El PSPV denuncia en Fiscalía "cinco delitos" por el "escándalo" de adjudicación de vivienda pública en Alicante

La denuncia interpuesta en la Fiscalía Anticorrupción señala que, bajo la gestión de Luis Barcala al frente del Ayuntamiento de Alicante, algunas viviendas públicas construidas sobre suelo de titularidad municipal han terminado en manos de cargos y empleados públicos, así como de familiares de directivas municipales. Según consignó El PSPV mediante un comunicado, la oposición considera que esta asignación directa incumple los fines de interés general de estas promociones habitacionales y podría suponer la comisión de hasta cinco delitos. El escándalo ha motivado la dimisión tanto de la concejala de Urbanismo, Rocío Gómez, como de María Pérez-Hickman, directora general nombrada por el propio alcalde, lo que suma presión a la demanda de explicaciones públicas y responsabilidades políticas.

La portavoz municipal del PSPV, Ana Barceló, formalizó este lunes una denuncia ante la Fiscalía Anticorrupción por los hechos mencionados, destacando irregularidades en la construcción y adjudicación de viviendas públicas. Según informó el medio, Barceló sostiene que la investigación se centra en la asignación de pisos protegidos, que afectó a la ya exconcejal de Urbanismo, un arquitecto municipal y familiares directos de la exdirectora general Pérez-Hickman. El procedimiento, advierte el partido, vulneraría derechos de interés general, al destinar recursos públicos a beneficiarios vinculados con el gobierno municipal en lugar de a las más de 5.400 familias actualmente en lista de espera para acceder a una vivienda pública en Alicante.

Tal como publicó El PSPV, su denuncia denuncia posibles infracciones de los delitos de prevaricación administrativa, negociaciones prohibidas a funcionarios públicos y conflicto de intereses, además de estafa, fraude a la administración y fraude de ley con implicaciones penales. El argumento básico del partido es que las actuaciones del equipo de gobierno podrían haber favorecido deliberadamente a personas próximas al entorno municipal, dejando sin respuesta la demanda de vivienda asequible de la población que afronta dificultades para permanecer en la ciudad ante el encarecimiento de los alquileres y las viviendas en propiedad.

En su declaración a la prensa, Barceló explicó: "El gobierno de Barcala podría haber vulnerado el derecho de acceso a la vivienda, que debe responder al interés general. Por eso, hemos pedido a la Fiscalía que investigue lo que ha ocurrido con la adjudicación de pisos construidos en una parcela municipal." La portavoz considera que estas prácticas constituyen lo que denomina un escándalo, especialmente por la magnitud del problema habitacional en la ciudad y la cantidad de familias desplazadas por no poder asumir los precios del mercado.

La necesidad de transparencia y rendición de cuentas constituye otro de los ejes de la denuncia. Según detalló la portavoz, el grupo socialista exige al alcalde Barcala una intervención pública, la convocatoria de un pleno extraordinario y la puesta en marcha de una comisión de investigación que esclarezca los hechos. Barceló insistió en que el mandatario municipal "no actuó con la transparencia exigible" y que la falta de controles en la adjudicación de vivienda pública señala fallos graves en el manejo de los recursos públicos y la atención de necesidades sociales esenciales para la ciudadanía.

El medio detalló que, para la portavoz socialista, la dimisión tanto de Rocío Gómez como de Pérez-Hickman solo revela la gravedad política del asunto pero no resuelve las posibles responsabilidades legales o administrativas derivadas. Insistió en que "la dimisión de la concejala de Urbanismo y de la directora general no es suficiente. Confirman que hay un problema político grave con la gestión de esta promoción de vivienda pública que va mucho más allá de la polémica mediática. Por tanto, se deben dirimir responsabilidades".

Entre tanto, el partido sostiene que la ciudadanía merece conocer en detalle el desarrollo de los hechos y las razones por las que se asignaron pisos de protección oficial a personas vinculadas al equipo de gobierno en lugar de a quienes integran la larga lista de solicitantes. El PSPV considera que la política de vivienda protegida debe fundamentarse en la igualdad de acceso y la transparencia de los procedimientos, especialmente cuando se emplea suelo público en beneficio de los grupos más vulnerables.

El caso ha abierto un debate en el ámbito local sobre los controles internos y mecanismos de adjudicación de viviendas públicas en Alicante. Según señaló la oposición en repetidas ocasiones ante los medios, la situación refleja una crisis más profunda en la gestión habitacional y en la capacidad del consistorio para garantizar la equidad y el buen uso de los recursos municipales. La intervención de la Fiscalía Anticorrupción, impulsada por la denuncia del PSPV, requerirá esclarecer si existieron irregularidades constitutivas de delito y cuál es el alcance político y administrativo de la crisis.

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