Bolaños se reúne con el presidente de la Abogacía antes de aprobar la reforma de la Asistencia Jurídica Gratuita

Félix Bolaños y Salvador González analizaron las próximas modificaciones del Reglamento, que contempla mejoras económicas inmediatas y la ampliación de beneficiarios, incluido el acceso sin restricciones a víctimas de delitos especialmente graves y colectivos vulnerables según destacan ambas partes

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La reforma del Reglamento que regula la Asistencia Jurídica Gratuita contempla la inclusión de colectivos vulnerables y víctimas de delitos de especial gravedad, quienes podrán acceder a este servicio sin importar sus recursos económicos. De acuerdo con Europa Press, el ministro de la Presidencia, Justicia y Relaciones con las Cortes, Félix Bolaños, y el presidente del Consejo General de la Abogacía Española, Salvador González, evaluaron el detalle de estas modificaciones en una reunión previa a la tramitación urgente de la reforma, jornada que precede a su aprobación en el Consejo de Ministros.

Durante ese encuentro, celebrado en la sede del Ministerio, se trataron los puntos claves de la actualización normativa, entre los que destaca la implementación de mejoras económicas inmediatas para los profesionales de la abogacía vinculados al sistema de justicia gratuita. Según informó Europa Press, la Abogacía Española, a través de un comunicado, precisó que la reforma elevará de forma inmediata algunas retribuciones, una exigencia reiterada por la corporación en los últimos tiempos. En particular, se reconoce la retribución de las intervenciones de los letrados en los Medios Alternativos de Solución de Controversias (MASC), con un abono del 125% de la cuantía habitual por cada procedimiento, diseñándose este mecanismo como incentivo para promover acuerdos extrajudiciales.

El medio Europa Press destaca que la reforma también incrementa las cuantías destinadas a procedimientos de especial complejidad, denominados macrocausas, y mejora la compensación correspondiente al procedimiento penal general en el territorio de aplicación común. González subrayó la importancia de este avance, pero recalcó que la Abogacía continuará sus gestiones para que se atiendan reivindicaciones consideradas históricas y fundamentales, como una subida sistemática de los honorarios, la instauración de actualizaciones periódicas, la agilización de los pagos, una mayor especialización y ampliación de los servicios, la reducción de desigualdades territoriales y la garantía de abono por todas las actuaciones realizadas.

Desde el Ministerio de la Presidencia, Justicia y Relaciones con las Cortes, se detalló que el nuevo Real Decreto busca extender la cobertura de la Asistencia Jurídica Gratuita a sectores de la población que hasta este momento no se contemplaban explícitamente. A partir de la aprobación del Reglamento, las víctimas de terrorismo, trata de seres humanos, personas con discapacidad que precisen especial protección, así como mujeres y menores que hayan sufrido violencia sexual, podrán acceder a este derecho, independientemente de su situación económica. Hasta ahora, este acceso irrestricto se reservaba únicamente a las víctimas de violencia de género, según precisó Europa Press.

Durante la cita, también se abordó la elaboración de una nueva ley de Asistencia Jurídica Gratuita. El ministro Bolaños expresó su compromiso de aprobarla en los primeros meses de 2026. Este futuro texto legal tendrá como finalidad fortalecer la protección a las víctimas y consolidar el desempeño de los profesionales encargados de garantizar el acceso a la justicia en condiciones de igualdad real. Salvador González insistió en la urgencia de contar con una regulación renovada y señaló la necesidad de que la abogacía participe activamente en su desarrollo, para asegurar recursos adecuados y establecer condiciones profesionales que dignifiquen su labor, según recoge Europa Press.

La reforma se enmarca en una tramitación urgente, que, según puntualizó Europa Press, culminará con su aprobación definitiva en el Consejo de Ministros. El objetivo es responder con rapidez a las demandas históricas de los colectivos profesionales implicados y, a la vez, ampliar la protección para quienes enfrentan situaciones de especial vulnerabilidad, adecuando la normativa a las nuevas realidades sociales y judiciales reconocidas por ambas partes en el encuentro previo.