El ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, planteó ante el Congreso que una reforma urgente a la Ley de Memoria Democrática permitiría otorgar el reconocimiento de víctima a Manuel José García Caparrós, fallecido en Málaga durante una manifestación en diciembre de 1977 a causa de un disparo realizado por un agente de la Policía Armada. Según detalló Europa Press, la actual normativa excluye su caso tanto del estatus de víctima del terrorismo como del de represión franquista, por lo que el ministro sugirió impulsar cuanto antes el cambio legislativo necesario en la Cámara Baja para atender la demanda de la familia.
Grande-Marlaska hizo este planteamiento durante una comparecencia motivada por cuestiones relacionadas con la baliza V16 solicitada por la Dirección General de Tráfico. Ante una pregunta de Enrique Santiago, portavoz de Izquierda Unida y representante de Sumar, el titular de Interior aclaró que la vía más expedita para que García Caparrós sea reconocido como víctima sería una modificación exprés de la Ley de Memoria Democrática aprobada en 2022. De acuerdo con lo que publicó Europa Press, la familia del joven sindicalista recibió la comunicación oficial por carta de la directora general de Apoyo a las Víctimas del Terrorismo, Montserrat Torija, quien calificó de "execrables" los hechos y subrayó que la función de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado ha de ser la protección de los ciudadanos.
La negativa a conceder el estatus de víctima del terrorismo se sustenta en la Ley 29/2011, que, según explicó el ministro, limita ese reconocimiento a los afectados por acciones de grupos cuyo objetivo es cuestionar los valores democráticos mediante el uso de la violencia armada. En este marco legal, solamente aquellos fallecidos por ataques terroristas, como Vicente Cuervo —asesinado durante una manifestación en 1980 por un grupo extremista— pueden ser incluidos dentro de esa protección. Sin embargo, el caso de García Caparrós, al tratarse de un disparo de la Policía Armada, carece de encaje jurídico según la interpretación vigente de la ley de víctimas.
En relación con la normativa anterior, Grande-Marlaska evocó la Ley de Memoria Histórica aprobada en 2007 durante el gobierno de José Luis Rodríguez Zapatero. Esta norma, en su artículo 10, permitía reconocer indemnizaciones a personas fallecidas entre 1968 y el 31 de diciembre de 1977 en defensa de la ley y la democracia. Europa Press consignó que, tras la reforma de la Ley de Memoria en 2022 impulsada por el Ejecutivo de Pedro Sánchez, este artículo quedó derogado y desapareció la vía legal para ese tipo de reconocimiento. Hasta la derogación, no constaba que la familia hubiese realizado ninguna reclamación formal amparada en aquel artículo.
Grande-Marlaska subrayó ante los grupos parlamentarios que el restablecimiento de esta posibilidad requeriría una reforma urgente de la ley vigente, reintegrando el criterio que establecía el artículo 10 de la normativa de 2007. El ministro apeló de manera directa a los parlamentarios, afirmando que “esa posibilidad está en sus manos” y que consideraría tal reforma como la solución más rápida al caso, según informó Europa Press.
Desde el Ministerio del Interior se enfatizó que la Ley de Memoria Democrática de 2022 no contempla una figura específica para las víctimas de actuaciones policiales fuera del contexto de la represión franquista o del terrorismo. Esta situación ha dejado sin opciones a las familias como la de García Caparrós para obtener el reconocimiento y las reparaciones previstas para otros tipos de víctimas.
Según publicó Europa Press, la controversia surge tras la intervención de Montserrat Torija en la que reitera que la actuación policial que derivó en la muerte del joven resulta incompatible con los fines legales y que la protección integral que otorga la ley actual no se aplica en este caso.
El debate sobre el reconocimiento institucional de las víctimas como García Caparrós se ha mantenido vigente en el Congreso, a raíz de las limitaciones normativas impuestas por las reformas legales en materia de memoria. El medio Europa Press reportó que la familia del joven malagueño y diversos colectivos han reclamado el amparo del Estado para estos casos que, por razones cronológicas y jurídicas, han quedado fuera de los esquemas de reconocimiento oficial introducidos en los últimos años.
Recientemente, el caso fue puesto de nuevo en la agenda política tras la intervención de Enrique Santiago, que trasladó la inquietud de los familiares y demandó una solución legislativa. Grande-Marlaska reiteró la imposibilidad legal de otorgar la categoría de víctima del terrorismo bajo el marco actual, diferenciando el caso del de quienes han sufrido ataques de organizaciones armadas con fines desestabilizadores de la democracia.
En la misiva remitida a la familia de García Caparrós, a la que accedió Europa Press, Torija considera que los hechos en los que perdió la vida el sindicalista no corresponden al tipo de violencia reconocida por la ley, aunque reconoce la gravedad de la actuación policial. Estas declaraciones han reabierto el debate sobre los límites del reconocimiento estatal a capítulos oscuros de la historia reciente.
El posicionamiento del Ministerio del Interior recoge demandas históricas del movimiento memorialista, que insisten en ampliar el alcance de las leyes de memoria y reparación para abarcar casos equiparables que aún no acceden a los derechos de reparación previstos para otras categorías de víctimas. Grande-Marlaska, según consignó Europa Press, propuso que el Congreso retome el criterio de la ley de 2007, modificando la de 2022 para responder a situaciones excluidas por la reforma que derogó el artículo 10.
Así, el reconocimiento y la reparación para Manuel José García Caparrós dependen ahora de que los grupos parlamentarios consideren viable y urgente la recuperación de los mecanismos legales que existían hasta la modificación legislativa más reciente. La cuestión sigue abierta mientras las familias aguardan una respuesta que les permita acceder al marco de derechos reconocidos en el texto legal anterior.
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