El Gobierno defiende que Borja Cabezón no está investigado y solo recurrió a una empresa de "asesoramiento fiscal"

Borja Cabezón, quien integra la Secretaría de Organización del PSOE, defendió que la relación de su empresa con Nummaria, un despacho de asesoría fiscal, respondió únicamente a motivos profesionales y se desarrolló entre los años 2008 y 2011, periodo en el que mantuvo su actividad en el sector privado sin ocupar cargos públicos. Según detalló en un comunicado remitido a los medios, su compañía recurrió a los servicios del citado despacho debido al prestigio y la reputación que este tenía entonces, y afirmó que nunca se emplearon laberintos societarios ni estructuras destinadas a la evasión tributaria. El Confidencial había señalado a Cabezón como parte de un posible entramado de sociedades y testaferros para avanzar en una supuesta ingeniería fiscal, lo que motivó esta respuesta.

María Jesús Montero, vicepresidenta primera y ministra de Hacienda, abordó la situación de Cabezón tras la reunión del Consejo de Ministros de este martes. En respuestas recogidas por la prensa y atribuidas por diversas fuentes a la comparecencia oficial, Montero subrayó que Borja Cabezón no está sometido a ningún proceso judicial ni investigación en curso, remitiéndose al contenido del comunicado del propio afectado. "Saben ustedes que hay empresas que se dedican al asesoramiento fiscal y al asesoramiento financiero y que, por tanto, en el ejercicio de su actividad privada durante un periodo de hace más de diez años, pues esta persona al parecer tenía relación con algunas empresas", expresó la vicepresidenta, según publicó la prensa especializada.

De acuerdo con las informaciones difundidas por El Confidencial, la polémica sobre Borja Cabezón se originó tras conocer la supuesta participación en la creación de sociedades pantalla con el ánimo de reducir el pago de impuestos, afirmación que el dirigente socialista ha rechazado insistentemente. El caso de Nummaria, despacho vinculado a varias investigaciones judiciales, resultó judicializado en el año 2016. Según explicó el propio Cabezón y corroboró la Audiencia Nacional, el proceso concluyó tras una década de pesquisas exhaustivas que determinaron la existencia de responsabilidad penal solo en algunos clientes, descartando dicha responsabilidad en otros.

El medio El Confidencial especificó que Borja Cabezón admitió haber contratado a Nummaria, pero negó haber iniciado o sostenido estructuras societarias orientadas a la evasión fiscal. En sus palabras, toda su actividad económica durante el periodo señalado transcurrió dentro del ejercicio privado y no recibió notificación judicial alguna relativa al caso durante la instrucción de la causa en la Audiencia Nacional.

En relación con los efectos de las informaciones publicadas, Cabezón manifestó que se reserva el derecho a tomar acciones legales si continúan apareciendo contenidos que considere difamatorios en su contra. Según medios de referencia, la postura del dirigente socialista es la de defender que las empresas contratadas formaron parte de su gestión profesional privada más de una década atrás y que las resoluciones judiciales no le vinculaban con conductas ilícitas.

La vicepresidenta María Jesús Montero, según recogió la cobertura de la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros, enfatizó que, a su entender, las aclaraciones realizadas por Borja Cabezón mediante su comunicado abordan los principales elementos cuestionados, reafirmando que no existen causas judiciales abiertas ni cuentas pendientes con la Justicia en su contra. Montero recordó que las relaciones contractuales con compañías de asesoría fiscal son habituales entre profesionales privados e insistió en la antigüedad del vínculo empresarial aludido.

El caso Nummaria, objeto de una prolongada investigación que incluyó a diversos clientes, culminó con una sentencia en la que se diferenciaron responsabilidades individuales, conforme a la información aportada por los despachos judiciales que se ocuparon del procedimiento. Tanto Cabezón como sus representantes han subrayado la ausencia de notificaciones oficiales que los impliquen directamente y la inexistencia de cargos formales. Desde el PSOE tampoco se han anunciado medidas en relación a la situación del adjunto de la Secretaría de Organización, siguiendo la línea de argumentación expuesta por Montero y reproducida por los medios.

Tanto las declaraciones de responsables políticos como los testimonios de Borja Cabezón han hecho hincapié en la legalidad de todas las actividades desarrolladas y en la voluntad de responder ante cualquier información que pueda afectar al honor y la imagen del dirigente socialista. Según reiteró la ministra de Hacienda y vicepresidenta primera, la intervención de Nummaria se limitó a un periodo situado en el ámbito profesional, y no existen diligencias o investigaciones activas sobre el dirigente socialista derivadas del procedimiento judicial que involucró al despacho de asesoría fiscal.