Sumar pide cuentas al Gobierno por mantener al DAO de la Policía denunciado por agresión sexual: "Es sorprendente"

Enrique Santiago, portavoz adjunto de Sumar y diputado de Izquierda Unida, subrayó la necesidad de reformar los procedimientos de la Policía Nacional y criticó de manera categórica que en esta institución no existan mecanismos de negociación colectiva ni protocolos internos similares a los que operan en otras Administraciones públicas. Sobre esta base, según consignó el medio, planteó que la ausencia de estos recursos sindicales y de regulación contribuye a la persistencia de situaciones como las recientes denuncias contra altos cargos policiales.

De acuerdo con el reporte de Sumar recogido por diversos medios, Enrique Santiago anunció que el grupo solicitará explicaciones formales al Ejecutivo sobre la continuidad en el cargo del director adjunto operativo (DAO) de la Policía Nacional, José Ángel González Jiménez. El funcionario ha sido señalado por una presunta agresión sexual ocurrida el 23 de abril de 2025. "Es sorprendente", expresó Santiago sobre la permanencia del mando y también cuestionó que no se haya procedido a la destitución inmediata de los comisarios generales implicados en presuntos encubrimientos o en supuestas coacciones a la víctima.

En comentarios realizados ante representantes de los medios en la Cámara Baja, el portavoz de Izquierda Unida calificó como injustificable el mantenimiento de los altos cargos policiales bajo sospecha, tanto por la gravedad de los hechos denunciados como por la reacción institucional que, según su visión, no ha estado a la altura de la situación. Según publicó el medio, Santiago reclamó la depuración de responsabilidades no solo para quienes estarían involucrados inicialmente, sino también para quienes habrían intentado protegerlos o presionar a la persona afectada.

El pronunciamiento incluyó un llamado a revisar y modificar los protocolos internos dentro del cuerpo policial, para evitar que este tipo de incidentes se repitan. Santiago comparó los mecanismos internos de la Policía Nacional con los vigentes en el resto de la Administración, señalando la diferencia entre los derechos y capacidades sindicales de los funcionarios en cada ámbito. El medio informó que el diputado lamentó la falta de garantías colectivas y protocolos claros que, en otras áreas de la función pública, ofrecen mayor protección y transparencia ante hechos graves.

El portavoz adjunto de Sumar también se refirió a la posición del Partido Popular respecto a este caso, acusando al grupo de estar "sobreactuando" frente al escándalo. Según indicó el medio que recogió sus declaraciones, Santiago recordó que la cúpula del Ministerio del Interior durante la anterior administración del PP estuvo involucrada en delitos de distinta índole dirigidos contra partidos de la oposición y contra el aparato de justicia. Esta referencia buscó contextualizar las actuaciones del Partido Popular en medio de las recientes denuncias.

En línea con sus críticas a la gestión de responsabilidades ante casos de presunta conducta ilícita o abuso en instituciones públicas, Santiago solicitó la dimisión inmediata del alcalde de Móstoles, Manuel Bautista, tras haberse conocido la existencia de una querella por presunto acoso sexual en su contra. Según reportó el medio, el diputado exigió el mismo estándar de exigencia aplicado en el caso del DAO de la Policía para los responsables municipales bajo investigación, subrayando la importancia de actuar sin demora frente a denuncias graves de este tipo.

La declaración de Santiago se produjo en un contexto de creciente presión política y social sobre las instituciones encargadas de la seguridad y la gestión pública, ante la demanda de transparencia y responsabilidad en la administración de casos de presunto abuso o encubrimiento. El medio detalló que tanto la exigencia de reformas internas como la exigencia de dimisiones forman parte de una estrategia más amplia dirigida a fortalecer la confianza pública y garantizar justicia frente a los hechos denunciados.

Los planteamientos del portavoz adjunto de Sumar, recogidos por la prensa, se inscriben en el marco de un debate más amplio sobre los mecanismos de control, la protección a las víctimas, y la necesidad de reforzar los protocolos internos al interior de la Policía Nacional y otros órganos públicos. La discusión abarca desde la gestión de denuncias hasta la protección sindical y la prevención de actos de encubrimiento, buscando asegurar procedimientos más robustos ante situaciones similares en el futuro.