
La investigación de la Unidad de Asuntos Internos de la Policía Nacional cifró en más de doce millones de euros el valor de los inmuebles atribuidos a Ignacio Torán, además de intervenir seis vehículos de alta gama relacionados con el presunto responsable de una trama de narcotráfico que opera en España. Entre los automóviles decomisados durante los registros figuran dos Porsche, dos Audi, un Mercedes-Benz y un Smart, todos de reciente matriculación, según consignó Europa Press. Esta información se conoce en medio de la decisión del juez Francisco de Jorge, de la Audiencia Nacional, quien determinó este lunes el ingreso en prisión provisional de Torán, considerado el principal dirigente de una red vinculada al tráfico de drogas y el blanqueo de capitales, que también habría mantenido lazos con el exjefe de la Unidad de Delincuencia Económica y Fiscal (UDEF), Óscar Sánchez.
De acuerdo con Europa Press, la comparecencia de Ignacio Torán se realizó tres días después de haber sido arrestado dentro de una investigación sobre operaciones financieras ilícitas. Durante la vista celebrada durante la jornada, la Fiscalía solicitó la reclusión provisional para Torán argumentando un elevado riesgo de fuga, teniendo en cuenta el grado avanzado de las diligencias y la inminencia de un juicio. Las fuentes consultadas por la agencia detallaron que la petición se sustentó en que la indagatoria había progresado significativamente, lo que incrementó las posibilidades de que Torán intentara eludir a la justicia. Tras la intervención de la Fiscalía, el magistrado de la Audiencia Nacional acordó la detención del investigado y programó para este lunes la vista para analizar las medidas cautelares pertinentes.
El arresto de Torán se produjo el viernes anterior, día en que compareció ante el instructor y ejerció su derecho a no declarar, tal como confirmaron fuentes judiciales a Europa Press. Hasta el momento, la investigación ha permitido asociar a Torán con la introducción de un total de setenta contenedores, pero en la causa se especifica que, bajo la presunta coordinación con Óscar Sánchez, al menos treinta y nueve de esos cargamentos —dos de los cuales fueron interceptados— contendrían unas setenta y tres toneladas de cocaína. Se calcula, según la documentación policial aportada, que Torán habría transferido al exjefe de la UDEF una suma superior a treinta y dos millones de euros por dicha actividad.
La presunta estructura delictiva giraba en torno a un entramado empresarial de sociedades creadas en España sin actividad económica real, empleadas para dar cobertura legal a los fondos provenientes del tráfico de cocaína. Europa Press reportó que los agentes de la Unidad de Asuntos Internos atribuyeron a Ignacio Torán un modelo de lavado de activos con ramificaciones en bienes raíces, automóviles de lujo y otras propiedades. Esa compleja red empresarial habría servido para la integración de capitales ilícitos generados en las operaciones de narcotráfico a gran escala.
En cuanto a la situación procesal de Torán, Europa Press informó que no es la primera vez que el presunto cabecilla de la trama enfrenta una detención. En abril, la Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional decidió ponerlo en libertad tras reconocer que se habían vulnerado derechos fundamentales y la garantía de defensa, debido a que no se facilitaron a su representación legal elementos esenciales del expediente requeridos para impugnar la privación de la libertad. Este episodio incidió en el desarrollo del proceso, aunque la nueva investigación y las evidencias presentadas llevaron al órgano judicial a reconsiderar su situación y establecer la prisión provisional en la jornada actual.
Los informes policiales, a los que tuvo acceso Europa Press, también mencionaron que Torán funcionaba como socio e interlocutor principal del antiguo mando de la UDEF, estableciendo coordinación directa en las operaciones de importación de droga a través de contenedores que ingresaban por puertos españoles. Además, los agentes sostienen que las empresas relacionadas con el investigado no mantenían actividad comercial efectiva, lo cual fue uno de los principales indicios para el rastreo de los flujos de dinero y la localización de inmuebles y vehículos.
El caso sigue el curso judicial en la Audiencia Nacional con el seguimiento de las conexiones entre el blanqueo de capitales y el tráfico de drogas, así como el impacto en los patrimonios personales de los implicados. Según fuentes citadas por Europa Press, las investigaciones continúan en torno a los movimientos financieros y el destino de los fondos que circularon a través de la estructura creada por Torán y sus colaboradores, con especial atención a la posible implicación de figuras relevantes dentro de las fuerzas y cuerpos de seguridad.
La decisión adoptada este lunes por el juez Francisco de Jorge respondía a la petición de la Fiscalía y a la valoración de un riesgo de fuga sustancial, considerando el avance de la instrucción y el volumen de activos incautados en el marco de las diligencias. Según la información recopilada y divulgada por Europa Press, las pesquisas han permitido esclarecer el funcionamiento del entramado, identificar a posibles socios y avanzar en la incautación de bienes derivados presuntamente de actividades ilícitas dentro de territorio español.


