Sánchez anima a reformar este semestre la ley de secretos pero no aclara si desclasificará documentos anteriores al 23F

Las demandas de la portavoz de EH Bildu en el Congreso, Mertxe Aizpurua, centraron el debate parlamentario en la persistencia del secretismo en torno a documentos sobre episodios controvertidos de las décadas pasadas en España. Aizpurua destacó que, aunque el Ejecutivo ha liberado recientes expedientes del intento de golpe de Estado del 23F de 1981, otros archivos que se remontan a sucesos como la represión policial del 3 de marzo de 1976 en Vitoria, las cargas en los Sanfermines de 1978, la muerte bajo tortura de Mikel Zabalza en 1985, así como las actividades del Batallón Vasco Español y el GAL, permanecen protegidos por la actual legislación. El medio El País detalló que la oposición considera insuficiente la apertura parcial y exige la desclasificación total, reclamando más avances en materia de transparencia institucional.

En medio de la presión ejercida desde la oposición, el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, sostuvo en la sesión de control en el Congreso que es necesario reformar en este semestre la Ley de Secretos vigente desde 1968. Según publicó El País, Sánchez exhortó a las formaciones políticas a colaborar para actualizar el marco legal, elevándolo, en sus palabras, “al nivel de las democracias más avanzadas en el ámbito de la transparencia y de la gestión de secretos oficiales”. No obstante, el presidente evitó concretar si accederá a desclasificar documentos anteriores incluso al fallido golpe de Estado de 1981. De acuerdo con lo reportado por El País, Sánchez centró su intervención en la necesidad de culminar la tramitación parlamentaria del proyecto de Ley de Información Clasificada, una iniciativa aprobada por el Gobierno en julio del año anterior pero actualmente bloqueada en el Congreso ante la falta de mayorías suficientes.

El proyecto impulsado por el Ministerio de Presidencia, según detalló El País, prevé derogar la normativa preconstitucional de 1968, estableciendo criterios más precisos, plazos y procedimientos de revisión para el acceso y la desprotección de documentos considerados secretos oficiales. Para el Ejecutivo, la propuesta busca dotar de mayor rigor y claridad las reglas para gestionar la información sensible, siguiendo el ejemplo de las legislaciones democráticas más recientes en Europa. Sin embargo, grupos como EH Bildu y el Partido Nacionalista Vasco han reiterado sus reproches, señalando que cualquier reforma debe evitar la prolongación injustificada de los períodos de secreto, que en el nuevo texto podrían extenderse hasta 60 años.

Durante el debate parlamentario, la portavoz de EH Bildu sostuvo que la apertura de los papeles del 23F exhibe que la voluntad política del Consejo de Ministros puede remover restricciones sobre documentación relevante, sin depender necesariamente de una reforma legislativa. En palabras dirigidas al presidente, recogidas por El País, Aizpurua argumentó: “Usted dijo que la memoria no puede estar bajo llave y tiene toda la razón. Por eso le pedimos que desclasifique ya todos los documentos. Las familias y la sociedad vasca tenemos derecho a conocer la verdad, no nos la niegue. Desclasifique la impunidad”. De acuerdo con El País, la portavoz insistió en que los secretos de Estado todavía pesan sobre episodios que marcaron la Transición y los primeros años de la democracia, lo que dificulta el acceso a la verdad para los investigadores, víctimas y familiares.

El presidente Sánchez, por su parte, subrayó que el Ejecutivo celebra la desclasificación de documentos del 23F, valorando la medida como un “gran día para la democracia”. Según afirmó el mandatario y consignó El País, esta decisión responde a una “deuda no solamente con los investigadores que quieren arrojar luz sobre hitos de la historia de nuestro país, sino también con el conjunto de la ciudadanía”. Sin embargo, Sánchez no precisó si la política de transparencia adoptada en el caso concreto del 23F se extenderá de inmediato a otros sucesos cuyos expedientes siguen bajo secreto estatal.

De acuerdo al medio, el actual bloqueo del proyecto de ley en el Congreso se explica por la falta de acuerdos suficientes para aprobar modificaciones profundas respecto a la clasificación y el acceso a información reservada. Tanto los partidos nacionalistas como varios grupos de la oposición insisten en eliminar toda continuidad legal con prácticas de opacidad que consideran provenientes del franquismo, reclamando condiciones claras para la retirada de restricciones a la información sobre hechos sensibles del pasado democrático y de la Transición.

El debate sobre el acceso a archivos históricos y de seguridad tiene lugar en un contexto de demandas crecientes de la ciudadanía y de los colectivos de víctimas por conocer el contenido de documentos todavía protegidos por la norma de 1968. El diario El País agregó que la reforma legislativa, de concretarse en el actual periodo de sesiones que concluye en junio, podría modificar los parámetros sobre los cuales se decide qué información se considera secreta y durante cuánto tiempo lo sigue siendo, en línea con las prácticas de otros estados europeos. Varias organizaciones sociales también han hecho pública su postura en favor de la visibilidad y el acceso a la documentación para fortalecer los principios democráticos de rendición de cuentas y memoria histórica.

Paralelamente, los argumentos de los grupos que rechazan la actual propuesta gubernamental se centran en la posibilidad de que una nueva ley mantenga la opacidad sobre determinados hechos, prolongando la ausencia de información pública varias décadas más. Estos partidos destacan que una reforma que resultara insuficiente supondría una oportunidad perdida para democratizar la gestión de los secretos oficiales y saldar cuentas con episodios aún por esclarecer, según viene recogiendo El País. Mientras tanto, el Ejecutivo sostiene su defensa del texto como una herramienta necesaria para acabar con una normativa obsoleta, aunque sin confirmar cambios inmediatos en su política de desclasificación más allá del marco legislativo en discusión.