Pablo Hasél sigue considerándose un preso político tras cinco años en prisión

Adrián Masa de Vega

Madrid, 16 feb (EFE).- Cinco años después de la detención de Pablo Hasél en la Universidad de Lleida, donde se encerró con decenas de seguidores, el rapero permanece en prisión, cumpliendo las diversas condenas que tiene a sus espaldas, "con una fortaleza ideológica muy grande", en palabras de su abogado, que mantiene que sus castigos son ideológicos.

El 16 de febrero de 2021 Hasél fue arrestado en el rectorado de la citada universidad, donde protagonizó el sonado encierro, e ingresó en la prisión de Ponent, en Lleida, por enaltecer en el antiguo Twitter el terrorismo de ETA y los Grapo, un delito que le costó años antes otra condena.

En el quinto aniversario de su entrada en prisión, que provocó movilizaciones masivas en varias ciudades, EFE habla con su abogado, Diego Herchoren, y con Amnistía Internacional, que siguen denunciando la "flagrante vulneración de derechos" del rapero.

Pablo Rivadulla -su nombre real- está interno en la cárcel de Lledoners y acumula variadas condenas que se remontan a 2014, cuando la Audiencia Nacional lo sentenció a dos años de cárcel por enaltecer en sus canciones el terrorismo de ETA, los Grapo, Terra Lliure o Al Qaeda, un castigo que quedó unos años en suspenso.

Con un horizonte penal hasta la primavera de 2027, Hasél también fue condenado en estos años por agredir al periodista de TV3 Àlex Oró y rociarle con limpiacristales, por amenazar a un testigo de un juicio, por allanamiento de local y resistencia o desobediencia a la autoridad.

La sentencia más sonada fue la que dictó la Audiencia Nacional en 2018, otra vez por enaltecimiento del terrorismo. Esos nueve meses de cárcel que se sumaban a su historial fueron confirmados por el Tribunal Supremo.

Tras desestimar el último recurso con el que Hasél buscaba evitar su ingreso en prisión, finalmente entró en la cárcel el 16 de febrero de 2021.

En un vídeo publicado el pasado 30 de enero en su cuenta de YouTube, se puede escuchar a Hasél sosteniendo en una entrevista que llamar "ladrones" o "criminales" a los miembros de la Casa Real es "describir los hechos que han cometido" y que decir que la Policía ha torturado "es un hecho objetivo".

"Como en la Inquisición, se prohíbe contar la verdad", dice en la grabación para después apuntar que le encarcelan para que la gente no "tome conciencia de cómo actúa el régimen", efectuando "una operación de Estado" en su contra.

Algo con lo que coincide su abogado, Diego Herchoren, que entiende que la suya es una "sentencia aleccionadora" para la ciudadanía y que mantiene que "se le ha condenado por un delito de opiniones".

En una entrevista con EFE, Herchoren define a su cliente como alguien "con una fortaleza ideológica muy grande", y sostiene que "de haberle deseado la muerte a Pedro Sánchez o dicho que habría que violar a Irene Montero, pues probablemente no hubiera ingresado en prisión".

En algunas de sus canciones, Hasél afirmaba que el exalcalde de Lleida Àngel Ros merecía "un navajazo en el abdomen y colgarlo en una plaza" o que explotara el coche de Patxi López, aludía a periodistas del diario El Mundo o ABC en los términos "ojalá vuelvan los Grapo y te pongan de rodillas", o afirmaba: "Es un error no escuchar lo que canto, como Terra Lliure dejando vivo a Losantos".

Otra canción llamada "Juan Carlos el Bobón" y 64 tuits en los que relacionaba a la monarquía con el Estado Islámico, acusaba a la Guardia Civil de torturas o decía sentirse representado por terroristas del Grapo condenados motivaron otra de sus condenas.

Respecto a esta última, en concreto, la sensación de Herchoren es que "la condena estaba escrita de antemano", ya que no se analizó cuál era "el riesgo real para la población" de sus palabras y no tuvieron en cuenta que la corrupción de la Monarquía o las torturas de la Policía "son hechos de sobra conocidos".

En una de sus sentencias, el Tribunal Supremo, con el voto discrepante de dos de los cinco magistrados que consideraron "críticas sin rigor" sus manifestaciones, señaló que la libertad de expresión no puede utilizarse "como un cheque en blanco" y que las descalificaciones del rapero al rey y a las fuerzas de seguridad no eran libertad de expresión, sino "odio y ataques al honor".

Daniel Canales, investigador de Amnistía Internacional, admite que la libertad de expresión no es "un derecho absoluto", sino que puede restringirse siempre que se cumplan "los principios de legalidad, necesidad y proporcionalidad".

Pero advierte que la vía penal "difícilmente va a respetar este triple test" y, aunque la lucha contra el terrorismo sea un fin legítimo, Canales señala que los tuits de Hasél "hablan de grupos inactivos desde hace décadas", un argumento que se tradujo en que el Supremo redujera su pena.

Tanto Amnistía Internacional como Herchoren reconocen que el Tribunal Europeo de Derechos Humanos consideró "proporcionada" la condena del rapero por enaltecimiento del terrorismo, pero recalcan que, en su opinión, lo hizo en contra de su propia jurisprudencia. EFE