
Aitor Esteban, presidente del EBB del PNV, destacó que la propuesta para conceder la semilibertad al exjefe de ETA Garikoitz Aspiazu Rubina, conocido como 'Txeroki', fue avalada por la Junta de Tratamiento de la prisión de Matutene y aprobada por la Consejería de Justicia del Gobierno Vasco siguiendo el procedimiento legal establecido. Según consignó Europa Press, Esteban subrayó en una entrevista emitida por la Cadena SER que la decisión cumple la legislación vigente y se enmarca dentro del artículo 100.2 del Reglamento Penitenciario, el cual contempla la flexibilización del régimen de internamiento para determinados reclusos.
El dirigente del PNV hizo estas declaraciones después de que el presidente del Partido Popular, Alberto Núñez Feijóo, criticara la medida y señalara que “Bildu ordenó, el PSOE ejecutó y el PNV acató” la concesión de la semilibertad a Aspiazu Rubina. Consultado por la Cadena SER, Esteban respondió a estas acusaciones advirtiendo que “el PP aprovecha cualquier ocasión para citar al PNV, venga o no a cuento”. Europa Press recoge las palabras de Esteban, quien señaló que el exdirigente de ETA no es “precisamente su amigo, ni le cae bien”, pero afirmó que la decisión institucional se sostiene únicamente por estar “dentro de la legislación”.
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La resolución permitió que Aspiazu Rubina, alias 'Txeroki', saliera este lunes de la prisión de Matutene en San Sebastián bajo el régimen de semilibertad. El mecanismo fue activado tras una propuesta de la Junta de Tratamiento del centro penitenciario, la cual fue elevada a la Consejería de Justicia y Derechos Humanos del Gobierno Vasco, encabezada por María Jesús San José. Según detalló Europa Press, el artículo 100.2 del Reglamento Penitenciario permite a la administración penitenciaria modificar de manera individualizada las condiciones de cumplimiento de la condena, ofreciendo un régimen más flexible en determinados casos.
Esteban explicó a la Cadena SER, citado por Europa Press, que la iniciativa partió de la Junta de Tratamiento de la prisión, y recordó que fue esta instancia quien promovió la semilibertad para Aspiazu Rubina. Posteriormente, la consejera socialista María Jesús San José tomó la decisión de autorizar la medida. El dirigente nacionalista aclaró que su grupo político no intervino ni propuso la excarcelación, y sostuvo que la decisión corresponde a criterios técnicos y jurídicos.
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Sobre la relación entre el PNV y el Partido Popular, y en particular con Feijóo, Esteban reconoció que existen “puentes” de diálogo entre ambas formaciones. No obstante, agregó que él no mantiene un contacto habitual con el presidente del PP. El dirigente vasco aludió a la frecuencia con que el PP menciona al PNV en el debate público, criticando la utilización partidista de decisiones institucionales que, según su criterio, se han fundamentado en procedimientos legales regulados.
El medio Europa Press también recoge que Esteban insistió en su desconocimiento del contenido detallado del expediente referido a Aspiazu Rubina, limitándose a señalar que la medida solo se habría adoptado si cumple la normativa. Añadió que la aplicación de la semilibertad está definida por criterios penitenciarios y por la intervención de órganos profesionales, como la Junta de Tratamiento. No efectuó valoraciones sobre posibles implicaciones políticas más allá de la estricta legalidad y el procedimiento seguido por las administraciones competentes.
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La decisión, autorizada el lunes, generó un debate político después de la reacción de Feijóo y el Partido Popular, quienes acusaron al PNV de acatar iniciativas ajenas en cuestiones penitenciarias. Esteban rechazó esta interpretación y defendió en la Cadena SER, según reproduce Europa Press, que la actuación del Gobierno Vasco y de sus órganos dependientes cumplió la legalidad y respondió exclusivamente a criterios internos de la administración penitenciaria vasca.
La excarcelación en régimen de semilibertad para garikoitz Aspiazu Rubina, alias ‘Txeroki’, se enmarca en las competencias transferidas al Gobierno Vasco en materia de prisiones, lo que permite a las autoridades autonómicas gestionar y resolver expedientes de este tipo. Europa Press recuerda que la administración autonómica realizó la evaluación sobre la base de los informes técnicos y jurídicos de la institución penitenciaria, y que el artículo 100.2 invocado supone una opción para modificar el régimen de cumplimiento de condena a partir de circunstancias particulares, determinado caso por caso bajo supervisión profesional y administrativa.
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