualdades históricas y contribuye al bienestar de los habitantes del Campo de Gibraltar, cifrados en torno a 300.000 personas. La medida tiene, además, repercusiones en la cooperación entre España y el Reino Unido, sentando las bases para una etapa diferente en las relaciones bilaterales en la región.
Tal como consignó Europa Press, el acuerdo aguarda ahora ratificación por las instituciones europeas —en concreto, por el Consejo y el Parlamento Europeo—, así como por parte del Parlamento británico. Solo después de completar estos pasos comenzará la aplicación efectiva de sus disposiciones.
El ministro subrayó, según recogió Europa Press, que España mantiene su reclamación sobre la soberanía de Gibraltar, territorio cedido al Reino Unido mediante el Tratado de Utrecht de 1713, asegurando que las reivindicaciones españolas sobre la zona siguen protegidas en el marco del nuevo acuerdo.
En la valoración efectuada por Albares, el tratado abre una “nueva etapa de convivencia y oportunidades” para el área del Campo de Gibraltar, la región de Andalucía y España en su conjunto, y presenta ramificaciones extensas para el conjunto de la Unión Europea al eliminar barreras físicas y administrativas que han condicionado la movilidad y la economía transfronteriza desde hace décadas.
Las publicaciones oficiales del texto por la Comisión Europea y por el Gobierno del Reino Unido marcan el cierre de una etapa de negociación, según detalló Europa Press, en la que participaron representantes de ambas partes con el fin de establecer un marco de relaciones posterior al ‘Brexit’ que evite obstáculos al desarrollo económico y social de la zona.
En los mensajes institucionales difundidos tras la remisión del texto, Albares expresó que el acuerdo responde a las demandas de los colectivos afectados y solventa anomalías que incidían de manera negativa sobre la actividad laboral y comercial, asegurando la continuidad de la reivindicación histórica de España sobre el territorio y el respeto a los compromisos medioambientales y fiscales.
El texto definitivo, destacó Europa Press, fue remitido el jueves y sus efectos dependerán de la aprobación parlamentaria y europea para entrar en vigor. Durante el proceso de explicación pública, el ministro ha involucrado tanto a representantes de la administración autonómica como a los responsables municipales y a múltiples agentes económicos y sociales, en una estrategia dirigida a garantizar transparencia y consenso sobre las condiciones del nuevo escenario.
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