Interior va a revisar el protocolo de acoso sexual de la Policía para saber por qué la víctima del DAO no lo usó

Durante su intervención en la comisión de Interior del Congreso, Fernando Grande Marlaska expuso que la revisión extraordinaria de los protocolos internos de acoso sexual y violencia de género en las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado buscará identificar las razones por las que una agente decidió recurrir exclusivamente a la vía judicial y no al mecanismo interno tras denunciar una violación atribuida al ex Director Adjunto Operativo (DAO) de la Policía Nacional, José Ángel González. De acuerdo con la información publicada por varios portavoces en la comisión, la noticia ha generado un intenso debate político y ha puesto en entre dicho los procedimientos internos destinados a proteger a las víctimas dentro del propio cuerpo policial.

El ministro del Interior detalló, según consignó el medio de referencia, que la Secretaría de Estado de Seguridad se encuentra a cargo de esta revisión extraordinaria con el objetivo de determinar con precisión qué fallos podrían haber influido en la decisión de la agente de no utilizar el protocolo interno. Conforme explicó Grande Marlaska durante su comparecencia, los protocolos vigentes en la Policía Nacional y la Guardia Civil desde 2022 y 2019 respectivamente ya han sido activados en otros casos de denuncias internas y sometidos a revisiones periódicas, pero en este caso la gravedad de las acusaciones ha motivado un análisis extraordinario. El ministro afirmó: “Es evidente que algo falla si la víctima no utilizó estos protocolos por la razón que fuera. Y por lo tanto, vamos a revisar los aspectos del sistema que sean necesarios con la intención de determinar por qué una policía agredida renunció a denunciar de inmediato el ataque que sufrió”.

Los procedimientos internos contemplados para la denuncia de acoso sexual o violencia de género han sido utilizados por otras víctimas dentro de los cuerpos de seguridad, manifestó el titular de Interior, según publicó el medio. No obstante, Marlaska subrayó que en esta oportunidad el caso alcanza una dimensión particular al involucrar a un alto mando y que resulta imprescindible detectar carencias existentes en los protocolos vigentes vinculados a situaciones de acoso sexual, de género, orientación o identidad sexual, con el fin de corregirlas y evitar la repetición de episodios similares dentro de la institución.

La comparecencia de Grande Marlaska estuvo marcada por la presión ejercida desde varios grupos parlamentarios -PP, Vox, ERC y Unión del Pueblo Navarro- quienes demandaron explicaciones sobre la gestión de la denuncia presentada contra quien hasta la semana anterior ostentaba la máxima responsabilidad uniformada en la Policía Nacional. De acuerdo con lo reportado por la fuente, el portavoz del Partido Popular, Ángel Hernández, calificó el episodio como el “ataque más grave que ha sufrido la Policía Nacional en toda su historia” y solicitó explicaciones sobre el conocimiento previo que el ministro pudiera haber tenido del caso, cuestionando también su posible intervención en la continuidad del DAO.

Desde Vox, Ignacio Gil Lázaro enfatizó que por primera vez en la historia de la democracia española el DAO de la Policía enfrenta la condición de presunto agresor sexual, y criticó la ampliación de la edad activa del ex mando a través de un decreto que, según su punto de vista, no se ajustaba al fondo del asunto. Además, denunció que se habría ejercido presión sobre la víctima al colocarla en la situación de decidir la continuidad del responsable denunciado, y exigió la dimisión de Marlaska por lo que calificaron como falta de “decencia política”.

En sus intervenciones, representantes de otras formaciones como ERC también requirieron precisión al ministro sobre un asunto que ha conmocionado a la opinión pública y que afecta la confianza en los mecanismos internos del Ministerio del Interior. Francecs-Marc Álvaro Vidal, diputado de ERC, solicitó información detallada acerca del impacto institucional de la denuncia y la respuesta oficial brindada hasta el momento.

La respuesta de Grande Marlaska incluyó el argumento de que actuó con rapidez tras conocer la admisión a trámite de la querella. Según publicó el medio, el ministro afirmó que tras leer la denuncia concedió al DAO “un cortísimo espacio de tiempo para que asumiera la responsabilidad y dimitiera”, señalándole que en caso de no hacerlo sería cesado de inmediato: “Todo en menos de dos horas”, expuso el ministro. También añadió que la principal preocupación de su equipo fue proporcionar a la denunciante “toda la protección y el apoyo necesario para garantizar su completa defensa y obtener, si así lo decide la Justicia, toda la reparación posible”.

No obstante, estas explicaciones no satisficieron a los diputados del PP, Vox y Unión del Pueblo Navarro quienes insistieron en solicitar la renuncia de Marlaska, considerando que la responsabilidad institucional por lo sucedido recae directamente sobre el ministro. El diputado Alberto Catalán, portavoz foralista, reiteró el pedido de dimisión y calificó de “vergonzoso escándalo” la gestión realizada dentro del Ministerio del Interior.

Durante el debate parlamentario, los portavoces de diferentes grupos, entre ellos Vox, ERC y Bildu, cuestionaron la ausencia pública del director general de la Policía, Francisco Pardo, tras el estallido del caso. Además, la atención se dirigió hacia las medidas adoptadas respecto al comisario Óscar San Juan, considerado mano derecha del exDAO, por supuestamente intentar comprar el silencio de la víctima. El diputado de Vox reprochó al ministro el traslado de San Juan a un nuevo puesto en la Policía Científica, alegando que no se adoptaron medidas más contundentes como la suspensión de empleo y sueldo, conducta que también fue criticada por Iñarritu, portavoz de Bildu.

Grande Marlaska argumentó que el traslado obedeció a la necesidad de apartar al comisario de una posición sensible, ubicándolo en otra función que consideró irrelevante en términos de responsabilidad institucional. Explicó que no resulta posible suspender de empleo sin fundamentos objetivos que puedan sostenerse ante un eventual recurso en los tribunales. Además, refirió que será la propia Justicia quien determine si corresponde investigar a San Juan por supuestas presiones ejercidas sobre la denunciante y que el Ministerio del Interior se atendrá a las resoluciones judiciales que resulten de la causa.

El intercambio parlamentario abordó también la cuestión de los destinos en embajadas ofrecidos a agentes involucrados en situaciones delicadas como alternativa de gestión interna, destacando la necesidad de regular los criterios para la concesión de dichos puestos, denuncia también formulada por representantes de varias bancadas.

La revisión extraordinaria de los protocolos de acoso sexual y violencia de género continuará bajo la supervisión de la Secretaría de Estado de Seguridad, dirigida por Aína Calvo, y buscará identificar de forma precisa posibles deficiencias que hayan impedido el uso del mecanismo institucional por parte de la denunciante. Tal como remarcó el ministro, el proceso apunta a fortalecer la confianza en las vías internas de protección y reparación destinadas a miembros de la Policía Nacional y la Guardia Civil frente a conductas impropias atribuidas a mandos superiores u otros integrantes de los cuerpos policiales.