Un total de 31 acusados de interactuar con un menor en una página de contactos aceptan de seis meses a un año de prisión

La figura del administrador de la página de contactos se encuentra entre las más observadas en el proceso judicial abierto por delitos de abuso sexual en línea con menores de edad. Según consignó el medio, el Ministerio Público solicita para esta persona 60.000 euros en concepto de responsabilidad civil, al considerarle cooperador necesario en un delito continuado relacionado con el uso de la plataforma para concertar encuentros sexuales con un menor. Esta situación se da en el marco del juicio que inició hoy contra 35 acusados, la mayoría de los cuales reconoció haber interactuado con un menor a través del sitio web investigado y aceptó condenas reducidas.

De acuerdo con la información publicada, el proceso aborda delitos conocidos como grooming y sexting, todos vinculados a la interacción por medios digitales con una persona menor de edad con fines sexuales. El medio detalló que 31 de los imputados, acusados de haberse comunicado mediante la citada página de contactos, admitieron los hechos y alcanzaron un acuerdo de conformidad, lo cual derivó en sentencias de seis meses a un año de prisión. A estos se les han aplicado atenuantes, como la dilación indebida y la reparación del daño ocasionado, condiciones que han influido en la reducción de las penas.

Reportó la misma fuente que quienes aceptaron su responsabilidad deberán abonar 2.000 euros en concepto de responsabilidad civil, cumplir un año de libertad vigilada al finalizar la condena de prisión y afrontar la inhabilitación especial para desempeñar profesiones o cargos que impliquen contacto con menores durante el tiempo que corresponda a la condena impuesta. Además, se estableció que aquellos que no han satisfecho el pago compensatorio de 2.000 euros fueron sentenciados a un año de cárcel. El enfoque de las medidas busca evitar la reincidencia y proteger a posibles futuras víctimas, según se desprende de las resoluciones adoptadas por el tribunal.

Quedaron por ser juzgadas cuatro personas, incluyendo al mencionado administrador del sitio. Para estos imputados, la Fiscalía solicita tres años de prisión, cinco años de libertad vigilada posterior, y una sanción económica de 6.000 euros en concepto de responsabilidad civil. Igualmente, se solicita la inhabilitación especial para actividades profesionales o cargos que conlleven contacto con menores. El administrador, enfrenta la acusación de cooperador necesario en virtud de la gestión y funcionamiento del espacio digital en cuestión, y ante él recae la mayor exigencia económica y penal.

Según publicó la fuente, la investigación se ha centrado en una página web dedicada a facilitar anuncios y contactos de carácter sexual, actuando como intermediaria entre usuarios adultos y quienes respondían a los anuncios. La plataforma permitía el registro y la publicación de contenido sin mecanismos de control efectivos que impidieran la implicación de menores. Desde el sitio, los usuarios intercambiaban correos electrónicos y, posteriormente, podían continuar la comunicación por teléfono o a través de aplicaciones de mensajería instantánea tales como WhatsApp o Kik, facilitando así la transferencia al ámbito privado y dificultando el rastreo por parte de terceros o autoridades.

El relato del Ministerio Público recoge que un menor de edad, nacido en 2004, accedió y participó activamente en la página entre enero de 2018 y junio de 2019, publicando anuncios donde hacía explícita su edad, que oscilaba entre 13 y 15 años en ese período. El menor logró registrar cuentas, responder tanto a ofertas como a mensajes de adultos y concertar encuentros, sin encontrar obstáculos técnicos ni medidas de verificación de edad.

La ausencia de controles técnicos y protocolos de seguridad efectiva en la plataforma permitió que el menor interactuara con hasta 37 hombres adultos, según se recoge en el expediente judicial. La acusación sostiene que la inexistencia de mecanismos de verificación de edad hizo posible que adultos interesados en establecer contacto con menores accedieran y mantuvieran comunicaciones y acuerdos con plena libertad. Para la Fiscalía, esto supuso un grave fallo en el deber de prevención y protección frente a delitos sexuales que involucran a menores.

El medio informó que el juicio ha puesto sobre la mesa las deficiencias tecnológicas y la falta de responsabilidad de los intermediarios digitales en la protección de niños y adolescentes frente a riesgos de explotación y abuso en entornos virtuales. Los atenuantes aplicados, entre ellos la dilación indebida y la reparación inmediata del daño por parte de la mayoría de los acusados, evidencian además la complejidad y extensión de la instrucción del caso, que abarca hechos ocurridos a lo largo de año y medio de actividad en la plataforma.

Los detalles del proceso reflejan tanto la magnitud del caso, con decenas de personas implicadas y una investigación sobre la infraestructura digital utilizada, como los retos legales frente al uso de internet por menores y adultos para propósitos ilícitos. Según detalló la fuente, la combinación de sentencias mediante acuerdo y las peticiones de condenas más severas para quienes no han reparado el daño o no han reconocido su responsabilidad, marca la diferenciación entre las vías judiciales seguidas por los acusados.

La Fiscalía, en sus conclusiones provisionales, identificó la importancia de imponer tanto penas privativas de libertad como económicas, y destacó la inhabilitación profesional específica como reacción jurídica frente a los riesgos delictivos en contextos virtuales. Además, la actuación del administrador de la web está en el centro de la responsabilidad penal por la gestión de un espacio facilitador de contactos ilícitos entre adultos y un menor, según la acusación recogida por el medio.

Las medidas aplicadas, los acuerdos alcanzados y la composición del caso judicial constituyen uno de los mayores procedimientos recientes vinculados a delitos de índole sexual cometidos a través de nuevas tecnologías, según se desprende del desarrollo del juicio publicado por la fuente.