PP enmendará la Ley de Multirreincidencia para que no se "premie" a delincuentes con la regularización de migrantes

La posibilidad de que la regularización de migrantes derive en el colapso de servicios públicos como la sanidad, la educación o la vivienda ha llevado a varias comunidades autónomas gobernadas por el Partido Popular (PP) a formular alegaciones formales frente a la normativa impulsada por el Ejecutivo central. Según detalló el medio Europa Press, este lunes la vicesecretaria de Regeneración Institucional del PP, Cuca Gamarra, manifestó que su formación prepara enmiendas a la Ley de Multirreincidencia en el Senado, con el objetivo de impedir que la documentación de extranjeros aprobada por el Gobierno facilite la elusión de controles por parte de personas con antecedentes y permita que accedan a beneficios administrativos.

De acuerdo con la información difundida por Europa Press, Gamarra expuso, tras la reunión del comité de dirección del PP, que el Gobierno prevé una regularización masiva que superaría el millón doscientas mil personas en situación irregular, conforme a estimaciones de la Policía Nacional. Según la dirigente popular, el proceso se lleva a cabo sin exigir siquiera un certificado de antecedentes penales, lo que podría transformar a España en un “coladero” de delincuentes y propiciar la impunidad de quienes hayan cometido delitos. En este contexto, la portavoz popular subrayó la necesidad de reforzar los controles y de asumir una política migratoria diferente que impida la concesión de beneficios a quienes registren antecedentes policiales o procesos penales abiertos.

“La inmigración es competencia exclusiva del Estado, pero las consecuencias de la regularización recaen directamente sobre las comunidades autónomas y los ayuntamientos”, sostuvo Gamarra citada por Europa Press. El PP, añadió, presentará una batería de iniciativas en el Parlamento para activar expulsiones efectivas y mostrar su rechazo al real decreto sobre regularización. Además, incluirá preguntas directas a la ministra de Inclusión, Elma Saiz, para clarificar la posición y el alcance de la medida gubernamental.

Gamarra puntualizó que el proceso de regularización impulsado por el Ejecutivo “no exige un contrato de trabajo ni de formación. Nada. Es un proceso de regularización automático”. Según la información publicada por Europa Press, la dirigente calificó esta política como un riesgo para la seguridad y consideró que la estrategia del Gobierno convierte a España en un entorno favorable para organizaciones dedicadas al tráfico de personas. “Las mafias y los delincuentes con este Gobierno están de enhorabuena y se van a forrar a costa del tráfico de seres humanos”, subrayó la portavoz en declaraciones atribuidas por el medio.

De acuerdo con el medio, el PP anticipa enmiendas en el Senado orientadas a suprimir la figura de la declaración responsable para quienes deseen regularizar su situación migratoria. El grupo popular, que dispone de mayoría absoluta en la Cámara Alta, busca reforzar la obligación de comprobar antecedentes penales y policiales, de modo que cualquier persona que represente un riesgo para la seguridad quede excluida de procesos de regularización.

Gamarra mencionó ante Europa Press la importancia de analizar no solo los certificados de antecedentes penales, sino también cualquier procedimiento penal abierto contra los solicitantes. Asimismo, exigió la verificación de antecedentes policiales como condición para admitir solicitudes, y evaluó como inadmisible cualquier suspensión de procedimientos sancionadores con propuesta de expulsión o de expulsiones ya acordadas como sanción.

En relación al funcionamiento y las consecuencias de la política gubernamental, la portavoz popular afirmó que su partido defiende un modelo migratorio “ordenado, legal y humano”, basado en la imposición de límites claros, condiciones específicas y reglas estrictas. Según la información recogida por Europa Press, el PP reclama “mano dura contra las mafias y delincuencia”, mientras mantiene una postura favorable hacia los migrantes que aspiran a integrarse y contribuir, pero excluye de ese grupo a quienes registren historial delictivo.

El medio consignó que el PP considera insuficiente la supervisión actual y advierte que la regularización aprobada podría convertirse en una vía para que personas con antecedentes eludan la acción de la justicia. Gamarra reiteró que no se puede permitir la impunidad y que “el que venga aquí a delinquir no pueda encontrar impunidad y no pueda convertirse el delito en oficio”.

Por último, Europa Press reportó que el partido llevará próximamente al Parlamento diversas propuestas legislativas enfocadas tanto a endurecer los procedimientos de expulsión como a frenar la futura implantación del real decreto de regularización, presentado por el Ejecutivo. La intención manifiesta del PP, según sus portavoces y los datos difundidos por el medio, es garantizar que cualquier documento expedido a extranjeros en situación irregular quede condicionado al cumplimiento de controles exhaustivos y que se preserve la seguridad dentro del territorio nacional.