Un empresario acepta ocho años de cárcel por explotación laboral de mujeres en situación precaria en Asturias

El acusado principal ya se encontraba bajo prisión preventiva en el marco de esta causa desde enero de 2024, condición que dio un giro al proceso judicial tras su reconocimiento ante la justicia de la explotación laboral de varias mujeres sudamericanas en situación vulnerable. Según consignó el medio, la vista oral del caso se llevó a cabo en la Sección Tercera de la Audiencia Provincial de Oviedo y actualmente se encuentra a la espera de sentencia para otros implicados en la red.

Tal como reportó la fuente, el hombre aceptó ante el tribunal del Principado de Asturias las acusaciones que pesaban en su contra, asumiendo penas que suman ocho años de prisión por trata de seres humanos con fines de explotación laboral. El Ministerio Fiscal detalló que la situación había afectado principalmente a mujeres de origen sudamericano, quienes se encontraban en circunstancias económicas y personales precarias. Estas personas, forzadas a abandonar sus países para buscar mejores oportunidades, se convirtieron en el objetivo de la red criminal.

El medio explicó que el principal acusado fungía como administrador único de una mercantil enfocada en servicios de limpieza y atención para personas mayores y dependientes. Era también señalado por dirigir un grupo que se dedicaba, a través de cuatro sucursales ubicadas en Gijón, Valladolid, Salamanca y Santander, a la selección y contratación de mujeres en condiciones irregulares. De acuerdo con la fuente, el empresario organizaba periódicamente visitas a cada sucursal, durante las cuales entrevistaba a potenciales empleadas y efectuaba pagos generalmente en efectivo, ignorando las vías legales y la correspondiente inscripción en la Seguridad Social.

El periodista del medio enfatizó que los métodos de la organización incluían aprovechar la falta de documentación y la situación irregular administrativa de las víctimas, quienes tenían pocas alternativas de acceder legalmente al mercado laboral en España. Se identificó que las trabajadoras aceptaban jornadas extensas y sueldos considerablemente por debajo de lo estipulado en el convenio colectivo. No disponían de contrato en la mayoría de los casos y carecían de reconocimiento en el sistema español de Seguridad Social. A esto se sumaba la ausencia de descansos adecuados, de vacaciones y el control estricto sobre sus condiciones cotidianas de vida laboral, incluidas limitaciones para acudir solas a consultas médicas.

El medio señaló que los contratos presentados a los clientes por el grupo mercantil prometían días libres en festivos, horarios de descanso, vacaciones y pago a la Seguridad Social. Sin embargo, la realidad para las trabajadoras diferenciaba sustancialmente de estos acuerdos escritos. Recibían presiones directas para laborar en festivos por cantidades que variaban entre 40 y 50 euros, con amenazas de deducciones salariales si no aceptaban desempeñar esas tareas. Igualmente, afrontaban la exigencia de trabajar aunque estuvieran enfermas, bajo el riesgo de ver reducido su salario en la parte no trabajada.

La pareja sentimental del empresario también admitió ante la Fiscalía su responsabilidad en los hechos, según informó el medio. El procedimiento judicial incluyó, además, a otras cinco personas acusadas de pertenencia a grupo criminal y por favorecer la inmigración ilegal, para quienes el Fiscal solicitó penas que varían entre seis meses y tres años y medio de prisión.

Según detalló la fuente original, el control que ejercía el principal acusado sobre las sucursales iba más allá de la supervisión. Era el encargado de dictar instrucciones y tomar decisiones clave, lo que evidenció la estructuración jerárquica y sistemática de la red. A las mujeres contratadas se les prometía una posible regularización administrativa si trabajaban durante al menos dos años y cumplían con las exigencias de la empresa, factor que operaba como incentivo dentro del contexto de precariedad en el que se encontraban.

El medio subrayó que estas condiciones de explotación se sostenían mediante la vulnerabilidad socioeconómica y personal de las víctimas, así como por las promesas de futuras mejoras en su estatus legal. La Fiscalía presentó estos elementos como agravantes en el proceso, al evidenciar un patrón de abuso sistemático.

La resolución del juicio quedó pendiente de sentencia al cierre de la vista oral, según concluyó el periodista. El curso de las condenas asumidas y las sentencias esperadas podrían representar un hito en la persecución de redes de explotación laboral y trata de seres humanos en la región, conforme al informe de la fuente.