Martínez Sola negó que existiera “trato de favor” o “ayudas ilícitas” en el proceso de rescate estatal a Plus Ultra en 2021, resaltando que la operación, valorada en 53 millones de euros, fue evaluada judicialmente y supervisada por el Tribunal de Cuentas, sin hallarse “irregularidad alguna”. El presidente de la aerolínea afirmó, además, que Plus Ultra ha generado un retorno económico y social de 114 millones de euros a través de pagos a la Seguridad Social, impuestos, creación de empleo y abonos por intereses de la financiación, según publicó Europa Press.
Durante su comparecencia ante la comisión de investigación sobre el denominado 'caso Koldo' en el Senado, Martínez Sola manifestó que el fondo articulado por el Gobierno, mediante la Sociedad Estatal de Participaciones Industriales (SEPI), tenía como propósito sostener el tejido empresarial y el empleo en una etapa de crisis sin precedentes causada por la pandemia. Según describió, Plus Ultra padeció un impacto “extraordinario”, con la paralización del tráfico aéreo y la desaparición de ingresos, contexto en el que la empresa recurrió al rescate estatal.
De acuerdo con lo informado por Europa Press, el presidente de la compañía señaló que la tramitación del expediente implicó un análisis completo y minucioso desde varias ópticas: económicas, jurídicas y financieras, tanto por parte de la SEPI como por empresas y profesionales externos independientes contratados por Plus Ultra. Añadió que todo el procedimiento se desarrolló bajo condiciones y controles reglados, extendiéndose durante los seis meses que permite la normativa, rechazando que existiera algún mecanismo fuera de la legalidad o una concesión arbitraria de fondos.
Durante su intervención, Martínez Sola denunció lo que consideró un “ataque desproporcionado y continuado” en contra de la aerolínea, y criticó informaciones y acusaciones que, según él, “vinculan a la compañía con supuestos hechos ajenos a su gestión”. Entre estas acusaciones, mencionó insinuaciones y rumores que apuntaban a que Plus Ultra contaba con un solo avión, era propiedad del Gobierno, no cumplía los requisitos del fondo de rescate, tenía su sede social en Panamá, financiaba a la Internacional Socialista, o participaba en actividades ilegales como tráfico de drogas, armas o personas, transporte ilícito de oro, falsificación de manifiestos de carga, o elusión de controles policiales en Barajas. Para Martínez Sola, estas afirmaciones carecen de fundamento y no existe resolución alguna que avale tales vinculaciones, informó Europa Press.
El contexto de su comparecencia estuvo marcado por su propia detención en diciembre por parte de la Policía Nacional y el registro de la sede de Plus Ultra, en el marco de la investigación abierta tras una denuncia de la Fiscalía Anticorrupción. Como indicó Europa Press, la investigación apunta a un presunto “uso indebido” de los fondos recibidos del Gobierno, con sospechas de blanqueo de dinero público y de oro venezolano en varios países. Ante la comisión, Martínez Sola defendió el papel de la empresa y la legalidad del expediente, insistiendo en que toda la operación fue fiscalizada y que “nadie nos ha regalado nada”.
El presidente recordó que Plus Ultra inició sus operaciones en julio de 2015 y, como otras compañías del sector, enfrentó una situación crítica durante la pandemia, lo que motivó la solicitud del rescate a fin de preservar la actividad y el empleo. Según afirmó Martínez Sola, la concesión de los préstamos no solo permitió superar la coyuntura adversa, sino que los beneficios se reflejaron en la economía española por el pago de impuestos, la protección del empleo y los intereses devengados, que suman nueve millones de euros.
El dirigente concluyó su comparecencia acogiéndose a su derecho a no declarar ante la comisión, puesto que se encuentra como investigado en una causa judicial que permanece bajo secreto de sumario. A lo largo de su intervención, reiteró que Plus Ultra ha cumplido las condiciones impuestas en la financiación, reportó Europa Press, y rechazó cualquier vínculo con actividades ilícitas o elusión de controles legales durante el proceso de rescate.
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