El PP pide a Abascal no creerse "las etiquetas" de la izquierda y defiende su documento marco: "A nadie puede molestar"

La inclusión del compromiso de aprobar los presupuestos autonómicos para toda la legislatura en el documento marco propuesto por el Partido Popular ha generado atención entre los interlocutores políticos de Extremadura y Aragón. Según informó Europa Press, esta postura busca garantizar la estabilidad de los futuros gobiernos autonómicos que puedan surgir de un acuerdo con Vox, formación con la que el PP mantiene abiertas negociaciones para la constitución de ejecutivos en ambas comunidades tras los últimos comicios.

Durante una rueda de prensa en el Congreso, posterior a la reunión de la Junta de Portavoces, la portavoz del Grupo Popular, Ester Muñoz, manifestó que este documento establece normas iniciales para la negociación y constituye una declaración de mínimos que, según sus palabras, no debería generar rechazo en ninguna de las partes. De acuerdo con Europa Press, Muñoz defendió que la publicación de un marco común de reglas responde a la voluntad de transparencia y de facilitar confianza en el proceso de diálogo, insistiendo en que este enfoque refleja el mandato recibido de los votantes.

La reacción de Santiago Abascal, presidente de Vox, al decálogo presentado por el PP fue notablemente crítica, describiendo el texto como “incorrecto” y manifestando que le resultaba incómodo el tono adoptado, ya que en su opinión sugería que los populares “negocian con salvajes que hay que intentar domar”. Abascal especificó, según recogió Europa Press, que le resultaba problemático que el documento incluyera referencias explícitas a la unidad nacional, la Constitución y la separación de poderes, aspectos que, a su juicio, representan un inicio inadecuado para el diálogo político entre ambos partidos.

Muñoz, en respuesta a estas críticas, expresó sorpresa y afirmó —según publicó Europa Press— que resulta habitual que una propuesta de este tipo sirva de punto de partida en las negociaciones políticas. Añadió que “entregar un documento con propuestas no debería considerarse una actitud hostil” y reiteró su petición a Abascal de que “no se crea las etiquetas” que la izquierda adjudica a Vox. En sus declaraciones, la portavoz insistió en que la presentación de este marco normativo evidencia la disposición del PP a liderar un proceso negociador, función que, a su entender, corresponde al partido que ha obtenido la victoria en las elecciones.

El texto del Partido Popular, de acuerdo con lo consignado por Europa Press, se concibe como una hoja de ruta orientada a sentar las bases mínimas comunes en todas aquellas comunidades donde sea necesario pactar con Vox. Muñoz remarcó que esta iniciativa no cierra la puerta a discutir particularidades propias de cada territorio en fases posteriores de la negociación, pero subrayó que la existencia de un texto común aporta claridad y permite que la ciudadanía conozca los extremos del eventual acuerdo.

En su intervención, Muñoz evocó el papel que hubiera jugado el presidente del PP, Alberto Núñez Feijóo, si continuara al frente de la Xunta de Galicia, asegurando que “le hubiera parecido estupendo este documento” al ofrecer un marco general aplicable a todas las negociaciones autonómicas entre PP y Vox. Según reflejó Europa Press, la portavoz enfatizó que la elaboración de un documento marco con primeras reglas de relación es compatible con el reconocimiento de las especificidades de cada comunidad autónoma y puede ser respaldada por cualquier presidente autonómico del Partido Popular.

Respecto a las probabilidades de alcanzar un acuerdo tras la reacción de Abascal, Muñoz se mostró optimista y declaró que mantiene la convicción de que habrá un pacto tanto en Extremadura como en Aragón. Según añadió Europa Press, la portavoz manifestó no prever una repetición electoral ante una mayoría suficiente del centroderecha en ambas regiones, apuntando a la interpretación de los resultados electorales como un rechazo a un gobierno de izquierdas.

El documento en cuestión introduce, además, la exigencia de consensuar los presupuestos autonómicos, lo cual, en palabras de Muñoz al medio Europa Press, persigue evitar situaciones de inestabilidad como las observadas durante la legislatura de Pedro Sánchez, a quien responsabilizó de no haber presentado cuentas públicas completas. Recalcó que, ante un acuerdo programático, la estabilidad institucional debe constituir uno de los ejes fundamentales.

En referencia a experiencias previas, Muñoz aludió a anteriores negociaciones de Vox en gobiernos, en las que el debate se centró principalmente en la distribución de consejerías. Ahora planteó, según indicó Europa Press, la importancia de enfocar el diálogo en la elaboración de políticas y programas concretos, instando a avanzar en el trabajo negociador.

El proceso ha incluido ya reuniones concretas, como el encuentro sostenido entre el secretario general del PP, Miguel Tellado, y el presidente autonómico aragonés, Jorge Azcón. Muñoz anticipó —de acuerdo con Europa Press— la celebración de múltiples citas en las próximas semanas, dada la complejidad y el alcance de los acuerdos autonómicos que se están discutiendo.

Presionada sobre las críticas de Vox, la portavoz del Grupo Popular reiteró que el planteamiento del documento marco no pretende imponer condiciones inamovibles, sino establecer un punto de partida para la negociación política que, posteriormente, tendrá que adaptarse a las realidades de cada comunidad autónoma sometida a pacto. Según resumió Europa Press, Muñoz defendió la actitud del PP como un ejercicio de responsabilidad y transparencia, y expresó que cualquier crítica por hacer públicas estas reglas iniciales resulta injustificada.

El documento marco y el debate público que ha suscitado, según el seguimiento realizado por Europa Press, reflejan las tensiones inherentes a la búsqueda de acuerdos entre partidos de centroderecha en el escenario autonómico, evidenciándose la importancia otorgada tanto a la transparencia en el proceso como a la defensa de la gobernabilidad y la estabilidad institucional para responder a los resultados expresados en las urnas.