Junts no adelanta su voto al decreto sobre el escudo social hasta leer la "letra pequeña"

La exigencia de que el Gobierno asuma los costes que actualmente soportan propietarios y residentes en relación con el denominado ‘escudo social’ constituye el eje de las críticas expresadas por Junts, según reportó Europa Press. La portavoz en el Congreso, Míriam Nogueras, manifestó que el Ejecutivo debe cambiar su enfoque en el reparto de responsabilidades económicas, particularmente respecto a la moratoria de desahucios por vulnerabilidad, antes de que la formación catalana decida su voto sobre la convalidación del decreto ley correspondiente.

Tal como recogió Europa Press, Nogueras ha dejado claro que Junts aguardará a analizar en profundidad el texto completo del decreto antes de posicionarse, pues, en sus palabras, es necesario revisar “la letra pequeña”. La portavoz insistió en que su grupo no consentirá la prolongación de una situación en la que las cargas económicas recaen sobre “los pequeños propietarios y los vecinos”, y subrayó que el Ejecutivo debería actuar como garante directo de la protección social financiada desde las arcas públicas.

La postura de Junts parte de la consideración de que el Gobierno central ha tenido “seis años para encontrar una solución” al llamado “problema de las ocupaciones” y la gestión de los desahucios, según citó Europa Press. Nogueras señaló que, a su juicio, el Ejecutivo no ha cumplido sus obligaciones a este respecto, y reiteró que si existen recursos para cubrir elevados costos en otras áreas, como el pago a inspectores de Hacienda, entonces también debería ser posible destinar fondos para ayudar a quienes se encuentran en situación de especial necesidad.

El medio Europa Press detalló que Junts celebró haber impulsado el cambio de postura del Gobierno sobre la revalorización de las pensiones, logrando que quede recogida en un decreto ley aparte que sí contará con su respaldo. Nogueras enfatizó que su grupo no respaldará medidas que, en su visión, busquen “blanquear” la gestión del Ejecutivo en temas de protección social mientras no se corrijan las deficiencias señaladas.

Durante una entrevista para ‘laSexta’ que Europa Press incluyó en su cobertura, la portavoz de Junts criticó la maniobra del Gobierno de vincular cuestiones relacionadas con las ocupaciones y los impagos a la normativa sobre pensiones, describiendo la rectificación oficial como una obligación de “comerse el sapo”. Esto, según sus declaraciones, evidencia la presión ejercida por Junts para que el Ejecutivo separe ambos temas y permita un debate enfocado.

Aunque Junts ha garantizado su voto favorable al decreto específico sobre pensiones, como destacó Europa Press, la actitud hacia el llamado ‘escudo social’ se mantiene en suspenso. Nogueras explicó que no ha existido aún diálogo con el Gobierno en relación a la nueva redacción prevista y expresó reservas ante la posibilidad de que los cambios acordados con el PNV para eximir de la suspensión de desahucios a los arrendadores con una única propiedad resulten insuficientes, refiriéndose a la medida como “una tirita”.

La formación catalana mantiene su exigencia de analizar el decreto ley una vez publicado oficialmente en el Boletín Oficial del Estado (BOE). Según indicó Nogueras y recogió Europa Press, existe el temor de que las modificaciones introducidas sean mínimas y no alteren sustancialmente la estructura original, repitiendo esquemas previos del Ejecutivo en la tramitación de normas sociales.

La crítica sostenida de Junts se focaliza en el traslado del peso financiero de las políticas sociales, como la moratoria de desahucios, hacia arrendadores particulares y residentes, dejando sin cambios significativos la planificación presupuestaria estatal. De acuerdo con lo declarado por Nogueras, la formación catalana rechaza que estas medidas repercutan en quienes poseen una única vivienda en alquiler o entre los vecinos, insistiendo en que el Estado debe asumir estos compromisos de protección ante la vulnerabilidad.

La revisión minuciosa por parte de Junts del contenido normativo se produce en un contexto de negociación y de presión parlamentaria para condicionar el sentido del voto en cuestiones clave, según informó Europa Press. La portavoz del grupo insistió en que la resolución del problema de las ocupaciones y la suficiencia de la protección social requieren soluciones estructurales que el Ejecutivo, según su opinión, sigue postergando.