ERC acuerda con el Gobierno 180 nuevos jueces en dos años en Cataluña y se abstendrá en la ley de multirreincidencia

La creación de 91 nuevos cargos judiciales en Cataluña por real decreto en 2026, sumados a 90 plazas adicionales durante el año siguiente, forma parte del acuerdo alcanzado entre Esquerra Republicana (ERC) y el Ejecutivo central, acuerdo que también implica la abstención de ERC en la votación sobre la ley de multirreincidencia, según detalló el portavoz del partido, Gabriel Rufián, en el Congreso de los Diputados. Esta medida incrementará el número de jueces y juezas en la comunidad autónoma desde las 870 actuales hasta unas 1.050, acercando de este modo la proporción de magistrados respecto al número de habitantes en Cataluña a los indicadores medios europeos fijados por la Comisión Bilateral Estado-Generalitat, según consignó el medio.

De acuerdo con la información difundida por el medio, el pacto se dirige a reforzar la administración judicial y busca solventar el elevado nivel de congestión registrado en los tribunales de la región. ERC sostiene que la incorporación de 180 jueces adicionales en un plazo de dos años permitirá abordar el "colapso judicial" señalado por Rufián, quien defendió que este es un objetivo imprescindible para gestionar adecuadamente los cambios legislativos futuros, especialmente ante iniciativas como la ley de multirreincidencia impulsada por Junts.

Según reportó el medio, Rufián consideró que limitarse a aumentar las penas, como propone la nueva regulación sobre la multirreincidencia, ya se ha demostrado insuficiente. “Nosotros lo que hemos pactado con el PSOE son 90 jueces más para ya porque, si no, el colapso judicial es bestial. No tiene ningún sentido pactar que los ayuntamientos se personen en estas causas, si no hay jueces para juzgar”, declaró Rufián en los pasillos del Congreso. Por ello, ERC ha optado por abstenerse en la votación de la ley, alejándose de la posición punitiva defendida por Junts. La postura fue ratificada por Pilar Vallugera, portavoz de Justicia de ERC en el Pleno, quien también anunció la abstención de la formación.

La dotación de nuevos recursos en el sistema judicial catalán, puntualizó el medio, se inscribe en el marco de la Ley de Eficiencia del Servicio Público de la Justicia que prevé un incremento generalizado de la planta judicial en todo el Estado. ERC subrayó que la aplicación de la ley de multirreincidencia vendrá acompañada de un refuerzo en los medios disponibles y mayor capacidad institucional para abordar el fenómeno. Así, el acuerdo responde también a una preocupación extendida en los últimos años sobre los desafíos que afronta el sistema judicial local por falta de personal, lo que incide negativamente sobre los tiempos de tramitación y la efectividad de las resoluciones judiciales.

El medio recogió además que la ratio actual de jueces y juezas en Cataluña, inferior a la media europea, motivó negociaciones para igualar los estándares continentales. Los objetivos consensuados entre la Generalitat y el Estado en la Comisión Bilateral pretenden ajustar progresivamente los recursos judiciales a las necesidades demográficas y sociales presentes en el territorio.

Este refuerzo estructural, según explicó ERC al medio, deberá traducirse en una mejor atención a los casos de multirreincidencia y en la reducción de los retrasos que afectan el funcionamiento de los tribunales. Aunque el debate sobre el alcance de la ley impulsada por Junts sigue presente, ERC insistió en que la solución estructural pasa más por una ampliación de personal y medios que por enfoques eminentemente sancionadores.

Las previsiones incluidas en el acuerdo alcanzan a toda Cataluña y forman parte de una tendencia general de incremento de los recursos destinados a la administración de justicia. El medio describió que la aplicación del pacto deberá ir evaluándose conforme se implementen las nuevas plazas, para valorar su impacto sobre el funcionamiento de los tribunales y la carga de trabajo de los magistrados.

En síntesis, la medida acordada entre el Ejecutivo y Esquerra Republicana supone uno de los mayores incrementos en la plantilla judicial de Cataluña en los últimos años y constituye una respuesta directa a las demandas de mayor dotación de recursos en la administración de justicia regional, cuyo colapso ha sido puesto de relieve tanto por los responsables políticos como por los profesionales del sector, de acuerdo con el medio.