A juicio por intentar comprar al alcalde de San Vicente de Palacio (Valladolid) para no tirar un talud en la gasolinera

La génesis de este caso se remonta a un conflicto administrativo iniciado hace más de una década, cuando la Alcaldía de San Vicente de Palacio dictó el 11 de febrero de 2013 la paralización de unas obras que la empresa Valcarce ejecutaba en su estación de servicio, argumentando la falta de un proyecto reglamentario. Esta circunstancia puso en marcha una controversia prolongada entre la compañía explotadora de la gasolinera y el ayuntamiento, que acabaría derivando en nuevas acciones judiciales y, según informó Europa Press, motivaría el proceso penal que ahora afronta el responsable de la empresa por presuntos hechos de cohecho.

De acuerdo con Europa Press, la Audiencia Provincial de Valladolid dio comienzo este miércoles al juicio con jurado contra S.L.G., responsable de la gasolinera Valcarce en San Vicente de Palacio, acusado formalmente de haber intentado sobornar al alcalde de la localidad los días 9 y 10 de febrero de 2021. La acusación sostiene que el encausado ofreció más de 7.000 euros al regidor con el objetivo de evitar la demolición de un talud construido de manera irregular años atrás, hecho que implicó acciones administrativas por parte del Consistorio y estuvo precedido de la imposición de varias multas coercitivas ante la negativa de la empresa a cumplir con la sentencia firme que imponía dicha demolición.

La vista oral, según publicó Europa Press, corresponde a un procedimiento penal seguido en la Sección Segunda de la Audiencia de Valladolid y está previsto que se desarrolle en dos jornadas, con la selección del jurado y declaración del acusado durante el primer día, y la práctica de pruebas testificales y presentación de informes de las partes en el segundo. La acusación pública, representada por el Ministerio Fiscal, y la acusación popular, ejercida por el Ayuntamiento de San Vicente de Palacio, han solicitado para S.L.G. una pena de tres años y medio de prisión, multas de entre 2.160 y 2.880 euros, así como la inhabilitación especial para cargo o empleo público durante un periodo de entre nueve y diez años.

Europa Press detalló que el supuesto delito de cohecho se habría consumado en febrero de 2021, cuando el alcalde de San Vicente de Palacio y el hoy acusado habrían mantenido varias conversaciones en las instalaciones de la estación de servicio vallecana. En esas reuniones, S.L.G. habría sugerido al primer edil no "apremiar" a la empresa para ejecutar el derribo del talud, llegando incluso a emplear la expresión “No seas bobo, que estas cosas se arreglan con dinero negro, mira para otro lado”, según sostienen las acusaciones.

Fuentes judiciales citadas por el medio señalaron que la propuesta se materializó en dos encuentros consecutivos, el primero con una sugerencia genérica de arreglo monetario y el segundo con una oferta concreta en la que el acusado propuso consultar con el empresario y su hija la cantidad definitiva a entregar, adelantando que podría alcanzar los 7.000 euros, cifra que suponía prácticamente la mitad del valor estimado (15.000 euros) de la demolición del talud irregular. El alcalde rechazó la oferta y formalizó una denuncia inmediatamente después.

Sobre el trasfondo del caso, Europa Press explicó que la obra implicada consistía en la construcción de un talud en la estación de servicio, estructura encaminada a la instalación de placas solares. La ejecución de la obra fue paralizada por un decreto municipal de 2013 por falta de proyecto aprobado, lo que dio lugar a un contencioso-administrativo promovido por la empresa implicada. Dicho litigio concluyó con una sentencia contraria a la mercantil, que confirmaba la exigencia de derribar la obra irregular.

La negativa reiterada a cumplir con el fallo judicial impulsó al ayuntamiento a imponer sucesivas multas coercitivas a la empresa, un hecho que, según confirmó Europa Press, agravó el enfrentamiento entre ambas partes y sirvió de contexto para el presunto ofrecimiento ilícito, que se habría producido poco antes de cumplirse el plazo final para realizar la demolición.

El proceso judicial, iniciado este miércoles, prevé una serie de declaraciones clave: en la primera jornada se tomará declaración al acusado, mientras que la segunda sesión está reservada para el testimonio del denunciante, es decir, el alcalde afectado, así como de otros testigos que puedan aportar información relevante sobre el desarrollo de los hechos y las comunicaciones mantenidas en las fechas señaladas.

El caso representa uno de los procedimientos por cohecho que involucran prácticas de soborno documentadas en instancias locales, según consignó Europa Press, en el que el ofrecimiento ilegal de dinero a un cargo público —en este caso, una suma de más de 7.000 euros— buscaba modificar u omitir la aplicación de una sanción urbanística derivada de una infracción administrativa declarada en firme por los tribunales. Según la acusación, el acusado pretendía que el alcalde “hiciera la vista gorda” y dejara en suspenso la obligación de demoler la obra.

Mientras el procedimiento avanza ante la Sección Segunda de lo Penal, el tribunal deberá dirimir tanto la veracidad de los hechos denunciados como las eventuales responsabilidades penales. De acuerdo con la información de Europa Press, la resolución del jurado determinará si la conducta del responsable de la gasolinera encaja en el tipo penal de cohecho profesional, con las penas solicitadas por las acusaciones y las consecuencias accesorias exigidas para casos de corrupción en el ejercicio de funciones públicas.

Las próximas jornadas fijadas para el proceso incluirán además la exposición de los informes finales de las partes y la deliberación del jurado popular, cuya decisión sentará las bases para una eventual condena judicial o para la exoneración del acusado, de acuerdo con las pruebas y testimonios presentados durante el juicio, según reportó Europa Press.