El 'yonki del dinero' niega cobro de comisiones en pieza E de Imelsa y dice que manipuló grabaciones

Durante la vista, Marcos Benavent rechazó haber desviado fondos de contratos públicos en la pieza E y aseguró que las grabaciones que dieron origen al proceso fueron alteradas intencionadamente, señalando que sus confesiones iniciales surgieron bajo presión emocional y consumo de drogas

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El testimonio de Marcos Benavent en la pieza E del caso Imelsa incluyó la confesión de que durante el periodo investigado mintió en repetidas ocasiones, lo que habría influido decisivamente tanto en sus primeras declaraciones como en la elaboración y manipulación de las grabaciones que desencadenaron la causa. Según detalló el medio que publicó sobre la audiencia, Benavent explicó que su situación emocional y el consumo de drogas alteraron su percepción de los hechos. Esta declaración se dio en el marco del interrogatorio al que se sometió por parte de su defensa y el tribunal, en el que negó haber cobrado comisiones y desvió fondos procedentes de contratos municipales en València, tema central de la investigación en la que está procesado junto a otros acusados.

Tal como informó la fuente original, Benavent, conocido como el 'yonki del dinero', defendió su inocencia ante las acusaciones de cohecho, prevaricación administrativa y malversación de fondos públicos relacionadas con la adjudicación de contratos desde la Concejalía de Cultura entre 2003 y 2007, correspondiente a la etapa de la ya fallecida María José Alcón. En esta pieza separada del caso Imelsa, la Fiscalía solicita para Benavent una condena de seis años y medio de cárcel, una multa de 29.000 euros y la inhabilitación para ejercer funciones públicas. Durante la vista, el exgerente de Imelsa limitó sus respuestas a las preguntas formuladas por su abogado, Juan Carlos Navarro, y por el tribunal.

Benavent aclaró que fue contratado en la Fundación Jaume II el Just por Esteban González Pons, quien en ese momento ocupaba la consellería y conocía su experiencia como concejal en Xàtiva. Según reportó el medio, enfatizó que su labor consistía en un expediente de traslado desde Madrid de un claustrillo, proyecto que, debido a su complejidad, requirió cuatro años para completarse. Explicó que colaboraba tanto en el gabinete de González Pons como en la propia fundación, y que por los trabajos realizados durante ese periodo sí percibió una remuneración.

En relación a sus declaraciones anteriores, Benavent afirmó que en su momento las realizó estando bajo presión emocional. Sostuvo que la estrategia de su anterior defensa consistió en implicar a tantos actores como fuera posible, incluyendo al Partido Popular, dentro del marco del proceso. Subrayó que en aquellos años no solo ocultó información, sino que también faltó a la verdad en numerosas ocasiones, y rechazó haber recibido dinero o favores de empresarios adjudicatarios de contratos con el Ayuntamiento de València. Negó igualmente haber intercedido para influir en las decisiones de la mesa de contratación o haber actuado de intermediario con María José Alcón. Insistió en que su intervención con Alcón obedeció únicamente a la petición de Vicente Burgos, exmarido de Alcón, para que intentara calmar las tensiones personales existentes, y que en ese contexto recurrió a la mentira para procurar una mayor cordialidad entre ambos.

El medio relató que la investigación se sustenta en parte en las grabaciones que fueron entregadas en la Fiscalía por Rosa Pérez Garijo en julio de 2014. El origen de esos archivos se remonta a un pendrive facilitado por Mariano López, exsuegro de Benavent. El investigado puntualizó que no ratifica las declaraciones realizadas en fase de instrucción ya que, según alegó, no se encontraba en condiciones físicas ni mentales adecuadas en aquellos momentos debido tanto al estado de ánimo como al consumo habitual de marihuana. Explicó que muchas de las grabaciones las realizó de manera provocadora con su teléfono móvil y cintas de magnetofón, y que llegó a manipular personalmente bastantes de ellas utilizando un programa específico.

Al referirse al destino de esos archivos, Benavent indicó que los almacenó en un disco duro externo vinculado a su ordenador portátil, el cual quedó en la vivienda de su exmujer tras el proceso de divorcio. Expresó que, dado lo complicado de la separación, no le permitieron recuperarlo. El relato del medio incluyó, además, la intervención de Carlos Vicent, empresario y también imputado, quien manifestó que fue gerente de la empresa que ganó el contrato de La Lonja en 2003. Vicent indicó desconocer a Benavent antes de la obra y solo haberlo visto ocasionalmente acompañado de María José Alcón. Comentó que Benavent se presentó como asesor cultural, y que presumió que trabajaba para el Ayuntamiento, aunque no supo precisar la naturaleza exacta de su función.

Durante la sesión, tanto los detalles sobre las condiciones laborales de Benavent en la Fundación Jaume II como la dinámica personal que mantenía con las diferentes figuras de la administración pública local, fueron examinados por el tribunal. El medio atribuye a Benavent la insistencia en que sus confesiones iniciales respondieron a la presión y a una estrategia de defensa orientada a maximizar el alcance del procedimiento penal, más que a una voluntad de ofrecer un relato verídico de los hechos. Igualmente, remarcó que las grabaciones decisivas para la acusación, según sus propias palabras, sufrieron intervenciones técnicas que alteraron su contenido.

El conjunto de las declaraciones aportadas en esta sesión judicial, según consignó el medio de comunicación, añade complejidad a la valoración de las pruebas, especialmente en lo que concierne a la autenticidad de los registros sonoros y a la credibilidad de las declaraciones de los imputados involucrados en la gestión y decisión de los contratos públicos investigados.