Confirman seis años de prisión al patrón de una patera con 40 inmigrantes, entre ellos varios niños

Cuatro menores de entre cuatro y siete años, junto a un hombre diabético cuya condición llevó a una evacuación urgente, formaron parte del grupo de 40 personas de nacionalidad argelina transportadas en un pesquero desde la costa africana hasta las inmediaciones del Morrón de los Genoveses, en Níjar, Almería. Según informó el medio El País, el Tribunal Superior de Justicia de Andalucía (TSJA) ratificó la condena a seis años de prisión para el hombre identificado como patrón de la embarcación, confirmando así la resolución dictada previamente por la Audiencia Provincial de Almería.

El Tribunal Superior de Justicia de Andalucía desestimó el recurso presentado por la defensa y mantuvo íntegramente la condena, como detalló El País en su cobertura. La sentencia considera demostrado que el acusado condujo la embarcación “con la intención de enriquecerse de forma ilícita” y con pleno conocimiento de que su acción facilitaba la entrada irregular de inmigrantes en territorio español. El fallo se basa, entre otras pruebas, en las declaraciones de los agentes de la Guardia Civil, quienes aseguraron ante la Audiencia que el hombre se encontraba pilotando el bote en el momento de la intervención.

De acuerdo con la información publicada por El País, los hechos ocurrieron el 15 de abril de 2024, cerca de las 18:00 horas, cuando una patrullera portuguesa, en colaboración con la agencia europea Frontex, localizó el pesquero a unas 11,5 millas náuticas de la costa del Morrón de los Genoveses. La embarcación, de unos ocho metros de eslora y material de fibra, transportaba a 41 personas contando al patrón, en condiciones muy alejadas de los parámetros mínimos de seguridad para un trayecto que superó las 90 millas náuticas desde el norte de África.

El medio El País reportó que la sentencia subraya la falta de chalecos salvavidas, balsas de emergencia y víveres, así como la sobrecarga de personas “muy superior” a la capacidad para la cual estaba diseñada la embarcación. La situación se agravó al realizar la travesía bajo vientos cambiantes y atravesar una zona de intenso tráfico marítimo, transitada ese mismo día por 81 buques. Estas circunstancias incrementaron el riesgo para la vida y la integridad de quienes viajaban a bordo.

El diagnóstico que forzó la evacuación de emergencia recayó sobre uno de los pasajeros adultos, afectado por una condición de diabetes que se descompensó durante la travesía, requiriendo intervención médica inmediata una vez interceptada la embarcación, consignó El País.

Durante el proceso judicial, la defensa argumentó que el acusado era un migrante más entre los ocupantes de la patera y que en ningún momento había asumido la responsabilidad de dirigir el pesquero. No obstante, tanto la Audiencia Provincial como el TSJA consideraron acreditada su función como patrón, señalando su “indispensable actividad” para la introducción clandestina de los pasajeros a España, según recogió El País.

El fallo destaca la peligrosidad de la operación, haciendo hincapié en la exposición a riesgos que supuso el viaje para todos los ocupantes, incluidos los menores y personas con problemas crónicos de salud. Además, el tribunal subraya que la embarcación carecía de las garantías mínimas para la navegación y que la travesía clandestina se realizó con “pleno conocimiento” por parte del acusado.

De acuerdo con El País, la sentencia todavía admite recurso de casación ante el Tribunal Supremo. Por ahora, la decisión del TSJA corrobora las conclusiones de la Audiencia Provincial y sostiene la imputación por favorecer la inmigración irregular y poner en grave peligro la vida de menores y personas vulnerables.

La operación de intercepción del pesquero se inscribe en el marco de la cooperación internacional para el control de fronteras marítimas, en este caso entre las autoridades portuguesas y españolas, con la colaboración de Frontex, según consignó El País. En el momento de la interceptación, los agentes procedieron a identificar al acusado como responsable del gobierno de la embarcación y a dar traslado a los ocupantes para recibir atención sanitaria y tramitar su situación.

El desarrollo de los hechos expuestos en la sentencia refleja la complejidad y los riesgos asociados a los desplazamientos irregulares por mar que afectan a las costas andaluzas, así como la responsabilidad penal que el sistema judicial español atribuye a quienes organizan y ejecutan este tipo de travesías, explicó El País.

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