
La madre de la menor relató que, años después de los hechos denunciados, su hija comenzó a mostrar conductas sexualizadas poco habituales para su edad, un comportamiento que atribuye a lo aprendido, según declaró, durante las visitas al punto de encuentro familiar. Durante el juicio celebrado por la Sección Primera de la Audiencia Provincial, la Fiscalía solicitó una pena de 18 años de prisión y el pago de una indemnización de 30.000 euros por daños morales para el acusado, por supuestos delitos de abuso y agresión sexual contra la niña entre 2016 y 2018. El hombre negó todos los cargos ante el tribunal.
Según publicó el medio de comunicación, la acusación sostiene que el hombre utilizó las visitas establecidas por el régimen de custodia para agredir sexualmente a la menor, a quien presuntamente tocó en varias ocasiones y, en una de estas visitas, cometió una violación en su domicilio en Palma antes de ingresar en prisión. El acusado, quien cuenta con antecedentes por violencia machista y abusos sexuales, respondió en el interrogatorio que nunca se quedó solo con la menor. Sostuvo que durante el régimen de visitas ambos acudían a dormir a la casa de la madre en Cala Rajada, apartándose de la hipótesis acusatoria.
Al ser preguntado por la denuncia, el procesado manifestó que la misma constituye una venganza de la madre, influida por su familia y diferencias de origen. Declaró: "Imagino que es porque ellos son mallorquines y yo forastero. Nunca me quisieron ni me aceptaron". Sostuvo que la denuncia le sorprendió mientras acudía al punto de encuentro, sin recibir detalles en ese momento, por lo que recorrió diferentes dependencias policiales en varios municipios hasta que, ocho meses después, tuvo conocimiento oficial de los hechos al ser detenido en Extremadura.
De acuerdo con el medio, la denuncia formal tuvo lugar en 2020, varios años después de los presuntos incidentes. La abuela materna declaró durante el juicio que la menor le reveló los supuestos abusos en forma de confidencia: "Es un secreto que tengo con papá, pero no se lo podemos decir a nadie. El papá me pone el pene en la vagina", recordó la testigo ante el tribunal.
El proceso judicial incluyó los testimonios de profesionales de las unidades de valoración y tratamiento del abuso sexual infantil (Uvasi y Utasi). Estas especialistas confirmaron la existencia de comportamientos sexualizados repetitivos considerados inadecuados dada la edad de la niña, aunque precisaron que estos conductas disminuyeron con el tiempo. Una de las profesionales explicó que la menor presentaba dificultad para identificar y nombrar partes de su cuerpo, poniendo como ejemplo que, al dibujar, solo plasmaba cabeza y piernas. Señaló que este tipo de omisiones pueden interpretarse, en el ámbito clínico, como estrategias de los niños para enfrentar situaciones de abuso sexual.
Según consignó el medio, durante el juicio la madre de la niña detalló episodios en los que observó enrojecimientos en las partes íntimas de su hija. Inicialmente los atribuyó a la ropa, pero posteriormente los relacionó con posibles episodios de abuso. Además, recordó que la menor, tras salir de las visitas en el punto de encuentro, utilizaba palabras insultantes hacia ella, manifestando un cambio en su comportamiento verbal.
La defensa del acusado enfocó su estrategia en descartar la existencia de tiempo o espacio para que se produjeran los hechos atribuidos, apoyándose en el contexto de custodia y las rutinas familiares durante las visitas. El hombre insistió en la inexistencia de situaciones en las que hubiera compartido tiempo a solas con la niña en los lugares señalados por la acusación, como la vivienda en Palma. Negó de nuevo los hechos ante las preguntas del Fiscal y del letrado de la acusación particular, y se describió como "un padre normal que quiere a sus hijos".
El medio destacó también que la investigación judicial se apoyó en los informes psiquiátricos y psicológicos realizados a la menor, los cuales evaluaron la existencia de las secuelas y los posibles orígenes de las conductas observadas, además de tener en cuenta los testimonios familiares y las observaciones realizadas por especialistas. El análisis de los especialistas contribuyó a la valoración de la acusación al interpretar tanto los comportamientos de la niña como su capacidad de relato en el ámbito de la infancia y el abuso sexual.
Según detalló la misma publicación, la acusación sostiene que los delitos habrían tenido lugar entre 2016 y 2018, coincidiendo con el periodo de visitas supervisadas y no supervisadas, en los que, según la Fiscalía, el procesado habría aprovechado la vulnerabilidad de la menor. Por estos hechos se solicitan no solo los 18 años de prisión, sino también el pago de una indemnización destinada a reparar el daño moral sufrido por la víctima.
El desarrollo del juicio incluyó la exposición de los argumentos de defensa, centrados en impugnar la veracidad de los hechos relatados y señalar contradicciones o demoras en la revelación de los supuestos episodios. El acusado manifestó ante el tribunal que las relaciones familiares y las diferencias personales habían motivado la denuncia.
El tribunal continúa evaluando todas las pruebas y testimonios presentados durante las sesiones, cuya resolución podría sentar precedente en la interpretación de los tiempos y formas en que las denuncias por abuso sexual infantil se hacen públicas, así como en el uso de peritajes psicológicos y familiares para la valoración judicial.
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