Vecinos de Tribulete (Madrid) relatan a la jueza "el miedo y la incertidumbre" por presunto acoso inmobiliario

Los residentes del número 7 de la calle Tribulete, en Lavapiés, describieron ante la jueza las consecuencias directas de las obras en su edificio, que, según indicaron, han provocado la salida de aproximadamente 30 personas y mantienen en alerta a unas 25 más que aún habitan las quince viviendas del inmueble. Según informó Europa Press, los vecinos aseguran que las condiciones en el edificio han deteriorado su calidad de vida, generando miedo, incertidumbre y ansiedad, especialmente entre las familias con menores de edad, muchas de las cuales ya abandonaron el lugar.

Diez inquilinos ratificaron ante la jueza de Instrucción número 17 de Madrid una denuncia conjunta contra los propietarios del inmueble, un fondo de inversión y varias empresas gestoras vinculadas. De acuerdo con Europa Press, los denunciantes expusieron que durante dos años han sufrido amenazas verbales, coacciones y la ejecución de obras que, afirman, tienen el objetivo de forzar su salida y hacer inhabitable el edificio para posibilitar una operación especulativa.

Según la querella presentada, tras la adquisición del inmueble por parte de la sociedad propietaria, se iniciaron trabajos en noviembre de 2024 que han consistido en obras comenzadas pero nunca terminadas, andamios instalados de forma permanente y zonas del edificio abiertas o con desperfectos mantenidos durante largos períodos. Los residentes detallaron ante la magistrada que estas intervenciones han generado ruido persistente, filtraciones de agua, humedades y deficiencias en las medidas de seguridad, además de episodios donde temen la caída de cascotes.

La denuncia presentada por los vecinos ante la autoridad judicial también incluye constantes cortes de suministros y la superación reiterada de los límites legales de ruido. Europa Press publicó que los afectados consideran que estos hechos forman parte de una estrategia de acoso inmobiliario y exigen que las obras sean paralizadas hasta que se garantice el cumplimiento de la normativa vigente de seguridad y habitabilidad.

Durante la comparecencia, la jueza María Isabel Garaizabal Ariza interrogó a los denunciantes sobre la magnitud y continuidad de las obras, los horarios laborados y las condiciones de seguridad implementadas. El medio Europa Press detalló que la magistrada incorporó al proceso los nombres de sociedades como Elix Servicios Inmobiliarios SL, Inmho Gestión de la Propiedad SLU, junto a varios responsables y directivos que participaron en la gestión del inmueble.

La instrucción del caso quedó abierta tras la admisión a trámite de la querella, acordada en diciembre pasado. En este contexto, Europa Press reportó que la jueza detectó indicios de un posible delito de acoso inmobiliario, por lo que inició la fase de diligencias previas. Como parte de la investigación, la autoridad solicitó a la Policía Municipal de Madrid la remisión de todos los informes sobre intervenciones realizadas en el inmueble entre noviembre de 2024 y mayo de 2025. Además, pidió al Área de Urbanismo del Ayuntamiento de Madrid el expediente completo sobre las actuaciones llevadas a cabo en el edificio desde el inicio de las obras.

Los vecinos sostienen que la situación en el inmueble ha generado una “incomodidad brutal para vivir y una incertidumbre constante”, según declararon al medio Europa Press algunos de los afectados. Las afecciones psicológicas entre los inquilinos, especialmente en familias con niños, han sido motivo de especial preocupación, destacando el temor a sufrir accidentes en las zonas comunes debido a mal estado de los pasillos y otras áreas compartidas.

La comunidad afectada, con el respaldo de colectivos y sindicatos de inquilinos, buscó la intervención del Ayuntamiento de Madrid para evitar la operación especulativa y solicitó que se aplicara el derecho de tanteo y retracto, que priorizaría a los inquilinos en la compra del edificio. Sin embargo, Europa Press informó que esta petición no prosperó.

En el calendario judicial, está prevista la declaración de los querellados el próximo jueves. Posteriormente, el 3 de marzo se recibirá el testimonio del portero del edificio y del arquitecto Pablo García Bachiller, citados por la magistrada como testigos en la causa. Mientras tanto, continúan las demandas de los vecinos para garantizar el cumplimiento de los requisitos legales en las obras y poner fin al escenario que describen como insostenible.

La instrucción sigue en curso con la recopilación de documentación oficial y la toma de declaraciones a las partes implicadas. Europa Press consignó que entre los señalados en la querella figuran sociedades de gestión inmobiliaria y empresas responsables de la gestión de la propiedad, además de los directivos vinculados con la compra del edificio y la realización de obras.