
Una de las acciones detalladas en los expedientes presentados destaca la aparición de una imagen de Blanca Gastalver, delegada de Educación, Juventud, Edificios Municipales, Deporte y Promoción de la Salud del Ayuntamiento de Sevilla, en un cartel que simula una ficha policial y que le atribuye un supuesto delito. Según documentación a la que accedió Europa Press, Gastalver relaciona estos actos con el hecho de pertenecer al grupo político y al equipo de gobierno municipal; a su juicio, se trata de una campaña motivada únicamente por esa condición. La denuncia se centra en el incremento de hechos presuntamente intimidatorios dirigidos hacia miembros del gobierno local en el contexto del debate sobre la externalización del servicio de limpieza de los colegios.
De acuerdo con lo informado por Europa Press, la delegada municipal presentó este miércoles una ampliación de la denuncia presentada ante la Fiscalía el pasado 3 de febrero, dirigida a varios presuntos empleados municipales de limpieza no identificados. El escrito extendido recoge acusaciones de insultos, actos de intimidación y lo que la denunciante define como una campaña sostenida de presión, que incluiría pintadas en diferentes zonas de la ciudad y pegatinas en contenedores situados en las cercanías de su domicilio. La representante municipal sostiene que estas conductas buscan restringir el ejercicio libre de los derechos de los miembros de la corporación y forzarles a actuar bajo los criterios de aquellos implicados en las acciones denunciadas.
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Tal como publicó Europa Press, Gastalver considera que el "modus operandi" descrito denota una intención de coartar la libertad de los ediles y de condicionar sus decisiones en el ejercicio de sus responsabilidades públicas. Entre las pruebas aportadas se encuentran imágenes de pancartas y pegatinas, así como referencias a pintadas detectadas tras los primeros episodios de hostigamiento. Entre estos, la imagen personal de la edil utilizada en una simulación de ficha policial constituye uno de los elementos subrayados en la ampliación de la denuncia.
El documento entregado ante la Fiscalía expande los hechos inicialmente reportados para incluir un nuevo posible delito de odio. La denuncia ampliada se suma a la presentada a comienzos de mes que involucraba, además de Gastalver, al delegado de Seguridad Ciudadana y Recursos Humanos, Ignacio Flores. Según relata Europa Press, ambos responsables municipales fueron insultados e intimidados al salir del Ayuntamiento por lo que describen como un numeroso grupo de personas, presuntamente trabajadores municipales de limpieza, quienes los siguieron por las calles durante su trayecto a pie.
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Fuentes municipales consultadas por Europa Press detallaron que los delegados buscaron refugio en el edificio Laredo, situado junto a la Plaza de San Francisco, tras recibir una serie de insultos y amenazas. Mientras aguardaban la llegada de agentes de la Policía Nacional, uno de los manifestantes dirigió la frase "sabemos donde vives" a los concejales, agregaron las mismas fuentes.
El medio Europa Press reportó que estas acciones se insertan en el marco del creciente malestar existente por la propuesta del Gobierno municipal de Sevilla para externalizar el servicio de limpieza de los colegios. Los sindicatos del comité de empresa convocaron una manifestación para el jueves, coincidiendo con la fecha posterior a la presentación de la ampliación de la denuncia. Este contexto ha intensificado la tensión entre trabajadores y responsables municipales, en especial ante la inminencia de movilizaciones y el debate público sobre el futuro del servicio de limpieza escolar.
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Fuentes del propio Ayuntamiento de Sevilla, según consignó Europa Press, vinculan la escalada de tensión y las acciones de intimidación directamente con la discusión sobre la gestión del servicio de limpieza en los centros escolares municipales. El traslado a la Fiscalía y la extensión de la denuncia buscan que se investiguen estos hechos bajo la posibilidad de que constituyan delitos que trascienden la mera protesta sindical, afectando la normalidad institucional y la seguridad de los miembros del gobierno local.
A lo largo del proceso, la Fiscalía mantiene bajo análisis la documentación y los testimonios aportados por los denunciantes, incluyendo registros fotográficos de las pintadas, las pegatinas y pasquines, así como declaraciones sobre el desarrollo de los hechos que involucraron amenazas directas. Europa Press precisó que continúan las diligencias para identificar a los presuntos responsables de estas acciones y determinar la naturaleza y alcance de los posibles delitos investigados, incluyendo la figura del delito de odio recogida en la legislación española.
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