Durante la próxima sesión plenaria, EH Bildu prevé interpelar al vicelehendakari y consejero de Economía, Trabajo y Empleo del Gobierno Vasco, Mikel Torres, acerca de la posibilidad de que Euskadi disponga de un Salario Mínimo Interprofesional (SMI) propio, apartándose así del marco estatal. Esta acción parlamentaria surge tras la reciente resolución del Tribunal Superior de Justicia del País Vasco (TSJPV), que rechazó el recurso presentado por los sindicatos ELA y LAB, quienes solicitaban una negociación específica con la patronal Confebask para la fijación de un SMI territorial distinto. Según informó el medio Europa Press, la secretaria de Programa de EH Bildu, Nerea Kortajarena, comunicó que la formación soberanista impulsará nuevas acciones políticas sobre este asunto tanto en Euskadi como en Navarra.
Kortajarena sostuvo que Euskadi cuenta con capacidad legal y competencias suficientes para definir una política salarial propia sin depender de la autorización del Estado, y defendió que “es un acto de justicia y de democracia luchar por un SMI adaptado a la realidad socioeconómica vasca”. Según publicó Europa Press, argumentó que el sostenido incremento del coste de vida no se corresponde con la evolución de los salarios, lo que genera situaciones de desigualdad y precariedad en amplias capas de la sociedad. En este sentido, la dirigente aseguró que EH Bildu utilizará todas las herramientas disponibles para desarrollar esta iniciativa y reclamar un salario mínimo territorial que mejore las condiciones laborales y sociales.
La decisión del TSJPV, detalló Europa Press, ha generado el compromiso de EH Bildu de seguir promoviendo el debate político sobre la cuestión tanto en el Parlamento Vasco como en el Parlamento de Navarra. En este último, el grupo soberanista presentó, junto a Geroa Bai, una iniciativa dirigida a propiciar la fijación de un SMI propio en la región, replicando el enfoque planteado para Euskadi.
Según declaró Nerea Kortajarena a Europa Press, la justificación que sustenta el reclamo de EH Bildu radica en la necesidad de garantizar un nivel de seguridad y estabilidad para la clase trabajadora, especialmente “en tiempos de incertidumbre”, y en la capacidad efectiva de las instituciones vascas para dotarse de herramientas normativas en materia de condiciones laborales.
La secretaria de Programa de EH Bildu argumentó, de acuerdo a lo consignado por Europa Press, que no existen razones técnicas o normativas que impidan a Euskadi avanzar en la definición de un marco propio de salario mínimo. Señaló que “no tenemos que esperar a que en Madrid nos den permiso” debido a que, en su opinión, la estructura competencial actual permite la puesta en marcha de esta política dentro del ámbito autonómico.
Kortajarena insistió, según el medio citado, en que la reivindicación de un SMI propio constituye una respuesta ante lo que describió como “vetos, desigualdad injusta y precariedad crónica” y recalcó que esta demanda responde al objetivo de asegurar un salario mínimo adecuado a las necesidades y realidad económica local. Consideró, además, que la implementación de esta medida permitiría mejorar de manera significativa las condiciones de vida de la población trabajadora.
Europa Press también reportó que EH Bildu considera que establecer un SMI adaptado a la situación económica de Euskadi es una prioridad política que contribuiría a corregir el desfase entre el costo de vida y la evolución de los ingresos laborales. La formación adelantó, a través de Kortajarena, que promoverá “todas las acciones que estén en sus manos” y que buscará sumar alianzas con otras fuerzas para avanzar en este planteamiento tanto en el País Vasco como en Navarra.
La interpelación prevista este viernes en la sede parlamentaria vasca, con el foco puesto en las competencias autonómicas en materia laboral y en las iniciativas necesarias para fortalecer la protección salarial, será, según subrayó EH Bildu, un nuevo episodio en la estrategia para reivindicar la autonomía en la definición de los estándares sociales en Euskadi. Europa Press indicó que la acción política se extenderá con la presentación de propuestas similares en otras cámaras legislativas autonómicas para consolidar una agenda común sobre la cuestión salarial y la defensa de las competencias territoriales asociadas.
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