Nicolás Sartorius, abogado y cofundador de Comisiones Obreras, afirmó durante un acto en el Ateneo de Madrid que la sentencia del Tribunal Supremo que condenó a Álvaro García Ortiz resulta una "aberración" y remarcó que no comprendía cómo el fallo podía responsabilizar al acusado o a su "entorno" sin pruebas claras: "No tenían ni idea de quién había sido, nunca he visto nada parecido a esto", expresó. Según informó el medio, este pronunciamiento se enmarca en una serie de intervenciones de personalidades del ámbito jurídico que se mostraron muy críticos con la resolución judicial que recayó sobre el ex fiscal general del Estado.
En el evento, reportado por la prensa, más de ciento cincuenta juristas presentaron un manifiesto titulado "Una sentencia inquietante", en el que califican de "inaceptable" la condena impuesta por el Supremo a García Ortiz, acusado de revelación de secretos. El documento, consensuado y firmado por catedráticos, abogados, fiscales y magistrados jubilados, denuncia que la resolución vulnera el principio de presunción de inocencia y el derecho 'in dubio pro reo'. El manifiesto sostiene que la sentencia no se apoya en pruebas directas, sino en conjeturas e indicios insuficientes que no superan el nivel de la mera sospecha, motivo por el cual reclama la nulidad del fallo en sedes judiciales superiores argumentando que no se ha demostrado la culpabilidad del acusado más allá de toda duda razonable.
Durante el acto, que constituyó la reaparición pública de García Ortiz, el jurista recibió un largo aplauso por parte de los asistentes, quienes respaldaron su presunción de inocencia de manera explícita. El medio detalló que la abogada laboralista Paquita Sauquillo abrió el evento reconociendo la "dignidad" con la que García Ortiz afrontó todo el proceso judicial, resaltando la entereza del ex fiscal general ante las acusaciones y el desarrollo de su caso. A continuación, tomaron la palabra diversas figuras vinculadas a la judicatura y al mundo jurídico español.
Entre los participantes se encontraba Manuel de la Rocha Rubí, exalcalde de Fuenlabrada y antiguo consejero de Educación en la Comunidad de Madrid. De acuerdo con el medio, de la Rocha Rubí consideró la sentencia como "indignante" y expresó que el cese de García Ortiz constituyó un "hecho bochornoso" en el contexto institucional. También intervino la vicepresidenta de la Unión Progresista de Fiscales, Pepa Berdugo García-Maestro, quien expresó su inquietud tanto por el procedimiento penal como por el fallo emitido contra el ex fiscal general. Berdugo García-Maestro denunció lo que calificó como "maltrato institucional" sufrido por García Ortiz en el transcurso del proceso.
El exmagistrado del Tribunal Supremo, Joaquín Giménez, aportó su punto de vista al analizar la sentencia, a la que definió como "decepcionante" e hizo hincapié en la necesidad de que los jueces actúen siempre de forma independiente y alejados de cualquier condicionante ideológico cuando ejercen sus funciones jurisdiccionales. Giménez subrayó que en el juicio debe primar la sujeción a la ley votada democráticamente, no las posiciones particulares del juzgador.
El manifiesto leído al término del acto resume y refuerza las preocupaciones compartidas por los distintos intervinientes. Según publicó el medio, el texto critica que la sentencia se apoya exclusivamente en indicios y conjeturas, sin pruebas concluyentes, y alerta sobre el daño ocasionado a la confianza en las instituciones judiciales y al secreto profesional que ampara a los periodistas. Entre otros puntos, los autores sostienen que esta decisión representa "un golpe a la confianza institucional" y supone un "menoscabo" de garantías esenciales en el Estado de derecho.
A lo largo del evento, los juristas asistentes insistieron en la importancia del principio de presunción de inocencia como pilar fundamental del sistema penal. El documento leído ante el público y respaldado por destacados profesionales del derecho reclama la revisión de la condena por cuanto, a su juicio, carece de la base probatoria necesaria para condenar a García Ortiz.
Tal como detalló el medio, la situación jurídica del ex fiscal general motivó una movilización sin precedentes en el ámbito judicial y académico español, con figuras de diversos sectores exigiendo la anulación de la sentencia y denunciando lo que consideran una grave vulneración de derechos fundamentales. Los intervinientes reiteraron el reclamo de que en instancias superiores se anule la condena por no cumplir con los estándares legales de prueba y protección de derechos, insistiendo en que el fallo del Supremo no acredita responsabilidad penal de manera suficiente.
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