El juez interroga este lunes a Cerdán y Hernando como testigos por sus reuniones con Leire Díez

El magistrado del Juzgado de Instrucción número 9 de Madrid ha citado a dos altos cargos, quienes deberán aclarar encuentros en la sede socialista durante las pesquisas por presuntos delitos relacionados con obtención ilícita de información para terceros

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Durante la investigación desarrollada en el Juzgado de Instrucción número 9 de Madrid, los testimonios recogidos han revelado que la exmilitante del PSOE Leire Díez sostuvo encuentros con figuras del partido en la sede socialista de la calle Ferraz. De acuerdo con lo publicado por el medio de comunicación, este lunes, el magistrado Arturo Zamarriego ha citado a declarar como testigos al exsecretario de Organización del PSOE, Santos Cerdán, así como al secretario de Estado de Telecomunicaciones, Antonio Hernando. La finalidad de estas comparecencias, según consignó la prensa, consiste en esclarecer los detalles y motivos de estas reuniones en el marco de la causa que indaga presuntos delitos relacionados con obtención ilícita de información destinada a terceros.

Según informó el medio, la investigación se centra en determinar si Díez, el empresario Javier Pérez Dolset y el periodista Pere Rusiñol incurrieron en presuntos delitos de tráfico de influencias y cohecho durante sus gestiones, una vez que varias querellas y denuncias presentadas revivieron el caso. En la declaración ante el juez el 17 de noviembre, Díez confirmó que sostuvo dos reuniones con Cerdán en abril de 2024 en la sede central del PSOE. En ambas, según explicó, asistió en calidad de reportera y fue acompañada por Pérez Dolset y otras personas. Esta versión fue respaldada por Pérez Dolset, quien ratificó su presencia en los dos encuentros y puntualizó que Hernando participó en una de las citas, ocupando en aquella oportunidad el cargo de director adjunto del gabinete de la Presidencia del Gobierno.

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La investigación, según detalló la misma fuente, no se limita solo a los encuentros con dirigentes socialistas. Figuran además referencias a otras reuniones atribuibles a Díez, entre ellas un encuentro realizado en el despacho del expresidente de Sacyr, Luis del Rivero, con la presencia del fiscal de Anticorrupción Ignacio Stampa; así como otra reunión efectuada en la oficina del abogado Jacobo Teijelo junto al empresario Alejandro Hamlyn, quien es investigado en la Audiencia Nacional.

El juzgado liderado por Zamarriego ha concentrado en la causa diversas denuncias y querellas contra Díez. Según publicó la prensa, las acusaciones se afianzan en el contenido de grabaciones en las que la exmilitante conversa con empresarios con procesos judiciales abiertos. El propósito, de acuerdo al sumario, sería recabar información controvertida sobre el teniente coronel Antonio Balas, jefe del Departamento de Investigación Económica y Anticorrupción de la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil, y sobre el fiscal de Anticorrupción José Grinda.

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A estas evidencias se suma el aporte del fiscal Ignacio Stampa, quien entregó grabaciones de una reunión celebrada con Díez, Pérez Dolset y Del Rivero. Durante ese encuentro, según reportó el medio, Díez se presentó como "mano derecha" de Cerdán y afirmó ser "la persona que ha puesto el PSOE". En ese contexto, agregó: “Yo traslado luego”, expresión que se incluye textualmente en la causa.

De acuerdo con lo consignado por la fuente, el objetivo de la investigación judicial es determinar si existió una estructura delictiva coordinada y continuada bajo la dirección de Díez. La instrucción investiga si la obtención de información de organismos estatales tuvo como finalidad anular investigaciones o afectar a causas de alto impacto relacionadas con políticos y empresarios.

Las conversaciones y las actuaciones imputadas, según la propia Díez, formarían parte de una labor periodística orientada a la publicación de un libro sobre las supuestas “cloacas del Estado”. El proceso, tal como mostró el desarrollo de las pesquisas reportadas, deberá precisar hasta qué punto las gestiones y comunicaciones mantenidas entre Díez, empresarios y dirigentes del PSOE implicaron la comisión de delitos o si se circunscribieron a actividades dentro del ejercicio periodístico declarado.

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