Sevilla, 3 feb (EFECOM).- La cooperativa jurídica Arraigo ha denunciado ante la policía y el juzgado la captación de trabajadores latinoamericanos que serían "utilizados" en España por empresas del sector de las energías renovables con fines de explotación laboral.
Este colectivo, que acompaña a personas, empresas y organizaciones en procesos de extranjería y migración, ha informado este martes en un comunicado de que los hechos serían "de extrema gravedad" y constitutivos de trata de seres humanos y abusos contra trabajadores migrantes.
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Según los indicios recabados, se habría recurrido a estructuras de intermediación trasnacional, contratos y poderes en idiomas "incomprensibles" para los trabajadores, suspensiones arbitrarias de contratos, impagos, obligación de costear implementos de trabajo con su propio salario y ausencia de protección social y sanitaria, incluso ante accidentes laborales.
La querella expone un "patrón sistemático de elusión de responsabilidades", mediante artimañas legales, cambios formales de empleador, desplazamientos contractuales ficticios y amenazas, orientado a diluir obligaciones laborales y sociales y a mantener a los trabajadores en una situación de miedo y dependencia.
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"Resulta especialmente grave que, tras denunciar los hechos, los trabajadores fueran denunciados ante la Policía con la finalidad de provocar su expulsión del territorio español. Aunque se intentó incoar expediente de expulsión, este no prosperó por inexistencia de causa legal, quedando en evidencia el uso abusivo y represivo de los mecanismos de control migratorio", ha explicado.
Arraigo ha hecho un llamamiento expreso a organizaciones sociales, ONG, sindicatos y defensores de derechos humanos para visibilizar este caso "no aislado" y para recordar que las personas migrantes también tienen derechos y que ninguna empresa está por encima de la ley.
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La cooperativa acompañará a las personas afectadas hasta que se haga justicia y continuará impulsando todas las acciones judiciales, administrativas y públicas necesarias para el esclarecimiento de los hechos y la depuración de responsabilidades.
"Cuando se utilizan el miedo, la precariedad y la amenaza de expulsión como herramientas de control, no estamos ante simples irregularidades laborales, sino ante conductas que el derecho penal y la sociedad deben perseguir con firmeza", ha advertido. EFECOM
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