Un empresario acepta ocho años de cárcel por explotación laboral de mujeres en situación precaria en Asturias

Un acusado de trata de seres humanos con fines de explotación laboral, que se aprovechaba de la precaria situación económica y personal de mujeres de origen sudamericano para que trabajaran en su empresa de limpieza y cuidado de personas mayores y dependientes, ha reconocido las acusaciones de la Fiscalía del Principado de Asturias y asumió penas que suman 8 años de prisión. El hombre permanece en prisión provisional por esta causa desde el 26 de enero de 2024.

Su pareja sentimental, también ha asumido las acusaciones del Ministerio Fiscal. Para otras cinco acusadas en el procedimiento, por pertenencia a grupo criminal o favorecimiento de la inmigración ilegal, el Fiscal solicitó condenas que oscilan los seis meses y los tres años y medio de prisión.

La vista oral se celebró a lo largo de esta semana en la Sección Tercera de la Audiencia Provincial, con sede en Oviedo, y quedó vista para sentencia.

El principal acusado era en el momento de los hechos el administrador único de una mercantil dedicada al servicio de limpieza y cuidado de personas mayores y dependientes. A su vez, era el jefe de un grupo que se dedicaba, a través de cuatro sucursales de la mercantil, a la contratación de mujeres para la prestación de servicios en su negocio.

Las mujeres eran principalmente de origen sudamericano, que se habían ido de su país debido a su situación de precariedad económica, en búsqueda de un futuro mejor.

El empresario, junto con las responsables de esas sucursales, conocedores de la precaria situación económica y problemas familiares de estas mujeres, sin documentación y algunos casos en situación irregular en España, con escasas o nulas opciones de acceder al mercado laboral, les ofrecían trabajar en su negocio a cambio de sueldos por debajo de lo estipulado por convenio colectivo, con largas jornadas laborales, en ocasiones extenuantes, sin apenas descansos diarios, sin vacaciones, sin hacerles contrato en la mayoría de los casos y sin darles de alta en la Seguridad Social.

El ahora condenado a ocho años era la persona que tomaba en última instancia las decisiones, daba instrucciones y supervisaba el funcionamiento de todas las sucursales, que se encontraban en Gijón, Valladolid, Salamanca y Santander.

Para ello se desplazaba periódicamente a cada una de ellas, principalmente para entrevistarse con potenciales trabajadoras y efectuar los pagos que se realizaban, mayoritariamente, en mano y en efectivo.

El contrato que se firmaba entre el grupo mercantil y los clientes que acudían en búsqueda de empleadas para realizar trabajos como internas recogía como días libres para las trabajadoras los días festivos desde las 10.00 hasta las 22.00 horas, jueves y viernes de Semana Santa, Navidad y Año Nuevo. La empresa se comprometía a abonar la Seguridad Social de las trabajadoras y a sustituirlas durante las vacaciones. Igualmente tenían derecho a un descanso de dos horas diarias.

No obstante, en realidad, las trabajadoras eran presionadas para trabajar los días festivos por 50 euros al día, que en algunos casos eran reducidos a 40, bajo el apercibimiento de quitárselos de su sueldo en el caso de no acceder a desempeñar esta labor. Igualmente se conminaba a las víctimas a trabajar aunque estuvieran enfermas, procediendo -en caso contrario- a reducirles el sueldo en la parte proporcional no trabajada. Además, no las dejaban acudir solas al médico.

Las trabajadoras aceptaban estas condiciones debido a su situación administrativa, de la que se aprovechaban los investigados, su precaria situación económica, sus situaciones personales y familiares y el incentivo dado por el empresario de regularizar su situación administrativa en el país si eran buenas trabajadoras y permanecían en la empresa por un período determinado que solía ser de, al menos, dos años.