
La alerta emitida por la Policía Nacional sobre el aumento en los casos de supuesta pérdida de pasaportes entre ciudadanos extranjeros que buscan acogerse al proceso de regularización extraordinaria en España ha derivado en la reafirmación de las garantías del procedimiento y en el compromiso de actuar ante eventuales irregularidades. El ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, abordó el tema tras su participación en el acto de entrega de la Bandera de España a la Jefatura Superior de Policía de la Comunitat Valenciana, y destacó, según consignó el medio, que el operativo de regularización se ejecutará bajo plena observancia de la normativa vigente y con controles orientados a prevenir el fraude.
En declaraciones recogidas por la prensa este jueves en Valencia, Grande-Marlaska señaló que el reciente informe interno de la Policía Nacional no constituye una denuncia formal, sino que responde a la detección de una tendencia al alza del 60% en las denuncias por presuntas pérdidas de pasaporte entre quienes buscan ser incluidos en el proceso. Según detalló el ministro, el informe se limita a reflejar la “realidad que están observando”, y enfatizó que el dispositivo de regularización responde a un compromiso del Gobierno con quienes han arribado al país “con la voluntad firme de trabajar y de ayudar a que este país siga creciendo.”
El titular de Interior remarcó que el Real Decreto que define la regularización extraordinaria incorpora una serie de garantías normativas y controles estrictos en todas las etapas. Grande-Marlaska garantizó que el proceso contará con los mecanismos necesarios para “hacer frente al fraude en caso de que exista, como en cualquier otra actividad”, según publicó el medio. Añadió que las autoridades policiales y el resto de las instituciones estatales disponen de experiencia y recursos para identificar y evitar posibles irregularidades dentro del programa, y aseguró que todas las actuaciones se ajustarán estrictamente a la normativa aprobada.
Al referirse específicamente a los procedimientos que permiten acreditar la situación de quienes optan al proceso, Grande-Marlaska subrayó la capacidad de la policía para distinguir entre casos legítimos y conductas irregulares. “La Policía sabe trabajar muy claramente, así como también el conjunto de las instituciones del Estado, para poder eludir cualquier fraude en cualquiera de las posibilidades o manifestaciones”, declaró el ministro, según consignó el medio. Insistió además en que existe plena confianza en la labor policial y en la efectividad de los controles previstos.
La regularización extraordinaria responde, de acuerdo a lo indicado por Grande-Marlaska y según reportó el medio, a demandas sociales que buscan reconocer y amparar a quienes se han integrado en el mercado laboral y contribuyen al desarrollo del país. El proceso ha sido diseñado bajo requisitos que pretenden equilibrar la protección de los derechos de las personas migrantes con la vigilancia y la prevención de abusos.
El informe de la Policía Nacional se limita a recordar los criterios de actuación establecidos ante el fenómeno detectado y constituye una medida preventiva dentro de la gestión del proceso. Fuentes del Ministerio del Interior citadas por el medio han enfatizado que esta vigilancia se mantendrá activa durante toda la implementación del programa y que se adoptarán las medidas necesarias en caso de comprobarse cualquier intento de vulnerar los procedimientos.
La actuación coordinada entre administraciones y fuerzas de seguridad, resaltó Grande-Marlaska, persigue garantizar la integridad del proceso y la legalidad de las solicitudes de regularización. El ministro reiteró que el Gobierno mantiene un compromiso permanente con la transparencia y la correcta aplicación de la ley, reafirmando también el respaldo institucional a quienes cumplen los requisitos y participan de manera honesta en la iniciativa gubernamental.


