Jainaga (Sidenor) no entiende por qué le han abierto causa y dice que hasta hace 6 meses creía en la Justicia

Ante el recurso presentado la pasada semana por la defensa del presidente de Sidenor para que la Audiencia Nacional declare nulo el registro efectuado en la sede de la empresa en Basauri, José Antonio Jainaga sostiene que no existe fundamento razonable en la investigación judicial abierta en su contra por la venta de acero a Israel. Según detalló El medio, la medida fue objetada tanto por la defensa como por la propia Fiscalía, que consideró inadecuada y desproporcionada la actuación llevada a cabo por orden del magistrado Francisco de Jorge.

El presidente de Sidenor, durante su intervención en un encuentro del Foro Capital organizado por Fundación Vital en Vitoria, expuso que ni él ni los otros dos directivos afectados comprenden por qué se ha iniciado un procedimiento judicial, ya que, a su juicio, la empresa ha cumplido rigurosamente con la legalidad vigente en todas las operaciones de exportación a Israel. De acuerdo con la información publicada, el procedimiento judicial analiza si la mercantil pudo haber cometido delitos de contrabando y complicidad en un delito de lesa humanidad o de genocidio, al presuntamente vender sin autorización lotes de acero a la firma Israel Military Industries (IMSI).

Según consignó el medio de referencia, la defensa de Jainaga pidió la nulidad de la entrada y registro, argumentando que el auto judicial supuso “gravísimas medidas limitativas” de derechos fundamentales, ya que según la defensa no existía ningún indicio razonable que justificase la investigación por los delitos citados. La Fiscalía coincidió en rechazar la validez de la entrada y registro, no sólo por la desproporción de la medida —al haberse desplazado quince furgones de personal uniformado— sino porque, según el Ministerio Público, la información que buscaba el juzgado podía haberse obtenido solicitándola directamente a la empresa, que ya se había mostrado dispuesta a colaborar.

El presidente de Sidenor, según reportó el mismo medio, expresó que mantiene la conciencia “perfectamente tranquila”, e indicó que la empresa ha presentado todas las pruebas requeridas para demostrar que los materiales exportados a Israel no requerían autorización previa, ya que no están incluidos en el listado de productos sujetos a control, y la ley exige únicamente informar al Gobierno antes de efectuar la exportación.

Durante su comparecencia, Jainaga expresó que hasta hace seis meses tenía plena confianza en la Justicia, creyendo que perseguía a los delincuentes y protegía a los ciudadanos honestos, opinión que afirma haber cambiado tras el inicio de la causa en su contra. “No entiendo por qué estamos metidos en ese lío”, señaló en el encuentro, añadiendo que cuestionarse continuamente este asunto podría afectar el normal desarrollo de las actividades profesionales.

El presidente de la compañía recordó que la Fiscalía también solicitó la nulidad del registro y sostuvo que el procedimiento fue desproporcionado, siendo mucho más de lo necesario para la obtención de los documentos e información electrónica requerida en la investigación. “No se entiende que para pedir emails o papeles se necesite llegar con 15 furgones cargados de gente encapuchada”, enfatizó durante el evento, declaraciones que comunicó el medio.

El Ministerio Público, según indicó El medio, pidió al juzgado que excluyera del ámbito de la investigación la presunta participación por complicidad en delitos de lesa humanidad o genocidio, planteando que de subsistir la investigación se limitara únicamente a determinar si la empresa pudo incurrir en delito de contrabando a través de ventas no autorizadas. En el escrito de la Fiscalía se manifestó un “desacuerdo absoluto con la posición tomada por el juez”, en referencia al registro de la sede empresarial realizado en febrero.

Jainaga subrayó en su intervención que en todos los envíos de material a Israel cumplieron con los procedimientos legales y reiteró haber comunicado oportunamente al Gobierno cada exportación, según exige la legislación en vigor. Señaló que, a pesar de la situación actual, la empresa mantiene su disposición a colaborar con la Administración y con las instancias judiciales pertinentes, con la finalidad de esclarecer los hechos investigados.

La investigación se centra en determinar las condiciones en las que se realizaron las exportaciones de acero y si Sidenor infringió la normativa sobre exportaciones de productos sensibles. La defensa del presidente valoró que la medida judicial suponía una vulneración de derechos al no contar con un sustento probatorio suficiente. Además, distintos actores han criticado la proporcionalidad de los procedimientos adoptados para la revisión de la sede de la compañía.

Según declaraciones recogidas por El medio, Jainaga transmitió que actualmente sólo confía en algunas instituciones, públicas y privadas, valorando que la crisis de confianza en la Justicia le afecta especialmente, dado su historial previo de seguridad en el sistema. Esta situación ha motivado un debate sobre el modo en que se ejecutan las investigaciones judiciales en casos relativos a exportaciones de material industrial con potenciales destinos bélicos.

El recurso presentado por la defensa argumentó que las medidas impuestas por el magistrado Francisco de Jorge eliminaron de un plumazo los derechos fundamentales de los investigados, al tiempo que ni la Fiscalía ni la empresa consideraban acreditados los hechos que motivaron el registro y la causa penal.

El caso ha abierto interrogantes sobre los mecanismos de control para la exportación de materiales considerados de doble uso o sensibles, así como sobre la interpretación y aplicación de la normativa vigente en España para este tipo de operaciones comerciales internacionales.