El Congreso acepta otra vez la ley del PNV para eliminar el recurso previo de inconstitucionalidad que el PSOE defiende

El Congreso ha celebrado una sesión en la que la propuesta del Partido Nacionalista Vasco (PNV) para modificar la Ley Orgánica del Tribunal Constitucional (TC) ha continuado su recorrido legislativo tras obtener una estrecha mayoría en el primer trámite parlamentario. La cámara baja sometió a votación la toma en consideración de la proposición, logrando 175 votos a favor frente a 171 en contra, sin abstenciones, según consignó el medio El País.

La iniciativa impulsada por el PNV busca dos objetivos centrales: suprimir el recurso previo de inconstitucionalidad para los estatutos de autonomía y reducir las sanciones a cargos públicos que incumplan resoluciones del TC. La medida recibió el respaldo de los aliados habituales de investidura, pero encontró la oposición firme de Partido Popular, Vox y Unión del Pueblo Navarro. Según detalló El País, esta propuesta no es nueva, pues el PNV la ha presentado en cada legislatura desde la reforma introducida por el Gobierno de Mariano Rajoy en 2015. En la anterior ocasión, el proceso legislativo no culminó debido a la disolución de las Cortes en 2023, tras sucesivas prórrogas para la presentación de enmiendas.

Durante el debate, el portavoz de Justicia del PNV, Mikel Legarda, cuestionó la existencia del recurso previo de inconstitucionalidad. Para Legarda, su instauración representó “un acto de desconfianza preventiva de las Cortes Generales hacia sí mismas”, además de considerarlo “arbitrario”. El medio El País recogió las declaraciones en las que el portavoz lo calificó como “un instrumento de obstrucción previo”, que permite a la minoría parlamentaria disponer de una herramienta para bloquear decisiones tomadas por la mayoría, otorgando así “un auténtico veto político en manos de la oposición”.

El PSOE, por su parte, mantuvo una postura matizada. El diputado socialista Artemi Rallo recordó que su partido apoyó en la oposición la reintroducción de este recurso con el objetivo de evitar crisis institucionales similares a la vivida con el Estatuto de Cataluña, aprobado en referéndum y después modificado por el TC. Rallo destacó que la medida pretendía “atemperar y mitigar el potencial conflicto social e institucional derivado de la declaración de inconstitucionalidad, total o parcial, de una reforma estatutaria ya aprobada por un legislador autonómico cualificado e incluso ya refrendada por los ciudadanos”, según reportó El País. Insistió en que el recurso previo no constituye un control o veto político, ni desvirtúa el papel del tribunal.

No obstante, el Partido Socialista dejó en claro que su respaldo actual a la tramitación de la proposición se limita únicamente al apartado que propone la reducción de sanciones impuestas a cargos públicos por desacatar resoluciones del TC. En este sentido, el PSOE considera que la reforma de 2015 otorgó al tribunal “exorbitantes e innecesarias facultades” para la ejecución de sus decisiones, posición que lo alinea con el PNV en este aspecto específico, según detalló El País.

El debate parlamentario refleja la persistencia de discrepancias en torno al papel del TC y la relación entre el poder legislativo y los mecanismos de control constitucional. Según publicó El País, la propuesta del PNV ha originado un nuevo escenario de negociaciones y alianzas, en el que el apoyo socialista resulta fundamental para avanzar, a pesar de las reticencias existentes respecto a la eliminación íntegra del recurso previo de inconstitucionalidad.

El recorrido legislativo de esta iniciativa continuará en próximas sesiones, abriendo un nuevo capítulo sobre el alcance y los límites del control constitucional en el diseño autonómico del Estado español.