
Según destacó Alberto Núñez Feijóo, existe una proposición de ley del Partido Popular desde noviembre del año pasado para aumentar las pensiones, y es a partir de este marco donde insistió en la necesidad de que el Gobierno tramite de manera exclusiva la revalorización de las pensiones, sin incluir otras medidas sociales en el mismo decreto. De acuerdo con Europa Press, el Congreso de los Diputados derogó el decreto ley del ‘escudo social’ tras una votación en la que el PP, Vox y Junts rechazaron la convalidación del texto. La consecuencia directa ha sido la caída de la revalorización del 2,7% que afectaba de manera general a las pensiones, una medida que ya había comenzado a aplicarse en 2024.
El texto rechazado por el pleno incluía no solo la subida de las pensiones, sino también la prohibición de desahucios y el corte de suministros básicos, como agua y electricidad, para personas vulnerables. Esta suma de medidas en un único decreto motivó el desacuerdo de varios grupos parlamentarios, según publicó Europa Press. A raíz de este resultado, el Gobierno se ve obligado a presentar un nuevo texto que trate únicamente el incremento de las pensiones si pretende conseguir el respaldo de formaciones como el PP y Junts.
Durante el debate, el líder popular Alberto Núñez Feijóo enfatizó que el paquete propuesto por el Gobierno obligaba a los mayores a elegir entre la garantía de su pensión y la protección de su vivienda. En sus palabras, recogidas por Europa Press, “el Partido Popular cree que tienen derecho a las dos cosas, y la mayoría del Congreso también”. Por esta razón, solicitó que el Ejecutivo se limite a tramitar una subida de pensiones de forma independiente, tal y como requirió la mayoría del hemiciclo, y criticó la inclusión conjunta de otras disposiciones legales bajo el concepto de ‘escudo social’.
Pedro Sánchez, presidente del Gobierno, respondió acusando al Partido Popular de tomar "como rehenes a los jubilados". En un mensaje difundido en redes sociales y reproducido por Europa Press, Sánchez afirmó: “Lo han vuelto a hacer, otra vez el PP toma como rehenes a los jubilados de nuestro país”. Además, acusó al grupo liderado por Feijóo de votar en contra de los intereses de más de 10 millones de pensionistas. La postura del Ejecutivo ha incidido en que el voto contrario de la oposición bloqueó una medida que, según el Gobierno, buscaba amparar tanto a los mayores como a los colectivos más vulnerables frente a los desahucios y la privación de servicios básicos.
La controversia se centra en la estrategia legislativa del Gobierno al unir diferentes medidas sociales en un único decreto, lo cual ha motivado denuncias de la oposición. Feijóo reiteró a través de la red social X —según Europa Press— que “el Gobierno de Sánchez tiene la proposición de ley que el PP presentó en noviembre del año pasado para subir las pensiones”, e instó a que “tramite este tema en exclusiva como le ha pedido la Cámara, y deje de convertir a los pensionistas en rehenes de la inquiokupación”. El término "inquiokupación" hace referencia a las preocupaciones sobre la ocupación irregular de viviendas por parte de inquilinos que dejan de abonar rentas, y ha sido utilizado por el líder popular para poner el foco en la mezcla de problemáticas dentro de un mismo paquete legislativo.
La exigencia del Partido Popular y de Junts, tal como consignó Europa Press, se orienta hacia la tramitación por separado de la revalorización de las pensiones, desligándola de la protección frente a la inquiokupación y de otros aspectos relativos al llamado ‘escudo social’. Los diputados contrarios al decreto han argumentado que esta combinación dificulta el consenso y obliga a decantarse por un bloque completo de medidas, aun cuando no exista acuerdo sobre la totalidad de ellas.
Como consecuencia inmediata del rechazo en el Congreso, el incremento general de las pensiones del 2,7%, que ya estaba en vigor, pierde efectividad y queda en suspenso hasta que no se apruebe un nuevo texto. Europa Press explicó que el Ejecutivo deberá ahora buscar el apoyo necesario presentando una normativa que aborde solo la revalorización y que incluya las condiciones requeridas por los grupos parlamentarios disconformes. El PSOE, partido en el Gobierno, mantiene que la integración de diferentes medidas sociales en un mismo decreto busca agilizar la protección de los sectores más vulnerables de la sociedad, mientras que la oposición sostiene la preferencia por la tramitación singular de cada punto.
Feijóo subrayó que la alternativa existe desde la propuesta presentada en noviembre y reiteró su rechazo a que se condicione la mejora de las pensiones a la aceptación de las restantes medidas incluidas por el Gobierno en el decreto. Sánchez, por su parte, acusó de nuevo al PP de perjudicar los intereses de los pensionistas, insistiendo desde sus canales de comunicación en que la falta de apoyo a la convalidación llega a costa de quienes reciben pensiones y de los sectores protegidos por el ‘escudo social’. La confrontación política en torno a la forma y el fondo del decreto vuelve a situar en el centro del debate la estrategia legislativa del Ejecutivo y la oposición en el manejo de los asuntos sociales y económicos.
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